La organización busca que las mujeres electas el 2 de junio a ejerzan el cargo con la mayor responsabilidad
Isaí Flores
De las mil 564 personas electas en las elecciones del 2 de junio pasado, 872 son mujeres, el equivalente al 55.75 por ciento, quienes actualmente se encuentran en ejercicio de su cargo, en su mayoría desde los ayuntamientos, espacios con responsabilidad colectiva cuando se constituyen en cabildo, todas deben ejercer sus responsabilidades constitucionales sin presión, sin amenazas, informó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
El Órgano Público Local Electoral indica que el ejercicio de responsabilidad colectiva conlleva una mayor relevancia en el respeto al ejercicio de la función pública de las mujeres, a pesar de los avances en la materia, la brecha de género es persistente y palpable, situación que se recrudece aún más en Chiapas, en donde, actualmente, solamente 24 ayuntamientos son encabezados por mujeres, 22 presidentas por elección popular y 2 nombradas por el Congreso del Estado en Frontera Comalapa y Bella Vista.
En un comunicado, precisa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, párrafo tercero, instaura que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, subraya el IEPC, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; por lo que existe la obligatoriedad de todas las autoridades de cualquier nivel de gobierno para coadyuvar en el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres libres de violencia desde el ámbito de sus competencias.
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana reitera su llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno, personas electas, partidos políticos, medios de comunicación y sociedad en general, para que se materialice el pleno reconocimiento al derecho que tienen las mujeres que resultaron electas en los pasados procesos electorales a ejercer su cargo en condiciones de libertad, libre determinación y sin violencia.
Ha realizado un exhorto a todas las administraciones municipales a través de escritos dirigidos a quienes encabezan las presidencias, para ser personas aliadas en la estrategia de protección de los derechos de las mujeres y refrendado su disposición para dar acompañamiento para la formación de servidores públicos con perspectiva de género, indicó.
Condena todo acto que atente, desestime, o anule el ejercicio de los cargos de las mujeres electas, incluidas las prácticas de reconociendo público de quienes se ostentan como funcionarios electos sin haber emanado de un proceso electoral y reitera que las prácticas de simulación constituyen un delito establecido en el artículo 409 del Código Penal del Estado.
Invita a todas las instituciones a cerrar filas y diseñar prácticas de buen gobierno que contribuyan con las mujeres en su participación política, mediante las cuales se reconozca los encargos para los que fueron electas y se fortalezca la construcción de su liderazgo con el ejercicio de los mismos, dándole validez y acompañamiento a su capacidad de gobernanza y toma de decisiones.
