Gobierno de Chiapas viola normatividad educativa al realizar pagos excesivos a docente

Auditoría Superior de la Federación informa que fueron más de 170 mil pagos indebidos por la Secretaría de Educación en el 2023

Reportan pagos indebidos en Secretaría de Educación — Suma más de 10.7 millones de pesos el daño de acuerdo con la auditoría a la Secretaría de Educación / Secretaría de Educación / El Heraldo de Chiapas

Isaí Flores

El gobierno del estado de Chiapas en el ejercicio de los recursos públicos en el 2023 infringió la normatividad educativa al realizar 70 mil 124 pagos a 14 mil 353 trabajadores de la educación por concepto de sueldos, material didáctico, material de apoyo académico, previsión social y despensa, superiores a los establecidos en el tabulador de sueldo modelo de educación básica.

El Informe de Auditoria Simplificados del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, explica que, en los programas de apoyos a centros educativos y organización de educación, también realizo pago a 24 trabajadores como decesos en el ejercicio fiscal 2023 p ejercicios fiscales anteriores, y pagos a 37 trabajadores que no fueron localizados.

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Abunda el informe que no se acreditó que laboraron en el periodo revisado, lo que generó un probable daño a la hacienda publica federal por un importe de 10 millones 758 mil 037 pesos con 0.1 centavos pendientes de aclarar, que representa el 0.5 por ciento del monto asignado, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.

La responsabilidad de los pagos sin sustento es la maestra Rosa Aidé Domínguez Ochoa, que se desempeño como secretaria de Educación del 8 de diciembre del 2018 al 7 de diciembre del 2024, en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, ahora cónsul de México y miami Florida Estados Unidos.

La fiscalización realizada al ejercicio fiscal 2023 del gobierno del estado por la Auditoria Superior de la Federación explica que se reviso un monto 2 mil millones de pesos que represento el 100 por ciento de los recursos transferidos al estado mediante el programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, la auditoria se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

Al 31 de diciembre del 2023 el gobierno del estado de Chiapas a cargo de Rutilio Escandón Cadenas comprometió y pago el total de los recursos asignados por 2 mil millones de pesos que represento el 100 por ciento.

En el ejercicio de los recursos infringió la normatividad, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Educación, Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y organizaciones de educación, a cargo de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaria de Educación Pública.

También es resultado del Convenio para la entrega de apoyo financiero extraordinario no regularizable a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de educación del ejercicio fiscal 2023, numero 1121/23, lo que genero un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 10 millones 758 mil 037 pesos con 0.1 centavos, que es equivalente al 0.5 por ciento del monto auditado.

Reitera la Auditoria Superior de la Federación que el gobierno del estado incumplo sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que, en el informe final que se remitió a la secretaria de Educación Publica, no se reporto el monto de los recursos aplicados por partida genérica, las metas alcanzadas ni los mecanismos para desarrollar fuentes de financiamiento alternativas de ingresos que permitirán a la entidad federativa alcanzar una mayor autosuficiencia.

En conclusión, el gobierno de Chiapas realizo un ejercicio razonable de los recursos del programa Apoyos a Centros y organizaciones de educación, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

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