La activista y madre de una víctima de feminicidio asegura que las leyes existen, pero las autoridades no las aplican
Isaí Flores
La presidenta de la Fundación Karla Velasco, Maricruz Velasco Nájera, expresó su escepticismo respecto a que funcione la reforma a la Ley de Desaparición Forzada en México mediante el uso de la CURP biométrica, pues considera que el principal obstáculo en la búsqueda de personas desaparecidas en el país y en Chiapas es la falta de voluntad política de las instituciones de los tres niveles de gobierno.
En entrevista, afirmó que el problema no es la ausencia de instrumentos legales, ya que la CURP biométrica puede utilizarse para bien o para mal. Sin embargo, el instrumento no es el problema, sino el desinterés institucional. Señaló que mientras las colectivas documentan más de 3 mil personas desaparecidas en Chiapas, las instituciones públicas solo reconocen menos de mil 500 casos, lo que refleja que las familias realizan las labores de búsqueda mientras las autoridades no actúan con prontitud.
Velasco Nájera insistió en que la localización de personas desaparecidas depende de la actuación de la Fiscalía General del Estado, la cual calificó como endeble, limitada y sin resultados. Agregó que esta situación no solo afecta la búsqueda de desaparecidos, sino también el acceso a la justicia en casos de feminicidio. Tan solo en lo que va del año, se han registrado 20 feminicidios, y nunca se ha aplicado la sentencia máxima de 65 años que existía anteriormente. Aunque la pena fue elevada a 100 años de prisión, advirtió que esto tampoco será una solución por sí sola.
“Ya han ocurrido feminicidios después de que el Congreso del Estado elevó la pena; esperamos que esta nueva legislación se aplique, pero eso solo será posible si existe voluntad política. Las instituciones deben enviar un mensaje claro a los feminicidas: la ley se va a aplicar”, expresó.
Sobre el aumento de desapariciones, feminicidios y violencia política y de género, indicó que estos delitos van en aumento porque no se aplica la ley. “Las familias ya no queremos registrar estadísticas, queremos soluciones. Eso es lo que exigimos y sigue pendiente en Chiapas”, subrayó.
Este viernes se cumplieron siete años del feminicidio de su hija Karla Yesenia “N”, un hecho por el cual su familia ha vivido un proceso largo y desgastante para lograr justicia. “Al principio, al feminicida le dictaron solo siete años de prisión. Llevamos el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se reclasificó el delito y se elevó a 11 años, pero eso no era justo. Tras la lucha legal de la familia, finalmente se le impusieron 45 años, aunque en ese entonces la pena máxima era de 65 años”, puntualizó.
