El presidente de la CIDH advierte aumento de abusos de autoridad, detenciones ilegales y rezagos en áreas como educación, salud y trámites civiles
Isaí Flores
A partir del sexenio pasado y en el actual, las violaciones a los derechos humanos en Chiapas han ido en aumento, siendo el abuso de autoridad el principal agravio, particularmente por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado, afirmó Jorge Arturo Sánchez Flores, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
El defensor señaló que estas dependencias encabezan las quejas ciudadanas debido a detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza e impunidad, situaciones que, dijo, se han documentado a través de cámaras de seguridad y evidencias que confirman la violación de los protocolos de Estambul, sin que las autoridades atiendan adecuadamente las denuncias, quejas o la reparación del daño.
En una segunda línea de señalamientos, ubicó a la Secretaría de Educación, a la que acusó de no generar opciones laborales para los egresados de instituciones de educación superior, además de arrastrar deudas heredadas de sexenios anteriores y carecer de transparencia en la asignación de plazas.
Respecto a la Secretaría de Salud, Sánchez Flores advirtió que enfrenta una grave saturación hospitalaria, derivada de la falta de capacidad resolutiva, el desabasto de medicamentos, la ausencia o déficit de personal médico, así como la presencia de médicos no capacitados, lo que obliga a familiares de pacientes a permanecer fuera de los hospitales. Añadió que, lamentablemente, la Comisión de Arbitraje Médico no defiende de manera efectiva los derechos de los usuarios de los servicios de salud.
El abogado también documentó el actuar de la Dirección del Registro Civil, al señalar que expide de manera constante actas de nacimiento certificadas y la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, aun cuando estos documentos no tienen caducidad, lo que genera un gasto injustificado para la población, agravado por las instituciones que exigen reiteradamente documentos actualizados.
Asimismo, sostuvo que con la entrada en operación de los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal se han registrado numerosas detenciones ilegales, abusos de poder y violaciones a derechos humanos, sin que exista una respuesta institucional efectiva para sancionar estos hechos.
Finalmente, Sánchez Flores denunció que otras dependencias estatales, como Catastro, incurren en prácticas violatorias al atender con dilación, no proteger el patrimonio de los chiapanecos y prolongar trámites de manera injustificada. A esta situación se suma el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuyos procesos, afirmó, pueden tardar un año o más en resolverse, afectando directamente a la ciudadanía.
“Hablamos y levantamos la voz por quienes no la tienen, por personas perseguidas por las autoridades, pero la justicia no llega”, concluyó.
