La crisis hídrica golpea con más fuerza a comunidades rurales, donde niñas, niños y mujeres cargan con la responsabilidad del abastecimiento
Isaí Flores
En Chiapas, solo el 37.8 por ciento de la población estatal, estimada en 5.5 millones de personas, tiene acceso diario al servicio de agua. La falta de acceso es más crítica en las localidades rurales, donde las familias deben abastecerse por cuenta propia, ya sea mediante acarreo o captación de agua de lluvia, utilizando cubetas, botellas, recipientes diversos, o mediante la compra de agua en garrafones o pipas.
Uno de los principales problemas que identifican niñas y niños en sus comunidades es precisamente la falta de agua en los hogares y escuelas.
Un estudio publicado por la asociación civil Cántaro Azul, a finales de 2024, revela que, a pesar de que Chiapas cuenta con importantes fuentes de agua superficial y subterránea, además de una precipitación anual variable de entre 1,200 y 1,400 milímetros, el estado atraviesa una profunda crisis hídrica. Solo el 52.4 por ciento de las viviendas particulares tienen acceso a agua entubada.
El problema afecta principalmente a mujeres y población infantil, sobre quienes recae la responsabilidad de caminar largas distancias hasta las fuentes de agua y transportar cubetas llenas de regreso a casa para abastecer a sus familias. Estas fuentes no siempre están libres de bacterias, virus o metales pesados. Aunque el líquido parezca limpio, muchas veces no lo está, y son niños, niñas y adolescentes quienes más sufren las consecuencias del consumo de agua contaminada, como diarreas y gastroenteritis, especialmente en las zonas rurales.
El documento destaca que las inversiones destinadas a Chiapas en materia de agua han disminuido drásticamente en los últimos 15 años, al pasar de mil millones de pesos en 2014 a menos de 100 millones en 2023. Esto no solo representa una reducción presupuestal, sino que también amplía la brecha de desigualdad en la distribución de los recursos.
Los recortes presupuestales evidencian la falta de personal e instituciones capacitadas para operar la infraestructura y garantizar un suministro de agua continuo y de calidad. “Las obras, de este modo, terminan por beneficiar más a los políticos que las inauguran y a las constructoras que ejecutan los proyectos, pero la población sigue sin soluciones duraderas”, advierte el estudio.
Las atribuciones en materia de agua en Chiapas están dispersas entre diversas instituciones, lo que dificulta la coordinación y la implementación de políticas efectivas. El Instituto Estatal del Agua, con un presupuesto ínfimo de apenas 25 millones 075 mil 097 pesos con 83 centavos para este año, carece de la capacidad necesaria para enfrentar los retos hídricos del estado.
En el ámbito municipal, el tema del agua continúa siendo utilizado como herramienta política-electoral. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) han sido utilizados más para beneficiar a grupos políticos que para atender las necesidades reales de las comunidades rurales.
Ante este panorama, el informe propone desarrollar un Plan de Justicia Hídrica y legislar, gobernar y gestionar el agua en México con una mirada desde Chiapas, en el contexto de la frontera sur.
