La justicia que no se traduce; miles de indígenas enfrentan procesos judiciales sin comprensión
La falta de traducción adecuada en procesos legales afecta el debido proceso de personas hablantes de lenguas originarias; solo existen 13 intérpretes certificados en la entidad
En los últimos años, plataformas digitales y redes comunitarias han permitido visibilizar casos que antes permanecían fuera del registro público. Los testimonios muestran patrones recurrentes: marginación, silenciamiento lingüístico y procesos legales interrumpidos.
Casos documentados y sentencias anuladas
Chiapas, territorio multilingüe sin cobertura estatal suficiente
Organismos defensores de derechos humanos estiman que uno de cada cuatro expedientes presenta irregularidades vinculadas a la falta de traducción, lo que genera retrasos prolongados y resoluciones impugnables.
Iniciativa tecnológica y urgencia legal
Avanza integración de asesores y especialista; Chiapas con una brecha considerable: Margarita Luna Ramos
Afirmó que la diversidad lingüística del país, especialmente en Chiapas, exige consolidar un sistema de intérpretes que permita a las personas conocer y comprender en su lengua los procesos en los que se ven involucradas.
“Lo que se ha tratado es de ir aglutinando cada vez más a personas que conozcan las lenguas indígenas correspondientes para que funjan como traductores”, señaló.
Asimismo, destacó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en precedentes que han garantizado igualdad procesal para mujeres indígenas.
Enfatizó que el máximo tribunal ha emitido resoluciones en las que “la Suprema Corte de Justicia los reconoció y aceptó que ellas tengan acceso a la justicia para luchar por ellos”, en referencia a derechos parcelarios y patrimoniales.
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El rezago en intérpretes impacta principalmente a comunidades rurales y marginadas / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
En Chiapas, el acceso pleno a la justicia continúa siendo una deuda pendiente para miles de personas hablantes de lenguas indígenas. Datos recabados por organizaciones civiles revelan que 42% de las personas indígenas detenidas no recibió apoyo de un intérprete durante su proceso legal. Incluso entre quienes sí contaron con este servicio, 45% afirmó no haber comprendido la traducción, debido a que intérprete y acusado hablaban variantes distintas de la misma lengua.
El estado concentra casi 30% de la población mayor de tres años que habla alguna de las 12 lenguas indígenas reconocidas, lo que lo posiciona entre los territorios con mayor diversidad lingüística del país. No obstante, el número de especialistas es insuficiente: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) reporta que en Chiapas solo existen 13 intérpretes certificados en materia de justicia, frente a siete millones de hablantes de lenguas indígenas en México y apenas 850 intérpretes certificados a nivel nacional.
La doctora en Derecho, Annais Elena López Maya, explicó en entrevista que la falta de intérpretes no solo obedece a la escasez de personal capacitado, sino también a limitaciones institucionales y presupuestales. Detalló que uno de los principales obstáculos en los procesos judiciales es la no disponibilidad inmediata de traductores, ya sea porque no existen en el municipio o porque se requiere trasladar a la persona detenida a otra sede judicial. “Aún falta muchísimo para garantizar que una persona pueda defenderse en su propia lengua”, subrayó.
Especialistas advierten que sin traducción adecuada no hay debido proceso ni defensa efectiva / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
La especialista indicó que esta problemática no se limita al ámbito penal, sino que se extiende a materias civiles, familiares, agrarias y administrativas, afectando trámites como registro civil, juicios de tierras, servicios médicos y solicitudes de pensión. En el caso de las mujeres indígenas, la ausencia de acompañamiento lingüístico se agrava por condiciones comunitarias restrictivas.
Especialistas en derechos humanos coinciden en que la desigualdad en el acceso a la justicia limita la capacidad de las mujeres indígenas para denunciar violencia, acceder a servicios de salud o defender su patrimonio. “Tan solo acudir a una consulta médica fuera de su región representa una barrera”, señalaron.
De acuerdo con López Maya, la ausencia de intérpretes se vuelve factor determinante en casos de violencia sexual, despojo territorial y trámites de salud, especialmente cuando los hospitales que brindan servicios especializados se encuentran fuera de las comunidades y no cuentan con personal que hable lenguas originarias. “A la mujer le quieren hacer a un lado y en esas zonas es muy difícil que tengan una defensa”, señaló.
Organizaciones civiles han documentado expedientes en los que la ausencia de traducción adecuada derivó en audiencias pospuestas, sanciones anulables y resoluciones inconsistentes. En agosto de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas anuló la sentencia de cinco hombres tseltales, procesados sin interpretación pertinente.
Otro caso relevante ocurrió en mayo de 2023, cuando Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, originarios de San Juan Cancuc, fueron sentenciados a 25 años de prisión tras un proceso señalado por omisiones en materia de interpretación. Sus defensores argumentaron falta de traductor calificado desde el inicio de su detención.
Cuatro mujeres encarceladas en la comunidad El Pozo por no ceder sus tierras / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
Otro caso ocurrió en mayo de 2023, cuando Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, originarios de San Juan Cancuc, fueron sentenciados a 25 años de prisión tras un proceso señalado por omisiones en materia de interpretación.
