A 15 años de la muerte de Samuel Ruiz García, el pueblo creyente recordó su legado y denunció la violencia registrada en el sexenio anterior
Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas
En el marco del 15 aniversario luctuoso de don Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal, quien permaneció más de 40 años al frente de la Diócesis y recorrió numerosas comunidades de Chiapas en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el pueblo creyente recordó su legado y denunció el incremento de la violencia en el sexenio anterior.
Durante este periodo, señalaron, se registraron miles de personas desplazadas, así como ataques armados en las regiones Frontera, Sierra y Norte de Chiapas. Asimismo, exigieron justicia por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido también en la administración pasada. En contraste, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez reconoció que actualmente la violencia ha disminuido en la entidad, aunque admitió que en algunos municipios aún persisten focos de inseguridad.
Al respecto, en conferencia de prensa, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, acompañado por un sacerdote y representantes del pueblo creyente, informó que los cinco indígenas tseltales presos, originarios de San Juan Cancuc, lograron su liberación a finales de 2025, como resultado de las movilizaciones constantes impulsadas por la Diócesis y diversas organizaciones sociales.
Reconocieron el caminar de los pueblos en la búsqueda de una justicia verdadera, así como el compromiso de acompañar el sufrimiento y las exigencias de solución de fondo a los distintos conflictos. “Reconocemos el fallo de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la liberación de los hermanos presos injustamente, pero recordamos que el caso no concluye con su liberación, ya que está pendiente la reparación del daño y una disculpa pública, conforme a la resolución emitida por la ONU”, señalaron.
Asimismo, denunciaron que no dejarán de señalar el aumento de cantinas autorizadas y clandestinas en diversos municipios y comunidades, así como la venta de drogas, lo que ha provocado un incremento del alcoholismo, la drogadicción y la prostitución, con graves consecuencias como la violencia intrafamiliar. También expusieron el bajo precio de los granos básicos que producen como campesinos, frente a los altos costos de los productos de primera necesidad, por lo que exigieron un pago justo por su producción. A ello sumaron la denuncia por las altas tarifas de energía eléctrica, demandando una tarifa justa.
Por su parte, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez reiteró que en los últimos dos años ha disminuido la violencia en Chiapas, aunque reconoció que en algunas zonas aún se presentan hechos violentos, por lo que urgió a las autoridades a aplicar la ley para garantizar que todas las personas puedan vivir en paz, en sus hogares, caminos y centros de trabajo. “Reconozco que en dos años ha disminuido la violencia en Chiapas; sabemos que en algunos lugares aún prevalece, pero hoy se percibe una mayor sensación de paz”, expresó el prelado.
