Fallas estructurales en investigación, aplicación de justicia y seguridad mantienen la crisis, donde persisten feminicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y la negligencia institucional hacia familias
Isaí Flores
En Chiapas los municipios considerados como focos rojos por violación a derechos humanos son Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá y Villaflores, mismos que desde noviembre del 2016 también recibieron la declaratoria de Alerta por Violencia de Género.
Además existen otros 15 municipios a los que se les estableció el Programa de Zona de Trabajo Altos, por su alta incidencia de violación a los derechos humanos, siendo estos Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán y Santiago El Pinar.
Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la Fundación Karla Velasco, Familias Víctimas de Feminicidio y Homicidio, afirma que la más fraglante violación a derechos humanos es el feminicidio, a lo que se suma la violencia cometida por la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante la omisión en investigaciones y la cometida por el Poder Judicial del Estado, al no aplicar sentencias ejemplares en contra de feminicidas, no obstante a que en julio de 2025, la pena se elevó a 100 años de prisión.
En entrevista, Velasco Nájera enfatiza que los derechos humanos que más se violan en Chiapas son el derecho a la vida, a la seguridad, a la protección, el acceso a la justicia, a ser escuchados. “Mi familia y yo que hemos sido víctimas de feminicidio y de una violación sistemática de los derechos humanos. La sentencia que emitió en mayo de este 2025 el Tribunal de Justicia del Estado fue mínima (55 años), no se aplicó la máxima que en ese momento eran 65 años. No obstante, las condiciones en que se cometió el feminicidio en julio del 2018, por lo que considero que ha habido protección institucional para las personas que participaron”, indicó.
Señala que tampoco se ha hecho una investigación profunda y que las autoridades de la FGE arman las carpetas de investigación como quieren. Siguen los atropellos de las víctimas directas y de las familias. No intervino derechos humanos durante casi seis años, tiempo en el que se nos cerraron puertas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en la administración de Juan José Zepeda Bermúdez, detalló.
“Todo esto pasó en el sexenio de Rutilio Cruz Escandón Cadenas. Derechos humanos estuvo cerrado y ni siquiera conocimos a Juan José Zepeda Bermúdez porque nunca nos pudo dar una mesa de trabajo o diálogo, para ver cómo iban nuestros expedientes. El actual presidente de la CEDH, Horacio Culebro Borrayas, nos entregó un escrito en el que da cuenta de que nuestras carpetas estuvieron archivadas por años, que hubo violación a los derechos humanos de mi hija Karla Yesenia, su padre y su madre. Vivimos reprimidos mucho tiempo por los derechos humanos estatales”, recalcó.
No ha habido protocolos para la investigación, desde el 2016 se contabilizan unas mil 700 muertes violentas de mujeres en Chiapas y sigue la violación a los derechos humanos. Lamentablemente, por muchos años la FGE fue omisa a recibir denuncias, a investigar y castigar a los agresores y funcionarios por no aplicar la ley, insiste la señora Maricruz Velasco Nájera.
La profesora Flor Emilia Alcázar Coutiño, otra víctima del feminicidio de su hija Paola Jazmín cometido en diciembre del 2022 en la Primaria Federal David Gómez, ubicada en la 5a norte y 11a poniente en Tuxtla Gutiérrez, dijo que la mayor violación a sus derechos humanos ha sido cometida por la FGE debido a que agentes del ministerio público y peritos no hicieron su trabajo e hicieron mal sus investigaciones desde el momento de la desaparición de la persona, el 7 de diciembre del 2022, quien fue localizada sin vida en una cisterna al siguiente día.
Dijo que la FGE ha protegido a los maestros de la Escuela Primaria Federal David Gómez y no los ha llamado a juicio. “A mi hija ahí la mataron, de ahí la sacaron muerta, no la encontraron en la calle. La asesinaron ahí, sus compañeros saben lo que pasó, no quieren hablar. Es pura corrupción, la cisterna tenía candado el día del hallazgo. Fue mi yerno quien abrió la cisterna y encontró a mi hija adentro, tenía agua, ella estaba flotando. Desde el primer momento la fiscalía ha sido omisa, eso es violación de derechos humanos. Desde el primer momento en que una de mis hijas presentó denuncia por desaparición de persona, le dijeron que no podían hacer nada porque tenían un evento del gobernador Rutilio Escandón, cámaras de negocios de la zona ayudaron a rastrear evidencias”.
Informó que presentó denuncia en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado y señala a Ludi Abraham Herrera Camacho y Martha Viviana Zenteno Escobar, forense y perito, respectivamente, por reportar no haber encontrado huellas y evidencias de los involucrados en el feminicidio. La autoridad los inhabilitó por seis meses y sigue sin esclarecer los hechos, sin aplicar la ley y sin hacer justicia; mi hija aún no tiene justicia, señala la mujer.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Horacio Culebro Borrayas, documenta que la omisión en la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial del Estado, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud en efecto son las principales violaciones a los derechos humanos.
Dijo que la CEDH de Chiapas ha recibido desde enero más de 100 denuncias por presunta violación a los derechos humanos, que se han convertido en 12 recomendaciones, a la FGE y la SSP por abuso de autoridad.
