A pesar de la despenalización en 2024, mujeres enfrentan obstáculos en hospitales públicos y retrocesos en programas federales
Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
En un foro realizado en Tuxtla Gutiérrez, Michel Domínguez, integrante de la Red de Monitoreo por el Acceso al Aborto Voluntario en Chiapas, señaló que, a pesar de la reforma que despenalizó el aborto en noviembre de 2024, aún persisten múltiples barreras para garantizar este derecho en el estado.
“El acceso al aborto seguro es responsabilidad del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las instituciones de salud, como el IMSS y el ISSSTE, deben garantizar condiciones seguras para que las mujeres puedan acceder al aborto hasta la semana 12. Sin embargo, en muchos hospitales públicos, como los de Comitán, Chiapa de Corzo y Buzal, las mujeres enfrentan negativas, justificadas bajo la objeción de conciencia”, denunció Domínguez.
Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos adolescentes, incluyendo casos de niñas desde los 11 años, la mayoría resultado de violencia sexual. “Es indignante que en zonas rurales e indígenas, donde las condiciones son más precarias, el acceso al aborto seguro sea casi inexistente. Afortunadamente, las redes de parteras se han convertido en aliadas fundamentales para brindar información y acompañamiento en estas comunidades”, agregó.
Domínguez subrayó que, aunque la objeción de conciencia es un derecho del personal médico, las instituciones están obligadas a garantizar la atención. “Si un médico se niega, el sistema de salud debe proporcionar otro profesional que pueda realizar el procedimiento. Esto no está ocurriendo en muchos casos, dejando a las mujeres sin acceso a este derecho fundamental”, explicó.
En zonas urbanas, el machismo y las prácticas culturales también representan un obstáculo. “La cultura de control y dominación sobre los cuerpos de las mujeres sigue muy arraigada. Esto se agrava en comunidades donde las costumbres, como los matrimonios forzados o infantiles, perpetúan la desigualdad”, dijo.
Desde hace cuatro años, Chiapas cuenta con el Programa de Interrupción Voluntaria del Embarazo para sobrevivientes de violación sexual, establecido bajo lineamientos técnicos federales. Sin embargo, Domínguez alertó sobre un retroceso en su implementación. “La reconversión del sistema de salud al modelo IMSS-Bienestar ha generado un estancamiento. Aunque se habían logrado avances con la Secretaría de Salud del Estado, ahora estamos esperando que la Federación baje sus protocolos. Esto ha generado incertidumbre y debilitado las alianzas previas”, afirmó.
Pese a las dificultades, Domínguez destacó el trabajo de líderes comunitarias como Lucía, quien ha logrado abrir espacios en casas de salud comunitarias para garantizar el acceso a información y servicios. “Es un proceso lento, pero seguimos insistiendo en que los protocolos federales se implementen en Chiapas para garantizar abortos seguros y accesibles”, concluyó.
