La diputada Jovannie Maricela Ibarra plantea reformar la Constitución estatal para garantizar que funcionarios de seguridad y procuración de justicia prioricen su encargo
Isaí Flores
La diputada del Partido Acción Nacional, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, presentó al pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional político-electoral sobre “Justicia y Seguridad Prioritaria”. La propuesta plantea aumentar de 90 días a tres años el tiempo mínimo para que los titulares estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia en Chiapas se separen del cargo antes de aspirar o contender a un puesto de elección popular.
De manera precisa, la iniciativa propone reformas y adiciones a los artículos 40, 52, 80 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de requisitos y temporalidad para que dichos funcionarios sean elegibles. Introduce reglas más estrictas de separación del cargo, especialmente para figuras cuya función exige imparcialidad absoluta, como los titulares de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y las secretarías de seguridad pública municipales.
Ibarra Gallardo explicó que la exigencia de separarse tres años antes de cualquier elección responde a un principio elemental: quienes tienen poder sobre la seguridad, la justicia o la operación del gobierno no pueden competir de manera inmediata por un cargo de elección popular sin poner en riesgo la seguridad nacional y la de las y los chiapanecos.
La reforma establece que los titulares de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y las secretarías de seguridad pública municipales no podrán ser candidatos a ningún cargo de elección popular hasta después de haberse separado del encargo o haber concluido su gestión.
La diputada documenta que, con esta medida, se busca proteger la autonomía funcional de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad. El objetivo es claro: que los responsables de la seguridad y la justicia en Chiapas tengan como única prioridad el encargo para el que fueron designados durante su gestión.
La situación que enfrenta México y Chiapas en materia de inseguridad hace necesario establecer compromisos firmes y absolutos en la materia. Ibarra Gallardo destacó que el Congreso exige garantizar que quienes conducen la seguridad y la procuración de justicia tengan claridad de que, en medio de la grave crisis que atraviesa el país, su encargo no admite distracciones ni desvíos políticos. Aunque Chiapas ha avanzado en la recuperación de la paz, sería un grave error desviar la atención del objetivo más urgente de las familias: vivir seguras.
Además, Chiapas ocupa una posición estratégica por su geografía: es frontera, por lo que es prioridad de seguridad nacional. Aquí se define no solo la tranquilidad de las comunidades, sino también la contención del crimen transnacional, de flujos ilegales y amenazas que buscan ingresar al resto del país. Por eso, quienes cuidan la seguridad deben estar comprometidos exclusivamente con su función.
Las familias, señaló Ibarra, necesitan funcionarios totalmente comprometidos con la seguridad y la justicia, sin distracciones políticas ni riesgos de judicializar aún más la vida democrática. Los titulares de estas funciones conocen a la perfección la geografía del estado, así como sus realidades políticas, culturales, económicas, sociales, étnicas, hidrológicas y de migración, que impactan en los más de 400 kilómetros de zona fronteriza.
Quienes acepten la responsabilidad de procurar justicia y garantizar seguridad en Chiapas deben hacerlo conscientes de que ese será su único objetivo personal. La propuesta busca demostrar que en Chiapas los compromisos son mayúsculos, y que la delincuencia y el crimen organizado nunca estarán por encima de la seguridad, la justicia y la paz que demandan las familias chiapanecas.
Esta iniciativa no es una medida electoral o administrativa; responde al clamor de miles de chiapanecas y chiapanecos que viven con miedo y han visto cómo la delincuencia afecta su vida cotidiana y limita su libertad. También busca fortalecer instituciones sólidas, capaces de actuar sin presiones políticas ni tentaciones personales.
Finalmente, Ibarra Gallardo recordó que Chiapas es la puerta principal de México, y que si aquí fallan las instituciones, se compromete la seguridad de todo el país. Por ello, la reforma no limita derechos políticos, sino que garantiza el derecho más importante de todos: vivir sin miedo.
