Actualmente, atienden niñas con virus del papiloma humano, sin que se haya garantizado su acceso completo a los estudios y tratamientos necesarios a través del sistema de salud pública.
Sistema de salud incumple protocolos para dictaminar agresiones sexuales en menores
Detención en riesgo por falta de dictámenes médicos tras abuso de menor con discapacidad
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Sin dictámenes médicos, agresiones sexuales a menores quedan sin castigo / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
La ausencia de dictámenes médicos especializados es uno de los principales obstáculos para que víctimas de agresión sexual accedan a la justicia en Chiapas. Organizaciones de acompañamiento advierten que sin estos documentos clínicos, los procesos legales se debilitan, aun cuando existen indicios claros de violencia sexual y denuncias en curso ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Desde la Fundación Internacional Granito de Arena, que brinda atención psicológica y pericial a sobrevivientes de abuso sexual, se documentan al menos siete casos en los que no se ha logrado obtener un dictamen médico indispensable para sustentar legalmente las denuncias. Estos casos han sido canalizados al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, específicamente a la Clínica de Diagnóstico de la Mujer, sin que hasta ahora se haya resuelto la atención médica requerida.
Piden justicia familiares y vecinos de la colonia Las Brisas / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
Lorena López Cerón, psicóloga y perito de la fundación, explicó que la falta de dictámenes médicos no solo retrasa los procesos, sino que puede permitir que los agresores enfrenten los juicios en libertad o incluso queden fuera del proceso penal. “Si nosotros no logramos este dictamen de un médico, el agresor puede salir”, señaló al referirse a casos en los que la valoración clínica resulta clave para acreditar la gravedad del hecho.
La problemática se agrava cuando las víctimas presentan condiciones neurológicas, del desarrollo o dificultades de comunicación. Uno de estos ejemplos es el caso de una adolescente con una condición neurológica no diagnosticada, quien no ha podido rendir declaración formal debido a la falta de un dictamen médico especializado.
Aunque hay señales de agresión sexual acreditadas en una valoración previa, la ausencia de un diagnóstico neurológico ha impedido fortalecer el proceso legal. El agresor, aunque está detenido, ha comenzado a utilizar este vacío legal como parte de su estrategia de defensa.
A ello se suma otro hecho que impactó directamente en la emisión de dictámenes. De acuerdo con López Cerón, una doctora colaboradora de la fundación que emitía dictámenes médicos solicitados por la FGE para procesos legales, fue removida de su área en el Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza. Esta decisión impidió que la médica continuara dando el respaldo clínico a los casos, dejando nuevamente a las víctimas sin el documento requerido para avanzar ante las autoridades.
En Chiapas activistas pugnan para capacitar más en la atención de abusos al personal de salud / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
Además de los dictámenes por agresión sexual, la fundación enfrenta dificultades para acceder a atención médica integral. López Cerón expuso que varias niñas requieren valoraciones ginecológicas, proctológicas y seguimiento psiquiátrico, así como estudios clínicos para detectar y tratar enfermedades de transmisión sexual.
Los casos llegan en distintas etapas: algunos pacientes desconocen que han sido víctimas de abuso, otros buscan iniciar una denuncia tras identificar la agresión y algunos más ya se encuentran dentro de un proceso legal. En todos los escenarios, el acompañamiento psicológico es clave para que las víctimas puedan sostener una declaración y enfrentar el proceso judicial.
La incidencia, explicó, no es constante. En periodos festivos como Navidad, se registra aumento en las agresiones sexuales. Las edades de atención van desde niñas y niños de tres años a personas adultas. En los menores más pequeños, la intervención suele iniciar cuando madres y padres detectan conductas o señales que los llevan a sospechar de un posible abuso.
Diez días de hospitalización y un protocolo de neurorehabilitación marcaron la diferencia en la vida de este paciente / Cortesía / IMSS Bienestar
Granito de Arena también trabaja en prevención mediante estrategias como el programa “Arenito”, que contempla cinco puntos para identificar riesgos y posibles agresiones sexuales en la infancia. Sin embargo, López Cerón advirtió que la prevención resulta insuficiente si no existe un sistema de salud que responda de manera oportuna cuando el abuso ya ocurrió.
La fundación atiende casos provenientes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Totolapa y Tapachula, además de brindar atención en línea a personas que se encuentran fuera del estado e incluso del país, como un caso en Argentina. Esta modalidad ha permitido ampliar la cobertura, aunque no sustituye la necesidad de atención médica presencial.
Pese a las limitaciones, algunos procesos avanzan. Actualmente, una joven acompañada por la fundación está por iniciar su declaración formal tras un proceso terapéutico y psiquiátrico que permitió estabilizar su estado emocional. No obstante, López Cerón reiteró que, sin dictámenes médicos oportunos, incluso los casos que parecen avanzar corren el riesgo de quedar inconclusos.
Desde su experiencia, consideró que el principal reto para combatir la violencia sexual en Chiapas sigue siendo la prevención, la credibilidad hacia las víctimas y la articulación real entre el sistema de salud y las instancias de justicia. “Ellos tienen una voz y hay que escucharlas”, afirmó, al subrayar que sin atención médica adecuada, la justicia para las víctimas continúa siendo limitada.
