Congreso de Chiapas aprueba decreto para dotar armas de alto poder a policías
La iniciativa fue presentada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al Congreso del Estado con el objetivo de dotar de armamento a las corporaciones de seguridad
La propuesta fue presentada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al Congreso del Estado el miércoles último, con la finalidad de dotar de armamento acorde a las fuerzas armadas para hacer frente a la delincuencia organizada que afecta a Chiapas.
La presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, inauguró la Feria Preventiva 2026 en San Cristóbal de Las Casas, destacando la importancia de fomentar la cultura de la prevención en hogares y escuelas
El Congreso de Chiapas aprobó en sesión extraordinaria una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que será presentada ante el Congreso de la Unión / Secretaria de Seguridad del Pueblo
El Congreso del Estado aprobó, en sesión extraordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el cual será presentado ante el Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de portación de armas reservadas para uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.
El objetivo de la reforma al artículo 8 Bis, propuesta por el Congreso del Estado, señala que la Secretaría tiene la atribución de otorgar, negar, suspender o cancelar los permisos de adquisición y licencias de portación de las armas reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, a las que se refieren los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, m y n del artículo 11 de dicha ley, para el personal operativo de los organismos de seguridad pública federal y de las entidades federativas. Para ello, las personas titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Poder Ejecutivo de las entidades federativas deberán justificar las razones y necesidades para emplear armamento de esa competencia y volumen de fuego.
Para tales efectos, deberán cumplirse los siguientes requisitos: I. Solicitud de la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o del Poder Ejecutivo de la entidad federativa. V. Certificado individual vigente del personal operativo al que se asignará el armamento solicitado. VI. Una vez que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determine que se ha cumplido el objetivo que originó la solicitud de adquisición y portación de las armas a que se refiere el primer párrafo de este artículo, estas deberán ser transferidas por donación a la Secretaría o, en su caso, quedarán bajo resguardo de la instalación militar que determine la propia Secretaría.
Diputados locales avalaron un proyecto de decreto para regular la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas por corporaciones de seguridad pública / Secretaria de Seguridad del Pueblo
La propuesta establece en el artículo 11 Bis que se prohíbe a personas ajenas a la Fuerza Armada Permanente la posesión, portación y uso de armas, cargadores, municiones, materiales, accesorios, ingenios o vehículos blindados previstos en el artículo anterior, así como vehículos particulares modificados con cualquier tipo de blindaje y adaptados para uso de armamento, con excepción de los permisos de adquisición y licencias de portación a que se refiere el primer párrafo del artículo 8 Bis de esta ley.
En el artículo 29, se establece que la licencia oficial colectiva para la portación de armas puede expedirse a: I. Las instituciones policiales y de procuración de justicia federal y de las entidades federativas, así como a los organismos que, por sus funciones de carácter público, justifiquen las razones y necesidades para emplear armamento y volumen de fuego a que se refiere el primer párrafo del artículo 8 Bis de esta ley.
B. En el caso de las instituciones policiales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas serán el conducto para solicitar a la Secretaría la expedición de la licencia oficial colectiva, la cual deberá solicitarse para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respectivas. Estas solicitudes deberán resolverse en un plazo no mayor a sesenta días posteriores a su presentación.
C. Las instituciones policiales y de procuración de justicia federal y de las entidades federativas, así como los organismos que justifiquen sus funciones de carácter público, podrán otorgar licencias colectivas a su personal operativo inscrito en el registro que establezca la ley en la materia, con credenciales foliadas de identificación personal, por lapsos de dos años, las cuales, durante su vigencia, se asimilarán a licencias individuales.
La Cámara del Congreso de la Unión a la que se turnará la iniciativa de decreto tendrá la responsabilidad de analizar, aprobar o desechar la propuesta, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, 72, 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No asistieron a la sesión extraordinaria los diputados de Morena Ervin Leonel Pérez Alfaro y del Partido del Trabajo María Reyes Diego Gómez, quien además es vicepresidenta de la Mesa Directiva. Los diputados Javier Jiménez Jiménez, del Partido del Trabajo; Mario Francisco Guillén Guillén, de Morena; y Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del PAN, pidieron respaldar el proyecto de decreto al considerar que las familias han pagado con sangre una de las etapas más violentas que ha vivido el estado.
Durante el sexenio pasado, Chiapas sufrió la presencia de grupos delictivos organizados, principalmente en los años 2023, 2024 y 2025. Los municipios más afectados fueron La Concordia, Montecristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Amatenango de la Frontera, Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores, Villacorzo, entre otros.
El propósito de la iniciativa del mandatario estatal y del decreto aprobado por el Congreso del Estado es que el Congreso de la Unión lo analice y apruebe, a fin de que las policías de Chiapas puedan portar armas de uso exclusivo de las fuerzas federales para hacer frente a la delincuencia.
