Con esta acción el ayuntamiento de este municipio vulnera gravemente los derechos humanos de las víctimas y familiares afectados
Isaí Flores
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) expresa su preocupación por la decisión de los servidores públicos del Ayuntamiento de Berriozábal, de retirar las fichas de búsqueda de personas desaparecidas; lo que vulnera gravemente los derechos humanos de las víctimas y afectados a la justicia pronta y expedita, derecho a la integridad y seguridad personal, el derecho a la vida y la unidad familiar, entre otros.
En un comunicado, precisa que la desaparición de personas demanda la acción decidida de todas las instituciones del Estado, garantizando la participación de las familias en la búsqueda y visibilización de sus seres queridos. El retiro de estas fichas, lejos de contribuir a la solución del problema, vulnera el derecho a la verdad y a la justicia.
Ante ello, este organismo de Derechos Humanos exhorta al Ayuntamiento de Berriozábal que preside Jorge Acero Gómez a apegarse al mandato Constitucional Federal, el cual indica que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, incluidas las municipales, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La denuncia de la sociedad es que ordenó el retiro de más de 500 fichas de ocho personas desaparecidas, por lo que la CEDH ha tomado acciones de oficio para investigar las posibles violaciones a los derechos humanos, en respuesta a las diversas comunicaciones que hemos recibido de la Sociedad Civil y de la población chiapaneca; reafirmando nuestro compromiso de brindar un acompañamiento a las víctimas y sus familiares en sus derechos a la justicia y dignidad.
Las fichas habían sido colocadas por el colectivo de Madres en Resistencia en diversos puntos de Berriozábal donde buscan a familiares desaparecidos, en ese municipio distante de la capital se reportan personas desaparecidas, donde los familiares han realizado en varias ocasiones recorridos de campos en busca de evidencias de la desaparición forzada y por las que han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
