La militarización en zonas de autonomía zapatista y operativos en municipios como Aldama y Ocosingo evidencian una intensificación de la violencia contra las comunidades indígenas
Isaí Flores
El obispo Raúl Vera López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, informó que hemos documentado más de 16 mil casos de desplazamiento forzado en Chiapas, acompañados de despojos territoriales, agresiones a defensores comunitarios y a una creciente militarización que agrava la violencia estructural en los territorios.
“Observamos con preocupación que, aunque el gobierno estatal presume haber alcanzado una paz en sus primeros cien días, lo que vemos en los territorios es una calma aparente, sostenida por acuerdos frágiles, con grupos criminales. En muchas regiones, especialmente en la zona fronteriza, persiste el control armado, el desplazamiento forzado y el sometimiento de comunidades“.
Nos enfrentamos a territorios silenciados, donde la violencia no ha cesado, sino que se ha reconfigurado. Mientras los gobiernos federal y estatal insisten en que “todo está bien”, la información documentada revela lo contrario; continúan los asesinatos, los desplazamientos y las desapariciones forzadas. Esta narrativa oficial niega la realidad que viven las comunidades, y nos obliga a seguir denunciando, acompañando y visibilizando lo que el poder pretende ocultar.
Nos preocupa profundamente, dijo, la intensificación de las excursiones militares en zonas de autonomía zapatista, lo cual constituye una clara estrategia de contrainsurgencia. Esta ofensiva no es nueva, pero se ha recrudecido en los últimos meses, como lo evidencian los operativos en la jurisdicción del Caracol de Oventik, en el municipio oficial de Aldama, en el poblado de San Pedro Cotzilnam, así como en el Caracol de Dolores Hidalgo, en el municipio oficial de Ocosingo, específicamente en el poblado Belén.
Estas acciones no solo vulneran la autodeterminación de los pueblos, sino que buscan fracturar procesos de organización comunitaria, sembrar miedo y debilitar la resistencia. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunciamos la contradicción que atraviesa el discurso gubernamental en Chiapas; por un lado reconoce que el estado vive una crisis grave marcada por el crecimiento exponencial de la violencia, y la actuación impune de la delincuencia organizada. Por otro lado, se encubre esta realidad bajo una narrativa de pacificación que no corresponde con lo que ocurre en otros territorios.
Añade el obispo Raúl Vera que lo que se presenta como mano dura y pactos de civilidad es en realidad una estrategia de control que fusiona al gobierno con estructuras criminales. Ante la paz simulada observamos con profunda preocupación cómo se impone una narrativa oficial de paz, sostenida por acuerdos endebles entre el gobierno y grupos criminales. Esta supuesta tranquilidad ha convertido comunidades enteras en territorios sometidos a la lógica del crimen organizado, el reclutamiento violento y las desapariciones se multiplican en los márgenes.
En conferencia de prensa en las puertas de acceso a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, acompañado de defensores de derechos humanos de México y Europa, indicó que lo que se vive en las comunidades acompañadas no es paz, es una reconfiguración del miedo, la violencia no ha cesado, solo ha mutado de forma.
A nivel nacional, abundó, las desapariciones forzadas no son hechos aislados; el país atraviesa por una crisis de derechos humanos, las reformas impulsadas desde el poder central no han garantizado justicia ni protección, y las promesas del Plan Nacional de Desarrollo contrastan con la realidad que enfrentan las comunidades en los territorios.
Por su parte, el defensor Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, abundó que en el estado se documentan 1,746 personas desaparecidas, 10 comerciantes de Guatemala, y en el último año suman 334 personas desaparecidas.
