Las acciones se realizaron en Villa Allende y San Cristóbal de Las Casas por obras sin autorización
Isaí Flores
Por la remoción de 2 mil 309.6 metros cuadrados de superficie forestal y la ejecución de obras sin autorización, la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) clausuró dos predios ubicados en áreas protegidas del estado de Chiapas.
De acuerdo con la dependencia, el pasado 2 de septiembre inspectores realizaron visitas en materia forestal y de impacto ambiental a un terreno dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Villa Allende, en el municipio de San Fernando, donde constataron la remoción de vegetación de selva baja caducifolia en mil 116 metros cuadrados.
En ese sitio, la Profepa detectó la construcción de diversas obras como pisos de concreto para un estacionamiento, una casa de madera, muros de contención y baños, todas realizadas sin autorización en materia forestal ni de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ante ello, la Profepa impuso la clausura total temporal de todas las obras y actividades en el terreno, levantando dos actas de inspección para dar seguimiento a los hechos en Villa Allende, ubicado en los límites de San Fernando y Tuxtla Gutiérrez.
Ese mismo día, y en atención a una denuncia ciudadana, la Profepa llevó a cabo otra inspección en el Área de Protección de Flora y Fauna Humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia, así como en el Sitio Ramsar Humedales de Montaña María Eugenia, en San Cristóbal de Las Casas.
En este predio se constató la construcción de casas de madera y concreto, rellenos de calles, además de la introducción de energía eléctrica y drenaje, lo que afectó una superficie de mil 193.68 metros cuadrados. Al no contar con autorización en materia de impacto ambiental, también se decretó la clausura total temporal de las actividades y se levantó el acta correspondiente.
La Profepa precisó que dará seguimiento a ambos casos y determinará las acciones administrativas conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Además, advirtió que estos hechos podrían derivar en sanciones administrativas y penales.
