Denuncian violencia económica y psicológica en Villa Las Rosas: 2024 de los más violentos

El año 2024 superó los 35 casos de 2023 y los 39 de 2022

municipio de chiapas — Villa de Las Rosas, Chiapas / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas

Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Ana Luisa Rincón Padilla, originaria de Veracruz, rompió el silencio para denunciar los 10 años de violencia económica y psicológica que ha sufrido a manos de su expareja, Augusto Cantoral Gordillo, residente de Villa Las Rosas, Chiapas.

Según su testimonio, Cantoral Gordillo ha utilizado su influencia y poder económico para evadir sus responsabilidades legales, dejando a Ana Luisa sin acceso a su patrimonio y con una deuda de más de un millón y medio de pesos en pensiones alimenticias.

En su relato, comentó cómo fue obligada a abandonar su hogar debido a la violencia. “Salí más muerta que viva, porque el señor es violento, me golpeaba, sufrí mucha violencia psicológica y me vi en la necesidad de escapar de mi casa”. Al huir, encontró refugio con una amiga, pero enfrentó problemas de salud graves. “Me fui a refugiar a casa de una comadre con una glucosa de más de 550 miligramos y con mi boca un poco de lado. Afortunadamente logré sobrevivir”.

Ana Luisa narró que al salir de su hogar, fue asesorada por un grupo de feministas, quienes la guiaron para presentar una demanda de pensión alimenticia en el juzgado segundo de Comitán. Sin embargo, describió el proceso como una experiencia aterradora. “Me moría yo de miedo, de terror, de enfrentarme a un tipo como ese, con todo el poder del mundo, porque económicamente tenía y tiene mucho dinero”.

víctima — Ana Luisa mujer violentada en Villa de Las Rosas / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas

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Pese a sus esfuerzos, asegura que la corrupción en el sistema judicial le ha impedido obtener justicia. “Le gané un amparo federal, donde el colegiado me otorgaba 9 mil 657 pesos mensuales durante el lapso que había durado el matrimonio, pero llevarlo a la realidad es imposible porque hay muchas autoridades corruptas y jueces corruptos que se prestan a ayudar a estos delincuentes de cuello blanco”.

sitio acordonado — Feminicidios en Chiapas / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas

Rincón Padilla explicó que durante el matrimonio lograron construir un patrimonio sólido, pero tras su separación, Cantoral Gordillo se apropió de todo. “Logramos hacer un patrimonio muy estable, entre ellos, pues 10 hectáreas de caña, que me corresponden cinco hectáreas a mí, la casa donde vivimos, que es casa mía porque está en el Registro Público de la Propiedad, y muchas cosas más que él se adueñó”.

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Ana Luisa denunció que el sistema judicial ha fallado en proteger sus derechos y acusó a jueces como Roberto Alfaro de favorecer a su expareja. “Es un terrible juez que donde quiera que esté, lo deberían de cesar, porque le hace mucho daño, mucho daño a mujeres como yo”.

Finalmente, Ana Luisa hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para que su caso sea atendido. “Soy la voz de una de tantas mujeres que necesitan apoyo y que necesitan ayuda. Exijo justicia, porque lo que me ha hecho este hombre no es justo ni humano”.

Colectivas feministas en Chiapas / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas

El caso de Ana Luisa se enmarca en un panorama preocupante para las mujeres en Chiapas. De acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (CEAMVLV), la entidad alcanzó máximos históricos en feminicidios durante 2024, con 40 casos registrados, superando los 35 de 2023 y los 39 de 2022.

La colectiva feminista “50 más 1” denunció que cerca del 30% de las víctimas de feminicidio en 2024 fueron mujeres migrantes, con casos concentrados en localidades como San Cristóbal de las Casas, Tapachula, San Juan Chamula, Tuxtla Gutiérrez y la región frailesca. Desde la activación de la Alerta de Violencia de Género en 2016, solo siete de los 124 municipios de Chiapas han implementado acciones específicas.

protesta de feminicidios — Feminicidios sin justicia Tuxtla / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas

Además, señaló que solo siete carpetas de investigación han logrado judicialización, evidenciando la ineficacia de las políticas gubernamentales para combatir la violencia de género.

La escalada de feminicidios y la limitada judicialización de los casos evidencian un vacío en las políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia de género. Ante esta realidad, colectivos y activistas reiteran la necesidad de una revisión profunda de las estrategias gubernamentales y una mayor coordinación interinstitucional para proteger a las mujeres en Chiapas.

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