Denuncian altos costos de producción, informalidad y falta de vigilancia como obstáculos para estabilizar el precio en 17 pesos
Isaí Flores
Industriales de la Masa y la Tortilla en Chiapas rechazaron la propuesta del Gobierno Federal de estabilizar el precio de la tortilla en 17 pesos por kilogramo, al señalar que no existen las condiciones para implementarla. Además, lamentaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no haya presentado alternativas para reducir los costos de producción, como el precio del gas, agua potable, energía eléctrica, así como de la harina —que se cotiza en 18 mil 500 pesos la tonelada— y del maíz, con un precio de 10 mil pesos por tonelada, ambos con costos diferenciados en el país.
Eliaquín Velasco Anzueto, presidente de la asociación civil Somos Chiapas, afirmó que no es viable bajar el precio de la tortilla a 17 pesos, ya que los insumos y servicios siguen teniendo altos costos, al igual que las refacciones para mantener en operación las tortillerías.
En conferencia de prensa, explicó que no se trata de vender caro por afectar al consumidor. En Chiapas, el precio del kilogramo de tortilla varía entre 12 y 27 pesos, dependiendo del lugar. Sin embargo, uno de los principales problemas es el crecimiento de empresas informales, aunado a la falta de inspección y vigilancia por parte de los tres niveles de gobierno.
“El planteamiento de la presidenta de reducir el precio no es viable en Chiapas. Como industriales, no podemos bajar el 10 por ciento que propone, porque enfrentamos el incremento salarial del 12 por ciento este año, además del alza de todos los insumos. En Chiapas, el 99.9 por ciento de las tortillerías usan harina, y esta tiene un precio muy elevado”, advirtió.
Informó que, de 8 mil tortillerías en el estado, el 60 por ciento son informales. Tan solo en Tuxtla Gutiérrez, de mil 200 empresas, más de la mitad operan fuera de la legalidad. Lamentó que no haya acciones de vigilancia ni regulación por parte de la Profeco, la Cofepris o el ayuntamiento, y que no se aplique la Norma Oficial Mexicana 187, que regula las condiciones de sanidad y calidad.
Acompañado por representantes industriales de varios estados, criticó que los negocios informales improvisan espacios, carecen de permisos y no ofrecen condiciones dignas, mientras que los establecimientos formales pagan salarios, impuestos y prestaciones. Por ello, exhortó a las autoridades a restablecer el orden y establecer una negociación a nivel nacional con el Gobierno Federal.
Indicó que no existen subsidios y que la propuesta presentada al Congreso del Estado para estabilizar el precio en 17 pesos fue elaborada sin consultar a los industriales. Recordó que desde 1998 el precio de la tortilla está liberado y que no existe una estrategia efectiva para establecer controles.
Por su parte, José Luis Gómez Aguilar, consejero de la Industria Somos Chiapas, recalcó que en el estado no hay condiciones para reducir precios y que esta realidad debe ser comprendida por el Gobierno Federal. “Hay precios diferenciados, lo que pide la presidenta no es factible, y en zonas como Frontera Comalapa, incluso se paga ‘derecho de piso’ debido a la inseguridad”, denunció.
Finalmente, Abel Hernández Oliva, presidente nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, afirmó que la propuesta del Gobierno Federal no convence, ya que el llamado “acuerdo nacional” solo exige que las tortillerías bajen precios, pero no exige lo mismo a los demás eslabones de la cadena productiva, como la industria harinera, las refaccionarias, o los proveedores de energía eléctrica, agua, gas y otros insumos, cuyos costos son volátiles y afectan directamente al precio final del producto.
