Derechos laborales, vivienda y salud son promesas incumplidas desde 1980, señala Víctor Manuel Ramírez Guillén
Isaí Flores
Don Víctor Manuel Ramírez Guillén, un personaje que se inició en la lucha sindical en 1980 en la CTM en Chiapas, cuenta que poco se ha avanzado en el reconocimiento de derechos de la base trabajadora. El peor de los males, señala, sigue siendo la seguridad social: todas las instituciones públicas que tienen la obligación constitucional de atender este derecho no cumplen.
Ramírez Guillén dijo en entrevista que, en sus inicios, se enfrentaba con la clase patronal en defensa de los derechos de sus representados. Ahora, en silla de ruedas y con algunas dolencias propias del paso del tiempo, observa cómo la seguridad social es un derecho en la teoría, pero en la práctica existe una gran restricción, principalmente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Respondió desde uno de los salones de esa central obrera, que ya tiene menos agremiados en Chiapas, que los trabajadores han ido creciendo en edad y requieren atención integral a su salud, sobre todo por enfermedades crónicas degenerativas, pero el IMSS no garantiza atención oportuna, de calidad ni suficiente. Es recurrente la escasez de medicamentos.
La atención a la salud en el IMSS es muy precaria. Hay un retraso de al menos seis meses para la entrega de medicamentos. Lo que más daño hace a la población son la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, la obesidad y el sobrepeso. Sin embargo, los estudios se prolongan, las citas se posponen hasta por más de un año y las cirugías se reprograman por falta de insumos.
Insiste el sindicalista en que de poco ha servido la seguridad social, al igual que el derecho a la vivienda, el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, el Sistema de Ahorro para el Retiro: “todo es ficticio”. Mientras tanto, el derecho al reparto de utilidades se niega, con la queja recurrente de que las empresas “nunca tienen ganancias”. Asegura que las empresas más grandes son las que más derechos niegan, y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no hace cumplir la ley.
Las recursos. “Mi generación no tuvo acceso al derecho a la vivienda, se negó. Muchos que adquirieron viviendas, terminaron por entregarlas. Los derechos son ficticios, mientras que las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje están sujetas al patrón. Persiste la **corrupción”, reiteró don Víctor Manuel Ramírez.
Las tiendas departamentales también son muy injustas. Trabajadores que se enferman son despedidos en vez de garantizarles el derecho a la salud. “No respetan los derechos; prácticamente, el trabajador no tiene derecho a enfermarse”. Le ha tocado defender sus derechos, pero la injusticia siempre ha existido. Apenas se les paga el salario mínimo de 278.80 pesos por ocho horas, sin más. Hay quienes trabajan horas extras sin pago, apuntó.
Cuando la clase trabajadora presenta denuncias, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales, son injustas, no aplican la ley ni hacen justicia. Están sometidas a la corrupción y al poder económico de la parte patronal. “El eslogan de cero impunidad y cero corrupción es solo eso: discursos”, añadió el obrero ya adulto mayor.
