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Desde su creación en 1961, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha desempeñado un papel crucial en la promoción del desarrollo y la asistencia humanitaria en más de 50 países. Su accionar ha abarcado desde la respuesta inmediata a crisis humanitarias hasta el fortalecimiento de sistemas de salud, educación y desarrollo económico, convirtiéndola en un actor indispensable en el escenario global.
En nuestro país, el impacto positivo de dicha agencia ha sido significativo desde áreas como la salud pública y la asistencia humanitaria hasta el apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Es por ello, que la reciente propuesta del gobierno de Donald Trump para desmantelar USAID, repercute directamente en el ámbito internacional y por supuesto en nuestro país, desatando un intenso debate sobre las consecuencias de dicha decisión tanto para los países receptores de ayuda como para la proyección de poder de Estados Unidos en el mundo.
USAID no solo provee ayuda en situaciones de emergencia, sino que también contribuye al desarrollo a largo plazo de las naciones en las que opera, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ha financiado programas de prevención y tratamiento del VIH/SIDA, la tuberculosis y la mortalidad materno-infantil; asimismo, ha brindado apoyo técnico y financiero a sistemas de salud locales para fortalecer su capacidad de respuesta ante pandemias y emergencias sanitarias. La agencia ha financiado iniciativas para combatir enfermedades infecciosas –como programas de desparasitación en comunidades vulnerables para niños en edad escolar–, mejorar la salud reproductiva –tan solo en este ámbito, cerca de dos millones de mujeres y niñas podrán perder acceso a tratamientos anticonceptivos, lo que aumentara los embarazos no planeados y la mortalidad materna, lo que sin duda trasciende en los índices de pobreza para nuestra nación, generando una verdadera crisis de salud pública– y fortalecer la vigilancia epidemiológica, por ejemplo; su apoyo en la pandemia de COVID-19, resultó fundamental para que recibiéramos la donación de vacunas y equipo médico, salvando con ello innumerables vidas y ahorrando costos a nuestro golpeado sistema de salud.
Más allá del sector salud, la agencia ha desempeñado un rol clave en la promoción de los derechos humanos, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, trabajando de la mano con gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) para implementar proyectos de educación, acceso a agua potable y desarrollo económico en comunidades vulnerables.
Por ello, el cierre de USAID no solo implica la desaparición de una agencia gubernamental que concierna solo a Estados Unidos, sino que se traduce en el inminente colapso de una de las más grandes redes de cooperación internacional, misma que ha permitido mejorar la calidad de vida de millones de personas, lo anterior queda de manifestó al considerar que muchas de las ONG´s, que operan en nuestro país dependen de USAID para su financiamiento y asistencia técnica.
Dichas organizaciones trabajan en la protección de migrantes, mujeres y la comunidad LGBTIQ+, así como en la atención a grupos indígenas y poblaciones en extrema pobreza, ahora sin los fondos provenientes de la agencia, muchas de las iniciativas señaladas de manera irremediable verán complicarse sobremanera sus operaciones, al grado que muchas de ellas incluso enfrentarán el riesgo de desaparecer, dejando con ello a miles de personas sin acceso a servicios esenciales.
En materia humanitaria el daño es tremendo y aun no alcanzamos a advertir del todo su alcance, pero en términos económicos, el impacto también será considerable para las naciones subdesarrolladas. USAID ha invertido anualmente alrededor de 230 millones de dólares en más de 250 programas, los que han generado empleo y oportunidades de desarrollo en sectores como la agricultura y la pesca; hoy, sin este apoyo, muchos productores, especialmente en regiones como Veracruz, podrán enfrentar dificultades para acceder a financiamiento y mercados, afectando su competitividad y estabilidad económica.
La desaparición de USAID representará un retroceso en la lucha contra la pobreza, un golpe a la salud mundial, sobretodo los países en vías de desarrollo, así como también una limitante para el abordaje de las crisis humanitarias. Se estima que a nivel global, su cierre afectará a millones de personas que dependen de sus programas presentes en más del 25% de países en el mundo.
