Programa anual de auditorías 2025 fiscaliza 256 auditorías programadas, incluyendo 13 financieras y 40 DIF municipales
Isaí Flores
La Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) presenta limitantes en materia de transparencia y rendición de cuentas, al no ofrecer información completa, clara y actualizada de la fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los 124 ayuntamientos de la entidad, lo que evidencia un rezago en el cumplimiento de su función como órgano fiscalizador.
De acuerdo con una revisión a la página oficial de la ASE (www.asechiapas.gob.mx), el portal se limita principalmente a la recepción de la cuenta pública, sin detallar una fiscalización integral que abarque todos los rubros de la administración municipal. Asimismo, tampoco informa sanciones económicas aplicadas a quienes incumplen con obligaciones de transparencia o inhabilitaciones, ni existe información pública de las declaraciones patrimoniales de los presidentes municipales, los sueldos que perciben éstos o sus colaboradores.
El sitio web también omite datos relacionados con los procesos de asignación de obras públicas, las empresas o personas beneficiadas y el tipo de materiales utilizados en cada proyecto.
A pesar de ser la institución responsable de fiscalizar los recursos públicos federales y estatales, la ASE no da cuenta de cuántos ayuntamientos cumplen con las disposiciones de transparencia y cuántos no, lo que refuerza la percepción de una fiscalización parcial y rezagada.
El Heraldo de Chiapas solicitó una entrevista con el titular del organismo, José Antonio Aguilar Meza, exdiputado local y expresidente municipal de Comitán de Domínguez, sin que hasta el cierre de esta edición se obtuviera respuesta.
La fiscalización de recursos públicos que ejercen los ayuntamientos está rezagada, en la página web de la ASE sólo hay información hasta el ejercicio 2023, los ayuntamientos que asumieron el cargo el 1 de octubre del 2024 sólo han entregado la cuenta pública 2024, y tienen pendiente el ejercicio 2025, plazo que vence el último día de abril del 2026.
En 2026 aún no existe programa de fiscalización y sigue con la agenda que se presentó en 2025 correspondiente a ejercicios fiscales 2024, demostrando rezagos de ejercicios en la fiscalización de recursos públicos de las alcaldías.
En diciembre 2024, el auditor superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza, presentó el programa anual 2025 para la fiscalización superior de las cuentas públicas 2024, año en que los ayuntamientos debieron ejercer en total 30,070 millones 356 mil 108 pesos, de los cuales se aplicaron para gastos corrientes 9,332 millones 035 mil 948 pesos y en gastos de inversión 20,738 millones 320 mil 160 pesos.
Para la fiscalización de los recursos públicos, la ASE ejerció en el 2024 un ejercicio para fiscalización de los ayuntamientos de 236 millones 885 mil 601 pesos con 70 centavos; mientras en 2025 la institución fiscalizadora debió aplicar 220 millones 830 mil 592 pesos con 63 centavos.
El programa anual de auditorías 2025 de la ASE, presentado al Congreso del Estado y en su página electrónica, incluye a los ayuntamientos de Altamirano, Amatan, Huixtán, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tenejapa, Teopisca, Tumbalá y Tuxtla Gutiérrez; además de los DIF municipales de Arriaga, Berriozábal, Cacahoatán, Chamula, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Chilón, Cintalapa de Figueroa, Comitán de Domínguez, Escuintla, Frontera Comalapa, Huehuetán, Huixtla, Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Pijijiapan, Rayón, Reforma, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, Suchiate, Tapachula, Tapilula, Tila, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores y Yajalón.
“De conformidad con el artículo 17 fracción I segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, se modifica el Programa Anual de Auditorías 2025 para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2024, publicado en 25 de diciembre de ese año en el periódico oficial. La meta programada inicialmente eran 53 fiscalizaciones, pasando de 203 a 256 auditorías programadas, incluyendo 13 auditorías financieras y 40 DIF municipales”.
El programa anual de auditorías 2025 para la fiscalización de la cuenta pública 2024 pretende fortalecer la fiscalización, impulsando la transparencia, el gobierno abierto, el combate a la corrupción y la maximización del valor público en la gestión gubernamental, así como la participación ciudadana en acciones de vigilancia, informando con ética, integridad, veracidad e imparcialidad a la sociedad, a través de la rendición de cuentas al Congreso del Estado.
