Funcionarios del Poder Judicial señalan que el rezago se da principalmente en los juzgados estatales
Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas
Durante el año 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas inició un total de 13 mil 273 averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales 11 mil 283 fueron determinadas, 756 cerradas y 8 mil 376 quedaron pendientes, de acuerdo con cifras oficiales.
En ese mismo periodo, se reportaron 17 mil 071 personas imputadas o inculpadas en distintas causas penales. Por otro lado, el registro de órdenes judiciales relacionadas con dichas averiguaciones indicó que al inicio de 2023 había 9 mil 400 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimiento. Al cierre del año, 8 mil 726 de estas órdenes aún no habían sido ejecutadas.
De acuerdo con autoridades judiciales consultadas, existen casos que, aunque no han sido concluidos, permanecen abiertos y se encuentran bajo la clasificación de causas suspensas. Esta figura se utiliza, por ejemplo, cuando se emite una orden de aprehensión que no ha sido cumplimentada, lo que impide el avance del procedimiento penal correspondiente.
Funcionarios del sistema judicial señalaron que este tipo de rezago es más frecuente en el fuero común, cuya información es administrada por los juzgados estatales. En el caso del fuero federal, estos asuntos son considerados menores en número y están sujetos a control del Consejo de la Judicatura Federal.
Especialistas del ámbito judicial explicaron que, en muchos casos, la imposibilidad de cumplimentar una orden judicial se debe a que la persona imputada se encuentra sustraída de la acción de la justicia, lo cual mantiene estancado el proceso. En estos escenarios, el caso permanece abierto y no se puede avanzar hasta que se logre la localización y presentación del inculpado.
Actualmente, no existe un registro público consolidado que agrupe todos los casos rezagados o suspendidos en la entidad, aunque autoridades señalaron que es posible consultar cifras generales en los informes anuales de las instituciones de procuración y administración de justicia.