Vecinos de la colonia Las Brisas se han unido / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
La atención de niñas y adolescentes con embarazos tempranos en Chiapas exhibe fallas estructurales en el sistema de salud, particularmente en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, que obliga al personal médico a actuar bajo la sospecha de violencia sexual y a emitir los dictámenes correspondientes para activar los procesos de protección y justicia.
Alejandra Muñoz Ortíz, integrante de la Red Aborta Libre y representante de la Red por la Justicia Reproductiva, advirtió que en la entidad persiste una omisión recurrente de los servicios de salud al no cumplir con la obligación de notificar y documentar estos casos cuando el primer contacto ocurre en hospitales o centros de salud.
Explicó que conforme a la norma vigente, el personal médico no tiene facultades para interpretar o ajustar datos personales de las pacientes, sino que debe apegarse a la información oficial y actuar de manera inmediata. “Las autoridades sanitarias no están calificadas para determinar la edad de una menor, tienen que apegarse a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046”, señaló.
El 90% de las víctimas de violencia sexual en Chiapas son niñas y adolescentes, según la Fiscalía estatal / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas
La activista subrayó que el sistema de salud es el primer eslabón en la detección de posibles agresiones sexuales, por lo que su actuación resulta determinante para que se inicien los procedimientos legales y de protección. “Las autoridades de salud son quienes deben dar aviso a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes cuando existe sospecha de violencia sexual”, indicó.
Muñoz Ortíz precisó que la NOM 046 establece dos momentos claramente diferenciados: el primero corresponde a la atención médica inmediata y la notificación a las autoridades competentes; el segundo, a la investigación que permite determinar si efectivamente existió una agresión sexual. En este sentido, recalcó que la responsabilidad de los servicios de salud se concentra en el primer momento.
“La atención a la salud no puede detenerse ni condicionarse a que exista una investigación previa”, afirmó, al señalar que los dictámenes médicos son fundamentales para evitar que los casos queden sin sustento legal y que las víctimas pierdan el acceso a la justicia.
Un problema común que se ha presentado en el estado / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas
En este contexto, la representante de la red insistió en la necesidad de una capacitación integral del personal sanitario. “No únicamente los directivos deben conocer estos protocolos, sino todo el personal, desde quienes hacen trabajo social hasta quienes están en recepción o farmacia”, apuntó, al destacar que cualquier omisión puede retrasar o impedir la emisión de dictámenes médicos.
Muñoz advirtió que la falta de dictámenes oportunos no solo impacta en los procesos legales, sino también en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando así lo establece la ley. Recordó que, bajo la Norma 046, las personas no están obligadas a presentar denuncias ni carpetas de investigación para recibir atención médica.
Finalmente, señaló que aunque existe un marco legal claro, en la práctica persisten resistencias dentro del sistema de salud, ya sea por desconocimiento, miedo o por la objeción de conciencia de algunos prestadores. “Esta es una realidad que ya no se va a echar para atrás, por lo que los hospitales están obligados a capacitarse y garantizar estos servicios en condiciones óptimas”, concluyó.
La falta de dictámenes médicos especializados, incluido un diagnóstico neurológico, podría poner en riesgo el proceso penal contra un presunto agresor sexual ya detenido, en un caso ocurrido en Tuxtla Gutiérrez en 2025, donde la víctima es una menor de 15 años con discapacidad intelectual.
Sara Roselia Ramírez Morales, madre de la adolescente, denunció que su hija fue víctima de abuso sexual el 17 de abril de 2025 en la colonia Las Brisas, al nororiente de la capital chiapaneca. De acuerdo con su testimonio, la menor fue sustraída de su domicilio mientras alimentaba a sus perritos y trasladada a un inmueble ubicado a unos 500 metros de distancia.
El 80% de las personas que viven con una enfermedad rara se encuentran en situación de discapacidad / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas
Tras aproximadamente una hora y media, la adolescente regresó sola a su casa a bordo de un mototaxi. Al ser cuestionada, señaló que un vecino la había llevado de vuelta. “El señor vino a sacar su carro a la 1:00 de la mañana y desde entonces no ha regresado”, relató la madre, al indicar que el presunto agresor huyó del lugar el mismo día de los hechos.
Ramírez Morales acudió inicialmente a la Fiscalía de la Mujer, desde donde fue canalizada al Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, donde a la menor se le practicaron exámenes médicos. Le indicaron que los resultados serían enviados directamente a la fiscalía, sin que hasta ahora le hayan informado de manera clara los dictámenes.
El caso avanzó judicialmente en mayo de 2025, cuando fuentes oficiales confirmaron la detención del presunto agresor y la ejecución de la primera audiencia inicial para el deslinde de responsabilidades. No obstante, el proceso enfrenta un punto crítico por la ausencia de un dictamen médico integral y, especialmente, de una valoración neurológica que permita acreditar la condición intelectual de la víctima.
De acuerdo con el señalamiento de la familia, la menor presenta limitaciones en sus facultades mentales, lo que dificulta su capacidad para rendir una declaración en términos jurídicos. Esta situación vuelve indispensable la intervención de especialistas, ya que sin estos diagnósticos el caso podría debilitarse y abrir la posibilidad de que el imputado enfrente el proceso en libertad.
El expediente pone de relieve la importancia de los dictámenes médicos y neurológicos en casos de violencia sexual contra personas con discapacidad, ya que su ausencia no solo retrasa la investigación, sino que puede comprometer el acceso a la justicia para las víctimas, aun cuando exista una detención y una audiencia judicial en curso.
