La masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó en 1997, es una situación por la que aún oficialmente nadie ha dado respuesta oficial clara, al considerar que están inmiscuidas las propias autoridades.
Otro conflicto territorial que por décadas ha persistido entre Oaxaca y Chiapas es por los límites en la región de los Chimalapas.
LOS CHIMALAPAS: DISPUTA TERRITORIAL ENTRE CHIAPAS Y OAXACA
El conflicto agrario entre Chiapas y Oaxaca es el reclamo de 160 mil hectáreas de tierras del noreste de Cintalapa de Figueroa a favor de San Miguel y Santa María Chimalapas.
DESPLAZAMIENTO EN ZONAS INDÍGENAS
LA DISPUTA DEL PODER EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ
LA MUNICIPALICIÓN DE HONDURAS DE LA SIERRA
Estas comunidades argumentan que desde la creación de este nuevo municipio, impulsado por intereses del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han experimentado abandono y falta de servicios públicos municipales.
La primera elección de autoridades municipales en Honduras de la Sierra ocurrió en 2024, y su primer ayuntamiento electo ejercerá funciones del 1 de octubre de 2024 al último día de septiembre de 2027.
EL CASO ACTEAL Y LAS CONSECUENCIAS QUE HA TRAÍDO
El crimen de Acteal fue parte de una guerra no declarada pero organizada, en la que participaron dependencias federales y estatales, incluyendo el entonces Consejo de Seguridad Pública Estatal, que decidía dónde aplicar programas en las zonas indígenas.
En ese entonces, el propio gobierno alentaba o creaba artificialmente conflictos territoriales, políticos o religiosos, propiciando enfrentamientos entre comunidades para justificar la intervención militar.
El Consejo, dirigido en los hechos por la Séptima Región Militar, había formado en septiembre de 1997 los comités de seguridad pública en comunidades de Chenalhó, integrados por miembros de los grupos armados antizapatistas.
Protección Civil de Salto de Agua atendió la caída de árboles causada por rachas de viento y lluvia, liberó vías parcialmente bloqueadas y alertó sobre condiciones no aptas en el balneario Poza Azul durante la temporada de lluvias en Chiapas
Tuxtla Gutiérrez enfrenta un rezago del 70% en espacios públicos para activación física en sus colonias, con limitados campos deportivos y carencia de seguridad e infraestructura básica, según testimonios ciudadanos y ausencia de planes municipales claros
Colectiva Madres Buscadoras / Isaí López / El Heraldo de Chiapas
En Chiapas, en las últimas tres décadas, han existido infinidad de conflictos no resueltos que tienen que ver con la opaca aplicación del Estado de Derecho. Son conflictos agrarios y territoriales, por disputa de tierras o poder, mientras persiste la desigualdad social; situaciones que han derivado en desapariciones de personas, muertes violentas, feminicidios, desplazamientos forzados, entre otros.
En el municipio de Tila está presente la disputa de la tenencia de la tierra; en Chenalhó hay más de 500 desplazados; en Pantelhó siguen desaparecidas 19 personas, mientras las colectivas reportan más de 3 mil desaparecidos y más de mil 600 muertes violentas a partir de 2016 en la entidad.
Por otra parte, el conflicto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que inició el 1 de enero de 1994, nunca se resolvió y a la fecha sigue vigente en la zona indígena, donde persiste un cinturón de pobreza, falta de oportunidades económicas y el nivel de educación es mínimo.
En el municipio de Chicomuselo, organizaciones como Otros Mundos y otras denuncian la intención de la apertura de la mina que explotaba mineral barita, clausurada en 2009 durante el gobierno de Juan José Sabines Guerrero. Pobladores declararon al municipio libre de minería; la lucha por el cierre provocó el asesinato del líder social Mariano Abarca Roblero en ese año. Las comunidades se mantienen alertas para impedir cualquier reactivación de los trabajos de extracción.
En la remunicipalización de Honduras de la Sierra persiste la intención de tres ejidos: Ángel Díaz, Cerro Perote y Santo Domingo La Cascada, de reincorporarse al municipio de Siltepec, tras ser desincorporados de este último. Consideran que continúan viviendo sin servicios básicos, en mayor pobreza y marginación.
Este problema se ha agravado debido a la invasión de tierras, la tala ilegal y la extracción de recursos naturales por grupos armados. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que el territorio en disputa pertenece a Oaxaca, por lo que el conflicto, la violencia y la inconformidad continúan.
