El incremento al salario mínimo y la falta de subsidios agravan la brecha entre los ingresos de los trabajadores y el costo de las viviendas, dejando a miles sin acceso a un patrimonio digno
Isaí Flores
El aumento del salario mínimo a 278.80 pesos para el 2025 y la inflación generarán un incremento del 7 por ciento en el costo de viviendas, por lo que con la especulación respecto a la capacidad de compra y los precios se crea una brecha que a la mayoría de la gente no le alcanza para comprar una casa; ya que las de 40 o 45 m² con una habitación oscilan entre 630 mil o 650 mil pesos, explicó Luis Ernesto Sauza Gutiérrez, delegado en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (CANADEVI).
Dijo que la mayoría de los trabajadores no tiene capacidad económica para la compra de una casa nueva aun cuando el incremento al salario rondará los 8 mil pesos mensuales, y que esto es porque no hay subsidios de los gobiernos federal, estatal o municipal que contribuyan a bajar costos y aumentar la posibilidad de acceso a una vivienda para la clase trabajadora.
Reveló que cualquier banca quiere que el trabajador gane el triple de lo que va a pagar mensual; es decir, quien gane 9 mil pesos mensuales podrá pagar una hipoteca de 3 mil pesos mensuales y con ello le pueden prestar 300 mil pesos. Lamentablemente, de los 130 mil acreditados al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) en Chiapas aprobados para un crédito, el 60 o 65 % tiene créditos de 480 mil pesos o menos, monto que no les alcanza para comprar vivienda.
Sauza Gutiérrez dijo que hacen falta subsidios y, aunque la industria de la vivienda hace esfuerzos para bajar costos, no es tarea del promotor regalar su trabajo. Mientras, el subsidio puede ser en dinero, en especie, en terreno, en tasas de intereses bajos o en una suma de todas las cosas, pero es un tema muy necesario.
En la vivienda de más alto costo no hay límites. La residencial es diversa e increíble lo que hay. Hay casas grandes y muy valiosas, pero ahora que está tan en boga el tema de la vivienda en Chiapas, tenemos condiciones muy particulares. Con 5.5 millones de habitantes, que representan el 4.8 % de la población nacional, con casi 20 mil localidades, la gran dispersión poblacional y la enorme población rural, tenemos viviendas en rezago, esto es, hechas de material reciclado y sin acceso pavimentado, indicó.
Dijo que las viviendas de material reciclado no tienen servicios y presentan hacinamiento con más de 2.5 habitantes por habitación, lo que genera temas de abuso sexual porque viven todos en el mismo cuarto. “Tenemos más de un millón de viviendas en rezago, con carencias de servicios; son un millón 300 mil, lo que evidencia que Chiapas requiere una política integral en el tema. Se necesita desde el gobierno del estado generar reservas territoriales con todos los servicios para controlar un poco los precios de la vivienda”, explicó.
En Chiapas hace algunos años se construían entre 5 mil y 6 mil viviendas. La caída fuerte viene desde el 2017, cuando se edificaron 3 mil 600, y ahora son mil 300, y en 2024 serán menos. Los valores han ido hacia arriba, y lo que se necesita es atención, sobre todo para los que tienen empleo formal y son derechohabientes del INFONAVIT y el IMSS. Lamentablemente, sólo el 22 por ciento tiene empleo formal; el resto son informales que no tienen prestaciones de la Ley Federal del Trabajo.
Por otra parte, dijo que los empleados de gobierno estatal no tienen prestaciones del INFONAVIT o IMSS, y unos 130 mil trabajadores no han hecho uso de su crédito. Si bien hay un mercado potencial, el estado necesita la inyección de recursos a través de la vivienda. Resulta que el INFONAVIT está recaudando, entre cobro de créditos y aportaciones obrero-patronales, 2 mil 500 millones de pesos anuales, pero está colocando mil 700 o mil 800 millones de pesos. No se invierte lo que se necesita y se están llevando unos 700 millones de pesos. Habiendo ese fondo, no se puede ejercer, explicó.
Dijo que otro gran problema en Chiapas es la mejora regulatoria. El periodo de contratación de un proyecto de construcción de vivienda es de mil 400 días para empezar y vender una vivienda; más aún, se necesitan 4 años para aumentar la oferta, por lo que hay que flexibilizar los trámites en los tres órdenes de gobierno. Esperamos respuestas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Señaló que hace cuatro años a la gente trabajadora le hacían falta 100 mil pesos para comprar una vivienda y ahora le falta lo mismo. Entonces hay que pensar en serio y atender el problema, implicando entrar de lleno en la generación de reservas territoriales donde se garantice el abasto de agua y el financiamiento a vivienda existente con el traslado de dominio. Solo en Tuxtla Gutiérrez hacen falta en este momento 7 mil viviendas que podrían construirse en seis años a partir del 2025, explicó.
Por su parte, el presidente en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), José Francisco Lazos Morales, dijo que la iniciativa privada de Chiapas cumple con pagar impuestos y las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como IMSS e INFONAVIT.
Dijo que aparentemente hay atención a la vivienda por parte de los tres órdenes de gobierno, pero lo que hace falta es más capacidad de respuesta. “La demanda es mayor que la oferta; los altos costos ocasionan que a la mayoría de los solicitantes de un crédito hipotecario no les alcance para una vivienda nueva. A quienes perciben un salario mínimo no les alcanza, y, si acaso, a los que tienen dos salarios mínimos de ingreso, pero falta construir vivienda para los de más bajos recursos”.
Tuxtla Gutiérrez es una de las ciudades donde la vivienda es más cara. Se requiere que los terrenos que tiene el gobierno se aporten para casas nuevas y que el ayuntamiento genere el abasto de servicios básicos. Muchas veces el costo del crédito sirve solo para la compra del terreno y no alcanza para la vivienda, y eso es un rezago que urge atender, subrayó.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Javier Jiménez Jiménez, secretario de la Comisión de Hacienda, compartió que en Chiapas ha habido un rezago importante en la construcción de viviendas, aunque en el último sexenio se invirtieron por año unos 60 millones de pesos en la construcción de vivienda nueva a través de la Promotora de Vivienda, más la entrega de unas 6 mil escrituras públicas a igual número de familias para garantizar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra.
En el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ni el presidente municipal, Ángel Carlos Torres Culebro, ni el director de Tenencia de la Tierra, Víctor Manuel Méndez Sarmiento, dieron entrevistas para plantear atención a la demanda de vivienda desde el ámbito de sus responsabilidades. Tampoco accedió la delegación del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT).