Culebro Borrallas destaca que tanto la FGE como la SSP en el sexenio pasado no recibían recomendaciones por parte de la CEDH y tienen que resolverse los abusos de autoridad así como haber un actuar conforme a derecho en la aplicación de la ley sin agresiones a la sociedad.
También han surgido quejas en contra de la Secretaría de Educación por el rechazo de ocho estudiantes que pasaron su examen en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, del que ya se presentaron quejas y medidas precautorias; mientras en el municipio de Pijijiapan, hubo una queja por acoso sexual en una preparatoria.
Destacó que también han recibido quejas por mal servicio en el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, principalmente de los trabajadores de la institución que indican no les daban insumos de trabajo, mientras se debe garantizar abasto de medicamentos e insumos para la atención a la salud, por ello la población debe acudir a la CEDH a presentar su queja.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Juan Salvador Camacho Velasco, dijo que el punto fundamental para la paz en Chiapas es el respeto a los derechos humanos, y tomar en cuenta a todas las voces que denuncian ser víctimas, así como anteponer el bien común de la población y no de particulares, ni el interés político de alguien.
“Tiene que haber el acceso al derecho a la justicia, a la seguridad, a la vida, a la salud, a la educación, al medio ambiente sano, el derecho al agua, a la ciudad, el acceso a los servicios básicos por parte del Estado mexicano y estos derechos tienen que construirse todos los días, no son letra muerta, se tienen que luchar por los mismos”, añadió el diputado de Morena por San Cristóbal, Camacho Velasco.
“En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos se hizo un llamado a la población a hacer a un lado las diferencias políticas, raciales y religiosas y que nos veamos como ciudadanos mexicanos, así tenemos que fortalecer el tejido social, tenemos que ver a Chiapas como nuestra casa y que no haya injusticia para nadie”, indicó.
Destaca que es imperante exigir a las autoridades la construcción de la paz, que no es solo seguridad frontal y operativa, sino generar mejores condiciones de vida, igualdad y atender las causas de la inseguridad en un clima de paz e igualdad. Es, a la vez, un llamado a la pacificación del estado, que la ley sea justa y pareja para todos.
En el Congreso del Estado legislamos, pero la aplicación de la ley corresponde a otras autoridades, a la Fiscalía General del Estado, Poder Judicial del Estado, Secretaría de Seguridad del Pueblo, y tiene que ser sin distingo para castigar a los agresores, proteger a las víctimas y defender los derechos humanos. La peor violación a los derechos humanos es ir en contra de la libertad de las personas, de la libertad de expresión, de la libertad física, el abuso sexual, los feminicidios, los crímenes de género o preferencia sexual, reiteró el diputado.
El desplazamiento interno forzado en Chiapas es otra de las peores violaciones a los derechos humanos, en el ejido Puebla, municipio de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas, en mayo del 2016, fueron víctimas de expulsión violenta 54 familias con más de 256 personas. Un proyectil de arma de fuego mató a don Guadalupe Cruz, se presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado por expulsión a manos de un grupo armado y el homicidio de esta persona, pero aún no se investiga, ni se aplica la ley, dijo la representante Aracely Cruz López.
Sostuvo que la expulsión fue resultado de negarse a votar por la planilla del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Chenalhó en la elección del 2015, que encabezó Rosa Pérez Pérez. La Fiscalía General del Estado tenía el compromiso de la evaluación para la reparación del daño, pero no cumplió.
Al terminar el trienio de Rosa Pérez, siguió el desplazamiento porque quien era síndico, Abraham Cruz Gómez, asumió la presidencia municipal a partir del 2018 y no hubo condiciones de atención, continuando el exilio hasta ahora. Destacó que en reiteradas ocasiones han demandado la reubicación de 14 familias en condiciones dignas sin ser atendidas, perdieron sus tierras y las cosechas de ese año.
Reporta que han acudido a las autoridades estatales y federales en busca de justicia o atención a sus derechos humanos, pero no han tenido acceso. Piden al Estado Mexicano la reubicación de 14 familias que no encuentran garantías para regresar a sus hogares. Puede darse en el actual campamento que ocupan en San Cristóbal de Las Casas, pero tampoco hay respuestas.
Cita que en las instalaciones provisionales que ocupan tienen agua potable, electricidad, drenaje, espacios para la educación de sus hijos y para la atención a la salud, no obstante, Jorge Humberto Molina Gómez, asesor de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, no ha dado seguimiento al caso.
“Al momento de la expulsión mi padre Guadalupe Cruz fue asesinado, hecho por el que presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado y no ha tenido acceso a la justicia”, añadió. “No se ha hecho justicia, no se ha aplicado la ley”, reiteró.
Dijo que nuevamente han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su intervención, y ya cuentan con la medida cautelar número 361/2017, así como la recomendación de la CNDH número 90/2019, que se debe mantener activa hasta que nuestras demandas sean resueltas, pero nadie actúa.
De acuerdo con la señora Isabel Torres, del Colectivo Madres Buscadoras en Chiapas, otra grave violación a los derechos humanos es la desaparición forzada en Chiapas, acto del que colectivas buscadoras documentan más de 3 mil casos; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas reporta mil 812 casos en Chiapas, con registros desde el 31 de diciembre de 1952 al 4 de diciembre de 2025.