La ASE informó que con respecto a la fiscalización y revisión de las cuentas públicas 2024 se han remitido a la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado un total de 163 informes individuales de auditorías y otros 93 se enviarán el 20 de febrero para completar 256.
Los resultados de las auditorías se pueden consultar a través del enlace: https://www.asechiapas.gob.mx/infoPub/XXIX/InformesIndividual/index17.php. Todos los ayuntamientos, alcaldes y exalcaldes están obligados a justificar los gastos realizados. Los ciudadanos que deseen consultar los resultados de la fiscalización en determinado municipio aquí es posible hacer la consulta.
Todos los ayuntamientos que han sido fiscalizados tienen observaciones de la ASE. El de Acacoyagua en su ejercicio 2024 fue observado por 9 millones 428 mil 375 pesos con 97 centavos, remitidos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre los hallazgos identificados existe carencia de documentos comprobatorios y justificativos en obras, proyectos, bienes y servicios.
En el municipio indígena de Aldama en el 2024 tuvo observaciones por 23 millones 742 mil 201 pesos con 41 centavos y sus resultados fueron remitidos a la ASF. Entre los hallazgos hay deudores por cobrar, en la contratación de personal administrativo no se cumplió con los requisitos que marca la ley; en seguridad, el personal no cuenta con el Certificado de la Evaluación de Control de Confianza, tampoco hay justificación en compra de combustibles y el desarrollo de obras observa falta de sustentación.
En el caso de Amatán, en la auditoría realizada en el 2024 se encontró que del ejercicio 2023 presentan un endeudamiento por 3 millones 094 mil 312 pesos con 98 centavos, recursos no comprobados cancelados, depurados o recuperados, recursos federales comprometidos o devengados no pagados al cierre del ejercicio auditado y al final presenta un pliego de observaciones no atendidas por 277 millones 005 mil 002 pesos con 16 centavos.
El regidor del Partido Acción Nacional en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Antonio Rojas Toledo, pidió a la ASE transparencia en la fiscalización de los recursos públicos a la presidencia municipal de la capital debido a que hay evidencia de malos manejos de recursos públicos en la administración que encabeza Ángel Carlos Torres Culebro.
Explicó que no se sabe si la ASE audita todo el municipio o solo una parte, pero se van a entregar observaciones de la fiscalización y se sabrá del destino de los recursos públicos, anualmente el ayuntamiento tuxtleco ejerce un presupuesto de aproximadamente 3 mil millones de pesos y los responsables de los desvíos de los presupuestos deben aclarar las observaciones.
La diputada local de Morena, María Mandiola Totoricaguena, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, dijo que todos los ayuntamientos están obligados a la rendición de cuentas de los recursos federales, estatales y municipales, nadie está exento a hacerlo y la ASE debe ser muy exigente en la aplicación de la ley, quien se parte de la rendición de cuentas tiene que responder por sus actos ante la justicia.
Asimismo, los ayuntamientos deben realizar campañas publicitarias dirigidas a incentivar el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones municipales y estatales coordinadas, para aumentar la recaudación, otorgar estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones y reactivar la economía local, aumentar la incorporación al padrón de contribuyentes con relación a los registrados en 2025.
En los presupuestos se trata de estar pendientes de las transferencias a los municipios, la asignación de montos depende de varios factores. Es una fórmula federal, población, pobreza y presupuestos estatal y federal. Tendrán recursos de ingresos propios, aunque en realidad ingresan muy pocos recursos pues no cobran muchos servicios y lo que reciben están orientados a obras de infraestructura social municipal.
Mandiola Totoricaguena dijo no tener conocimiento que alguno de los ayuntamientos haya solicitado al Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) recursos por adelantado del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) autorizado el año pasado por el Congreso del Estado, en un monto global superior a los 7 mil millones de pesos y la institución financiera tampoco ha emitido reportes sobre un supuesto adelanto de recursos públicos.
