La diputada Andrea Negrón denunció que padres obligan a sus hijos a asistir a estos espacios donde se ejerce violencia
Isaí Flores
“Agradezco la confianza de las personas de la diversidad sexual para alzar la voz y permitirnos legislar para prohibir este maltrato en las clínicas de conversión”, expresó.
“Nos han comentado que muchos padres son quienes llevan de manera forzosa a sus hijos a este tipo de espacios, las clínicas de terapias de conversión, donde obviamente se ejerce violencia”, declaró la diputada Andrea Negrón Sánchez, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social del Congreso del Estado.
En Chiapas no se tiene un número preciso de clínicas de conversión, pero existe el registro de más de 60 casos de violencia ejercida en estos espacios tan solo en 2022, sin que se haya actuado legalmente en su contra.
“Lamentablemente, el problema en el estado es que estas terapias muchas veces van disfrazadas de consultas médicas, psicológicas o de acompañamiento en salud, por lo cual no hay datos específicos sobre cuántas existen. Solo se cuentan aquellas que han sido denunciadas, pero muchas no quedan registradas como tal”, abundó.
“Más que infraestructura, estamos hablando de las prácticas. No se trata de espacios para el acompañamiento en salud, sino de aquellas prácticas que, a través de la violencia y métodos forzosos, buscan ‘corregir’ la orientación o identidad sexual de las personas”, añadió Negrón Sánchez.
En entrevista, explicó que no tiene certeza sobre cómo acuden las personas a estas clínicas: si voluntariamente, acompañadas por familiares o llevadas por la fuerza. “Más bien, quienes me han compartido este tipo de sufrimiento son personas de la diversidad sexual. Nosotros nos unimos a su voz. Nos han comentado que muchos padres son quienes los llevan de manera forzosa a querer ingresarlos a estos espacios, donde, reitero, se ejerce violencia”.
“Quienes son víctimas de estas prácticas sufren una de las formas más aberrantes de discriminación, por el simple hecho de ser quienes son. No hay datos claros sobre cuándo iniciaron ni quiénes las promovieron. Para reformar el Código Penal del Estado de Chiapas, nos basamos en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indicó.
Negrón Sánchez compartió que, en redes sociales, han encontrado resistencia, así como prejuicios y discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ+, lo que demuestra la necesidad de contar con aliados que trabajen en el reconocimiento de los derechos de todas las personas.
El pasado 4 de junio, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Chiapas para prohibir las terapias de conversión. Se adicionó el Capítulo II Bis, denominado “Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas”, que incluye el artículo 327 Bis.
“A quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de doscientas cincuenta a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.
Maricarmen de la Encarnación Pereyra Vázquez declaró que, por ser prácticas clandestinas, no existen cifras exactas sobre el número de clínicas de conversión en Chiapas. Sin embargo, se tiene conocimiento de su presencia en Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, Huixtla, Pijijiapan, entre otros municipios. Las personas que han acudido —o han sido llevadas— a esos lugares tienen entre 15 y 25 años.
Pereyra Vázquez compartió que vivió una experiencia terrible en 2020, donde sufrió acoso constante. Señaló que hay personas que hoy tienen 50 años y que cuando tenían entre 20 y 30 años también fueron víctimas de violencia en estas clínicas.
