Denuncian represalias por parte de la directora y señalan afectaciones a estudiantes con discapacidad tras la suspensión del servicio de atención especial
Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
Padres de familia de la Escuela Primaria Cámara Nacional de Comercio (CANACO) denunciaron en conferencia de prensa diversas irregularidades que, aseguran, se arrastran desde hace un año, luego de la destitución de una maestra del programa USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular). A raíz de ello, al menos 16 familias con niñas y niños con discapacidad se quedaron sin atención especializada, por lo que exigen la restitución inmediata de la docente.
Según los denunciantes, la situación se ha agravado por presuntas represalias ejercidas por parte de la directora del plantel contra quienes han solicitado el restablecimiento del servicio. “Los niños, incluida mi hija, se quedaron sin clases durante cinco meses. Cinco meses que representan un retraso para todos los niños con discapacidad”, denunció Héctor Milton Flores Aguilar, padre de familia y presidente del comité de padres.
Agregó que, al constatar la afectación directa al alumnado, promovieron un juicio de amparo contra el cambio de la maestra Rosario, responsable del programa USAER. “El 19 de diciembre, el juez federal resolvió a favor de los padres y restituyó los derechos de nuestros menores hijos para acceder a una educación incluyente”, informó.
No obstante, los padres señalaron que, pese a la resolución judicial, la dirección escolar no ha cumplido con la reincorporación de la docente. “Aquí está el oficio asignado por el consejo técnico, donde dicen que ya no hay buena relación con la maestra. Eso no es una justificación legal para dejar sin maestro a niños con discapacidad”, sostuvo Flores Aguilar.
Además, acusaron otras represalias, como la obstrucción del funcionamiento del nuevo comité de padres, cuyo registro formal fue retrasado entre dos y tres meses. Según el presidente del comité, esto impidió la actualización de firmas para operar la cuenta del Banco del Bienestar, donde se gestionan los recursos escolares. “La misma directora y su servidor tenemos de forma mancomunada la firma del banco. Ninguno puede mover dinero sin la firma de los tres. Entonces, la directora siempre ha tenido conocimiento de la ejecución del gasto”, explicó.
Uno de los casos más graves, señalaron, ocurrió con un menor con diagnóstico de TDAH y dentro del espectro autista, cuyos padres decidieron retirarlo del plantel luego de que la directora les informara que el servicio USAER ya no existía.
En otro caso, una alumna con discapacidad motriz, quien anteriormente era acompañada por su madre para subir al salón ubicado en el segundo piso, sufrió un accidente al serle negado el acceso. “La niña, pese a su condición, entraba cargando la mochila y subía las escaleras. En una ocasión, la menor se cayó”, relataron.
Los padres exigen la reinstalación inmediata del programa USAER, la restitución de la maestra Rosario y la destitución de la directora del plantel, a quien acusan de represalias, discriminación y de obstaculizar el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. “Lo que pedimos es que nuestros hijos puedan ser incluidos, y no ser segregados”, puntualizó Flores Aguilar.