Ante esto, el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Guilmar Sarmiento Gutiérrez, expone que el gran problema es la falta de aplicación del Estado de Derecho e insiste que la SCJN no ha actuado conforme a derecho, mientras el gobierno de Chiapas tampoco ha defendido la soberanía de la entidad, por lo que el conflicto es antiguo y se ha intensificado a partir de 1994. “Recientemente se conmemoró 201 años de la Federación de Chiapas a México, pero no tenemos mucho que celebrar por este despojo de tierras que Oaxaca quiere consumar en agravio de Chiapas”, expresa.
Otro problema territorial interestatal se suscitó luego de que el Congreso del Estado creó en 2011, durante el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, el municipio Belisario Domínguez en los límites de ambos estados. El decreto fue combatido por el estado de Oaxaca en la SCJN, que emitió la sentencia 121/2012, concediendo al vecino estado las 160 hectáreas a finales de 2021. Sin embargo, la sentencia fue recogida y el conflicto está pendiente de resolver.
“Oaxaca nos quitó 160 mil hectáreas de tierras del noreste de Cintalapa y nadie hizo algo por Chiapas. La Barra Chiapaneca de Abogados acudió el 11 de julio de 2022 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de defensa y se generó una queja internacional en Washington que todavía está en proceso”, explica.
El doctor Jorge Antonio Orozco Zuarth, secretario de la Barra Chiapaneca de Abogados, dijo que los tres poderes del estado no han hecho algo por la defensa de la soberanía, y que la sentencia de la SCJN cercenó a Chiapas. Actualmente, el caso está parado en la SCJN, mientras Chiapas y Oaxaca reformaron en el sexenio pasado su Constitución para acatar la sentencia.
“Vamos a seguir con esta obligación de defender a Chiapas y en su momento acudiremos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nos hagan justicia y haya una defensa de nuestra soberanía, para que no sigamos siendo ignorados por la Federación”, indica Orozco Zuarth.
Indígenas tsotsiles del municipio de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas, demandan la reubicación de 14 familias en condiciones dignas. Fueron desplazados de manera violenta en mayo de 2016 del ejido Puebla, no han podido regresar a sus viviendas, perdieron sus tierras, bienes muebles e inmuebles, cosechas y viven hacinados en condiciones infrahumanas en un campamento en San Cristóbal de las Casas. La representante Aracely Cruz López exige justicia.
En 2016 fueron expulsadas 54 familias con más de 256 personas después de las elecciones del 2015 por no haber votado a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), siendo candidata a la presidencia municipalRosa Pérez Pérez, quien ganó la contienda y ejerció el poder tres años posteriores.
De los 19 desaparecidos en Pantelhó aún nadie sabe el paradero. La autoridad ha ofrecido recompensa por informes y el caso sigue abierto / Cortesía pobladores
En la acción violenta perdió la vida don Guadalupe Cruz por un proyectil de arma de fuego, y aún esperan atención de los tres órdenes de gobierno. Las víctimas han retomado la comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuentan con la medida cautelar número 361/2017 otorgada desde 2017, así como la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos número 90/2019.
La señora María López, en su lengua materna, explica que tras haber sido víctima de desplazamiento forzado y violento en su comunidad, el ejido Puebla, nunca más ha logrado regresar a su vivienda. Ahora llevan varios años solicitando atención y no lo han logrado. El grupo se dividió y hay quienes desean regresar, esperando que quienes lo hagan puedan encontrar paz.
Dijo que dejaron parcelas y casas y hoy no saben si alguien las ocupa o las ocupará. Lo que desea es que las familias decididas a volver sean atendidas por las instituciones; en su caso, cree que no hay condiciones para regresar y que probablemente ya nunca puedan retornar a la casa que ocupó en esa localidad.
En el municipio de Pantelhó, la disputa por el poder entre dos grupos causó el 26 de julio del 2021 la desaparición de 19 personas: Filiberto Aguilar Ballinas, Filiberto Aguilar Hidalgo, Isidro Mario Cruz Alcázar, Catarino Martínez Aparicio, Juan Ruiz Hernández, Alfonso Aguilar Morales, Luis Fernando Aguilar Moreno, Julio César Urbina Gutiérrez, Leovigildo Raúl Ramos Cancino, Alejandro Díaz Gómez, Luis Ángel Santiago Marcelo, Manuel de Jesús Ruiz López, Delmar Octavio Gallegos Alfaro, Miguel Ángel Díaz Monterrosa, Mariano Gómez Gómez, Juan Sántiz Pérez, Manuel Sántiz Gómez, Lucas Sántiz López y Mario Sántiz Hernández.
A 28 años de la matanza de Acteal, indígenas claman justicia y oran por sus muertos / El Heraldo de Chiapas
En septiembre de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) publicó una ficha de búsqueda y ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información sobre el paradero de los desaparecidos, mientras los familiares de las víctimas siguen desplazados en San Cristóbal de Las Casas.