El debate sobre USAID trasciende el ámbito presupuestario y plantea una cuestión más profunda: ¿Hasta dónde debe llegar la responsabilidad de Estados Unidos en la cooperación internacional?, o es que acaso ¿hemos permitido que el “cómodo paternalismo” de una potencia hegemónica reemplace el desarrollo de capacidades propias en los países en vías de desarrollo? Estas interrogantes nos invitan a reflexionar sobre la sostenibilidad de depender de ayudas externas y la necesidad de fortalecer los propios mecanismos internos para atender los desafíos nacionales. Con una nación con una alta tradición imperialista y que busca a toda costa expandir su influencia y hegemonía sobre todo el globo terráqueo, sería ingenuo pensar que la ayuda humanitaria proveniente del USAID no era más que tan solo eso.
Lo que si podemos asegurar, es que organizaciones totalmente humanitarias que operan en nuestro país se verán limitadas en la ayuda que brindan a los sectores más necesitados de nuestra población, poniendo en jaque a nuestro gobierno el cual recibe apoyo en muchas de las problemáticas sociales, desde más de 48 mil OSC –evidentemente no todas financiadas por USAID, pero el presente dato pone en contexto la importancia del trabajo–, instituciones de interés público sin fines de lucro, se organizan en cada rincón de este país para atender un sinfín de causas, contribuyendo a generar apoyos, servicios y beneficios a más de 2.9 millones de hogares con menores ingresos. Las OSC generan más de 800 mil empleos formales y movilizamos al menos a 2.3 millones de voluntarios que aportan tiempo, talento y recursos. Todo ello representa el 1.48% del PIB nacional. Y lo hacen asumiendo el cuidado de niñas y niños sin hogar; atendiendo la salud de las personas, gestionando museos y centros culturales; apoyando en cada desastre natural; atendiendo a la población migrante y refugiada; protegiendo y acompañando a víctimas; aportando significativamente a la gestión de áreas naturales; impulsando la educación o proveyendo innumerables servicios a personas con discapacidades, esto sumado a muchísimas otras labores esenciales. El gobierno siempre encontró en las organizaciones de la sociedad civil a aliadas para hacer de México un país más sostenible, participativo e inclusivo.
En conclusión, aunque el cierre de la agencia podrá representar un ahorro a corto plazo para el presupuesto de Estados Unidos, el costo humanitario y geopolítico podrá ser mucho mayor. Si bien es válido discutir sobre su eficiencia y mecanismos de operación, su eliminación o debilitamiento significará un golpe no solo para los países beneficiarios, sino también para la influencia y estabilidad global a la que aspira Estados Unidos.
Actualmente, a pesar de la presión por desmantelar la agencia, un juez federal en Estados Unidos ha emitido una orden provisional impidiendo su cierre y el despido de más de 2,200 empleados, sin embargo, la incertidumbre persiste, no solo al interior de Estados Unidos sino en cada uno de los países que se veían beneficiados por cada uno de los muchos programas de la Agencia y las ONG, gobiernos locales y organismos multilaterales deberán buscar alternativas para mitigar el impacto de esta medida en caso de concretarse. A esto se suma la alerta del día de ayer donde son despedidos mas 2,000 empleados y colocan en licencia a la mayoría del personal en el extranjero, decisión aplicada tras la autorización de un diferente juez federal para proceder con los despidos masivos.
El mundo enfrenta retos cada vez más complejos, desde crisis sanitarias hasta conflictos armados y desastres naturales. En este contexto, más que nunca, la cooperación internacional es fundamental. El destino de USAID es una prueba de fuego para la voluntad de Estados Unidos de seguir siendo un actor clave en la asistencia global y la defensa de los valores democráticos y humanitarios.
En Fundación Redsalud Internacional, trabajamos para reducir la pobreza farmacéutica en México –sin recursos de USAID–, con la convicción de que nadie debería tener que elegir entre comer o medicarse. Este compromiso se ve amenazado por el debilitamiento de una red de solidaridad que, durante décadas, ha demostrado ser un baluarte en la lucha contra la inequidad y el subdesarrollo. Si quieres sumarte a nuestro movimiento, contáctanos:
