La reforma garantiza derechos, autonomía y desarrollo de las comunidades indígenas, fortaleciendo su identidad y participación en la vida política y social del estado
Isaí Flores
El Congreso del Estado aprobó, en sesión extraordinaria del pleno y con la presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Guillén, una reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
El Estado de Chiapas es un territorio pluricultural y multietnico, sustentado principalmente por los pueblos indígenas. Se reconoce y protege a los siguientes: tseltal, tsotsil, chol, zoque, tojolabal, mame, kakchikel, lacandón, mocho, jacalteco, chuje y kanjobal. Además, se protegen los derechos de los indígenas que, por diversas circunstancias, se encuentren en el estado y pertenezcan a otros pueblos indígenas.
La conciencia de su identidad indígena será criterio fundamental para determinar a quiénes se les aplica esta disposición sobre pueblos indígenas. Se consideran comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio, y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos.
El texto también precisa que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación se ejercerá dentro de un marco constitucional de autonomía que garantice la unidad estatal. Para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, se deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos, criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción.
La reforma local se homologa con la federal, estableciendo el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como el reconocimiento de la libre determinación y, en consecuencia, la autonomía. Se garantiza también la realización de consultas indígenas y el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, traductores, defensores y peritos especializadas en derechos indígenas.
Las autoridades tendrán la obligación de impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos indígenas, implementando mecanismos que faciliten su organización, reconociendo y protegiendo el patrimonio cultural, la propiedad intelectual, los conocimientos y las expresiones. Se garantiza y fortalece la educación bilingüe, así como la protección a las comunidades y personas indígenas migrantes. Los pueblos y comunidades afromexicanas también serán reconocidos como sujetos de derecho público, y las mujeres indígenas y afromexicanas podrán participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral.
Las consultas indígenas se realizarán de conformidad con los principios y normas que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas. Estos pueblos y comunidades serán los únicos legitimados para impugnar el incumplimiento de sus derechos.
La reforma fue aprobada por el pleno de la LXIX Legislatura Local, en sesión presidida por el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, y presentada por la diputada Wendy Arlet Hernández Ichin, secretaria de la Mesa Directiva y miembro del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. Cabe señalar que en esta sesión hubo restricción para los medios de comunicación.