Más recientemente, cuatro mujeres indígenas de San Juan Chamula fueron retenidas por autoridades ejidales durante cinco horas, hasta que intervino la Fiscalía General del Estado. También se documentó el caso de Eunice Hernández, originaria de Huitiupán, detenida en dos ocasiones por una asamblea comunitaria.
La diversidad lingüística del estado incluye pueblos tsotsiles, tseltales, zoques, choles, tojolabales, mames, mochos, chujes, kanjobales, cachiqueles y lacandones. Sin embargo, el sistema judicial sigue tratando esta pluralidad como un obstáculo técnico y no como un derecho cultural.
Sin traducción a lenguas originarias, el acceso a la justicia sigue siendo desigual en Chiapas / El Heraldo de Chiapas
Ante este panorama, López Maya presentó una propuesta digital ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Su iniciativa consiste en una aplicación obligatoria para dependencias estatales que concentre todas las lenguas y variantes originarias de Chiapas, traduciendo en tiempo real texto y audio para procesos administrativos y judiciales.
El sistema utilizaría registros existentes de peritos y traductores certificados, ampliando su alcance mediante uso de herramientas tecnológicas y eliminando tiempos de espera. La propuesta busca impactar de manera directa en la equidad legal para denuncias, comparecencias, trámites médicos y asesorías públicas.
La ministra en retiro Margarita Luna Ramos destacó la urgencia de fortalecer el acceso a traductores e intérpretes en los procesos judiciales de personas indígenas en Chiapas, particularmente en el contexto de la defensoría pública y el debido acceso a la justicia.
Durante su intervención, la jurista subrayó que el Poder Judicial de la Federación ha avanzado en la integración de asesores y especialistas que atiendan la diversidad lingüística del país, aunque reconoció que aún existe una brecha considerable. Explicó que se han ampliado los servicios, originalmente vinculados solo a materia penal, hacia otras áreas del derecho con el objetivo de garantizar representación plena para pueblos originarios.
Defensores de derechos humanos llaman a fortalecer el sistema de traducción judicial en la entidad / Archivo
La ministra recordó que la reforma al artículo 2º constitucional, derivada de los Acuerdos de San Andrés, permitió sentar las bases para el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas. Consideró que estos marcos normativos iniciaron el impulso para el reconocimiento institucional de lenguas y sistemas normativos propios.
Eunice mujer encarcelada 2 veces en el mismo año en Huitipan y sin acceso a la justicia / Archivo
Luna Ramos insistió en que el acceso a traductores no debe considerarse un complemento, sino un derecho indispensable en toda etapa judicial. Expresó que, en muchos territorios, la distancia, las condiciones económicas y la falta de intérpretes certificados continúan limitando el ejercicio pleno de la justicia.
Si bien no ofreció cifras específicas sobre el número actual de traductores disponibles en Chiapas, sí hizo énfasis en la obligación estatal de consolidar su presencia en instituciones jurídicas. “Es acceso a la justicia”, sostuvo, insistiendo en que los procesos no pueden llevarse a cabo si las personas no comprenden, en su lengua, lo que se les imputa o las resoluciones que se dictan.
La jurista hizo un llamado a la población indígena a recurrir a los mecanismos públicos existentes para obtener acompañamiento procesal, especialmente en regiones donde la vulnerabilidad se incrementa debido a condiciones geográficas. Pidió asistir a defensorías oficiales, reiterando: “Acudan a estas instituciones que de manera gratuita les van a dar asesoría para que sus derechos sean respetados”.
La brecha lingüística sigue siendo una barrera para el acceso pleno a la justicia en Chiapas / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
Pese a reconocer el avance institucional, admitió que el país aún no alcanza una cobertura integral de traductores capacitados y que el proceso no será inmediato. Señaló que el acceso a la justicia para pueblos indígenas debe concebirse como un ejercicio gradual, que requiere acompañamiento constante y políticas que garanticen continuidad.
Luna Ramos concluyó que el reto mayor consiste en que la justicia deje de ser inaccesible para quienes no tienen el español como lengua materna. Sostuvo que la presencia de intérpretes no es un protocolo administrativo sino un derecho constitucional derivado de la multiculturalidad del país. Añadió que, aunque aún no se han alcanzado las metas, “se está haciendo lo posible para lograrlo”, insistiendo en que el respeto lingüístico no puede imponerse por decreto, sino construirse desde la realidad social y cultural de los pueblos originarios.
Chiapas mantiene un dilema estructural: un estado con riqueza lingüística y cultural sin capacidad institucional suficiente para garantizar igualdad en el acceso a la justicia. Las cifras, los casos recientes y las sentencias anuladas muestran que las fallas en interpretación no son incidentales, sino constantes.
Si el Estado no garantiza comprensión plena del proceso, el derecho a la defensa adecuada continúa siendo inaccesible para una parte significativa de su población. Mientras no existan mecanismos que permitan la traducción inmediata y pertinente, la distancia entre ley y realidad seguirá impidiendo una justicia efectiva para los pueblos originarios.
Chiapas enfrenta rezago en intérpretes para garantizar justicia a comunidades indígenas - El Heraldo de Chiapas | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Chiapas y el Mundo