En el municipio de Honduras de la Sierra, los ejidos Ángel Díaz, Cerro Perote y Santo Domingo La Cascada, con aproximadamente siete mil habitantes, insisten ante las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo en su desincorporación para regresar a pertenecer a su municipio de origen, Siltepec, en la Sierra Madre de Chiapas.
Esta inconformidad surge luego de que el 25 de abril de 2018 el Congreso del Estado de Chiapas aprobara la separación de estas tres localidades del municipio de Siltepec y creara Honduras de la Sierra, decreto que fue publicado el 2 de mayo de 2018. El ayuntamiento de Siltepec impugnó ante la Corte Suprema de Justicia de México, pero este órgano jurisdiccional validó el 3 de julio de 2019 la determinación del poder legislativo, aunque las localidades demandan la desincorporación.
Tendedero de desplazados del ejido Puebla Chenalhó, durante una protesta en Tuxtla Gutiérrez. / Isaí López / El Heraldo de Chiapas
En marzo de 2020, el Congreso del Estado nombró el primer concejo municipal de Honduras de la Sierra, siendo su primer presidente Noé Pérez Morales, uno de los promotores de la remunicipalización. El 1 de octubre de 2021 asumió un segundo concejo municipal de manera provisional, designado por el Congreso del Estado, ya que en 2021 no hubo elecciones locales, no se efectuaron elecciones extraordinarias en abril de 2022, y la primera elección se realizó hasta 2024. Una de las representantes, Esperanza Pérez Arriaga, afirma que en la remunicipalización realizada por el Congreso del Estado no se consultó a las comunidades.
El 22 de diciembre de este 2025 se cumplirán 28 años de la masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas, donde 45 personas fueron asesinadas y hubo 26 lesionados. Fueron inculpados 26 indígenas, quienes solicitaron amparo; a 20 de ellos les fue concedido el 12 de agosto de 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2012 fueron amparados los otros seis y fueron excarcelados, pero hoy sigue el reclamo de justicia.
La matanza, de acuerdo con juristas, se considera una consecuencia de la entonces política oficial para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenalhó, que habían adoptado el camino de la resistencia y buscaban la construcción de un gobierno propio.
Las instituciones del Estado en esa región tuvieron un papel importante en la escalada de violencia en Chenalhó; documentarlo permite entender la responsabilidad oficial en esta masacre, perpetrada por paramilitares, protegidos y armados por autoridades.
Campamento de desplazados en San Cristóbal de las Casas. / Isaí López / El Heraldo de Chiapas
Protegidos por la policía estatal y el Ejército, estos comités establecieron un régimen de terror, promoviendo programas sociales y repartiendo la ayuda estatal y federal a sus afines; lo que había iniciado en la zona norte en 1995, al formar el grupo Paz y Justicia, experimento militarizado que se extendió a los Altos y a la Selva.
Tras declaraciones e investigaciones de organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy se sabe que el entonces secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Jorge Hernández Aguilar, además de borrar las huellas de la masacre de Acteal, encabezó múltiples ataques a pueblos zapatistas, incluso disparó desde un helicóptero en San Pedro Nixtalucum en marzo de 1997. De esta manera, el gobierno “construía” la paz en Chiapas, sembrando polarización social y terror.
En la actualidad, se sigue señalando a los gobiernos como los principales responsables de esta masacre y “persiste falta de acceso a la justicia, dolor y tensión en la zona, por no alcanzar lo que tanto se ha luchado en el estado, en el país y en el extranjero, la justicia”, ha insistido en diferentes momentos la sociedad civil Las Abejas.
Por los caminos de la región sigue el miedo, temor, zozobra e intranquilidad, y persisten los recuerdos de las víctimas ante la presencia de extraños en la zona. Se ha dicho y escrito tanto sobre el caso, se han emitido resoluciones por parte de distintas instituciones, pero no se hace justicia, y nadie sabe realmente quiénes fueron los autores intelectuales y materiales.
Otro de los conflictos no resueltos en Chiapas, y que a últimas fechas ha sido muy visibilizado, es la desaparición forzada de personas, pues mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documenta más de mil 620 chiapanecos desaparecidos, las colectivas de familiares reportan que son más de 3 mil, señala la representante de la colectiva Madres Buscadoras, Isabel Torres.
La colectiva recientemente participó en un plantón en el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, frente a la Fiscalía General del Estado, en octubre, el cual realizaron con la promesa de realizar la búsqueda de campo en diversos municipios. Además, la colectiva documenta que han ocurrido más de mil 600 muertes violentas de 2016 a la fecha.
En Chiapas, en 2016 se emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, sin embargo, las medidas de prevención no han logrado detener la violencia hacia las mujeres; este año se suman 30 casos de feminicidio, por los que exigen justicia.
