Diputados avalaron reformas para impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos de Chiapas
Isaí Flores
En la última sesión pública ordinaria de 2025, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, mediante las cuales se creó la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo y se transformó la Secretaría de Agricultura y Ganadería en la Secretaría del Campo.
La sesión del pleno de la LXIX Legislatura local, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, confirmó la reforma a la fracción X del artículo 30 y al artículo 40, así como la adición de la fracción XIX del artículo 30 y del artículo 49 de la citada ley.
Con estas modificaciones, la fracción décima establece la creación de la Secretaría del Campo, mientras que la fracción XIX da origen a la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, cuya finalidad es aprovechar de manera sustentable las riquezas naturales acuáticas y pesqueras de la entidad, particularmente en las amplias zonas costeras que colindan con el océano Pacífico.
Se destacó que Chiapas cuenta con un litoral aproximado de 260 kilómetros, que abarca la llanura costera del Pacífico e incluye importantes sistemas lagunarios, como Mar Muerto y La Joya Buenavista, entre otros, lo que convierte a esta región en una zona de alta biodiversidad y riqueza en recursos hidrológicos.
Durante la discusión, la diputada María Reyes Diego Gómez, presidenta de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Congreso del Estado, solicitó al pleno avalar la reforma para reconvertir la Secretaría de Agricultura y Ganadería en Secretaría del Campo y crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, con el objetivo de dotar de mayores herramientas al sector pesquero y fortalecer su desarrollo en la entidad.
De acuerdo con lo aprobado, la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo promoverá programas y acciones orientados al desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas en aguas marinas, costeras e interiores, además de formular y promover políticas públicas estatales que permitan incrementar la productividad y rentabilidad del sector.