Mandiola Totoricaguena dijo que este 2026 los 123 ayuntamientos de Chiapas recibirán un presupuesto global de 38 mil 462 millones 722 mil 815 pesos, solo de la entrega de su cuenta pública al Congreso del Estado y Auditoría Superior del Estado, y deben aclarar todas las observaciones que se les realicen por falta de justificación del destino de los recursos públicos.
Las leyes de ingresos municipales tienen como objetivo incrementar los ingresos derivados de la ley, para el desarrollo de programas sociales, crecimiento económico y gobernabilidad en los municipios, que coadyuve para la toma de decisiones, -explicó en entrevista-.
Dijo que mejorar la recaudación de los impuestos y derechos eleva el nivel de coeficientes en las participaciones fiscales, por ello deben realizar actos de ejemplaridad a través de la fiscalización, inhibir la evasión fiscal, apegarse a los programas del servicio de administración tributaria y vigilancia de obligaciones fiscales.
En el marco de la ley de ingresos municipales, deberán incrementar la recaudación de los ingresos públicos municipales que garanticen disponibilidad permanente de recursos financieros, efectuar acciones en materia de fiscalización que coadyuven a regularizar al contribuyente, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones federales, además de hacer campañas publicitarias dirigidas a incentivar el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones municipales y estatales coordinadas.
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, el diputado Juan Oscar Trinidad Palomares, hizo un llamado a los 123 ayuntamientos de Chiapas a ejercer con transparencia los recursos públicos, están obligados a la presentación mensual de avances de sus cuentas públicas y a la anual, no hay excusas para nadie, sustentar los destinos de los presupuestos.
Señaló que están aplicando el marco jurídico para la rendición de cuentas, no hay tolerancia contra quienes desvíen los recursos públicos, la ASE y la ASF están siendo muy contundentes en aplicar la ley; hay medidas de prevención y ello tiene que ver con la capacitación, cada peso gastado tiene que estar sustentado en proyectos y deberá declararse su destino.
Informó que además realizan un análisis de los planes municipales de desarrollo y la fiscalización de los recursos públicos. “Las leyes de ingresos municipales tienen como objetivo incrementar los ingresos derivados de la ley, para el desarrollo de programas sociales, crecimiento económico y gobernabilidad en los municipios que coadyuvan para la toma de decisiones”.
Dijo que cada ayuntamiento será auditado por la ASE y por parte de la Comisión de Vigilancia hay compromiso de coadyuvar con los ayuntamientos a la aplicación de los recursos, la prevención, la capacitación y la solución de dudas, sobre todo en la comprobación de los gastos. “Hay un solo equipo y es Chiapas y tenemos que ser responsables en la rendición de cuentas, la corrupción es cero y hay un combate frontal”.
En los últimos días fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) el expresidente municipal de Cintalapa de Figueroa, Ernesto Cruz Diaz, por diversos delitos, al igual que la exsíndica y el extesorero, lo que evidencia que la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno no tiene tregua; quien desvíe los recursos o quien no los compruebe, tendrá que rendir cuentas a la justicia.
“Más allá de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, hay equipo con las distintas facultades con la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Comisión de Vigilancia y la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, en ese mismo sentido se vigila el destino de los recursos del presupuesto estatal superior a los 141 mil millones de pesos, para la prevención de delitos y la sanción en caso de que los haya”, apuntó Trinidad Palomares.
En Cintalapa de Figueroa fue detenido el 5 de enero el presidente municipal, Ernesto Cruz Diaz, por elementos de la FGE, días después fue detenida la síndica, Sally Gallardo Núñez; el tesorero, Reynol Valencia Cruz y la exsíndica, Anayeli Reyes Clemente, a todos se les sigue proceso penal en la FGE.
Posterior a la detención del edil de Cintalapa de Figueroa, el presidente municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Francisco Chambé Morales, solicitó licencia al cabildo para separarse del cargo, el Congreso del Estado lo aprobó el 15 de enero y designó presidenta municipal sustituta, Nidia Alejandra De los Santos Sarmiento.
A principios del 2025 fueron detenidos los presidentes municipales Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro y el de Bella Vista, Rosemberg López, por elementos de la Fiscalía General del Estado.
