Autoridades de la Conagua aseguran que productores cuentan con concesiones reguladas y que la nueva Ley General de Aguas no afectará a ejidatarios ni a unidades de riego en el estado
Isaí Flores
En Chiapas existen más de 3 mil 300 concesiones otorgadas a particulares para el aprovechamiento del agua, de las cuales alrededor de 800 corresponden a distritos de riego, conformados por asociaciones de productores. El resto pertenece a unidades de riego, que son unidades de producción agropecuaria. En ninguna de ellas se han registrado problemas derivados de la nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, informó el director regional del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Felipe Irineo Pérez.
El funcionario descartó que en el estado exista resistencia por parte de los usuarios ante la nueva legislación que actualmente se analiza en el Congreso de la Unión. Señaló que las concesiones se distribuyen en todo el territorio chiapaneco, principalmente para la producción agrícola y ganadera, algunas con tecnologías de riego más avanzadas para la producción de alimentos.
Explicó que Conagua ha implementado campañas de difusión para dar a conocer el impacto de la ley, las cuales se han realizado en Tapachula, Villaflores, Acala, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez. Indicó que, a diferencia del centro y norte del país, en Chiapas la población ha mostrado conformidad y no se han presentado conflictos.
En entrevista, Irineo Pérez comentó que productores de porcinos y aves también cuentan con concesiones, y que el volumen de aprovechamiento es variable, dependiendo de su nivel de operación. Sin embargo, subrayó que en Chiapas no existen grandes productores que se extralimiten en el uso del recurso, ya que la actividad está relacionada principalmente con cultivos como maíz, frijol, plátano, caña de azúcar, mango, frutas y otros productos agrícolas.
Reiteró que en el estado no hay denuncias por aprovechamientos ilegales, ni venta ilícita de agua. Precisó que los concesionarios deben reportar mensualmente el consumo, contar con medidores en los pozos, y que los organismos operadores de agua están obligados a informar el volumen utilizado y pagar una cuota variable, según la región.
Destacó que Chiapas cuenta con una riqueza hídrica privilegiada, al albergar los ríos Grijalva y Usumacinta, los más caudalosos del país, que concentran cerca de la tercera parte del agua nacional. Por ello, afirmó que no existen problemas de disponibilidad, especialmente para el riego. La problemática, explicó, se concentra en el centro y norte del país, donde hay escasez de agua y se ubican los principales distritos de riego altamente tecnificados.
Añadió que desde 1992 se han otorgado casi 500 mil concesiones en el país, la mayoría en la zona norte, donde se ha registrado una comercialización irregular del agua. Ejemplificó que algunos concesionarios, al no utilizar el volumen total autorizado, venden el excedente de manera ilegal, tanto para uso doméstico como agrícola.
La nueva Ley de Aguas Nacionales, explicó, busca regularizar esta situación, para que el aprovechamiento del agua se ajuste estrictamente a las concesiones otorgadas o se asignen conforme a las necesidades reales, tanto para uso doméstico como agropecuario. Aclaró que los ejidatarios no perderán sus concesiones, desmintiendo versiones que señalan un posible despojo de pozos o derechos de agua.
Señaló que en la Ciudad de México uno de los principales problemas es la venta de agua mediante pipas sin permisos ni concesiones, actividad que ha generado grandes ganancias de manera irregular. Por ello, la nueva legislación busca poner orden, evitar la comercialización indiscriminada, establecer reservas de agua ante el crecimiento poblacional y sancionar a quienes operen fuera de la ley.
Finalmente, puntualizó que muchas concesiones fueron otorgadas por 20 o 30 años, y que ahora se pretende ordenar el uso del recurso hídrico mediante planeación. Subrayó que la Ley General de Aguas será la base de la administración gubernamental del recurso, mientras que la Ley de Aguas Nacionales se adaptará a las condiciones actuales, y quienes hagan mal uso del agua serán sancionados.
