Pese a un gasto histórico que supera los 333 mil mdp, Chiapas mantiene altos niveles de abandono escolar, rezago en infraestructura educativa y falta de cobertura
Isaí Flores
A pesar de que Chiapas ha incrementado de manera histórica la inversión pública en educación durante la última década, los indicadores de rezago educativo, deserción escolar y falta de cobertura continúan evidenciando profundas deficiencias en el sistema. Entre 2015 y 2025, el estado destinó al sector educativo más de 333 mil millones de pesos, sin que este aumento se haya reflejado en una mejora sustancial del nivel educativo ni en la erradicación del abandono escolar.
Datos oficiales señalan que el presupuesto destinado a educación pasó de 23 mil 639 millones de pesos en 2015 a 48 mil 316 millones de pesos en 2025, prácticamente el doble en un periodo de diez años. El crecimiento del gasto ha sido constante, con incrementos más pronunciados a partir de 2021, lo que confirma que el sector educativo ha sido prioritario en la asignación de recursos públicos.
Sin embargo, la deserción escolar se mantiene entre 4 y 6 por ciento de una matrícula total de un millón 800 mil estudiantes en todos los niveles educativos. Aunque el gobierno sostiene que los programas sociales y el sistema de becas han contribuido a reducir el abandono, los resultados siguen siendo limitados. En 2024, la beca Rita Cetina ejerció en Chiapas 9 mil 120 millones de pesos, con apoyos bimestrales de mil 900 pesos por alumno de secundaria, sin que ello haya logrado erradicar el problema.
Además del abandono escolar, persisten serias deficiencias en el nivel medio superior y superior, donde la cobertura es insuficiente y las oportunidades de empleo para los egresados son escasas, tanto en el sector público como en el privado, lo que limita la movilidad social y refuerza el ciclo de pobreza.
En términos presupuestales, la Secretaría de Educación ejerció 23 mil 639 millones 966 mil 747 pesos en 2015; 23 mil 864 millones 277 mil 062 pesos en 2016; 25 mil 180 millones 040 mil 474 pesos en 2017; y 26 mil 550 millones 306 mil 442 pesos en 2018. Para 2019, el gasto ascendió a 27 mil 958 millones 006 mil 097 pesos, mientras que en 2020 fue de 28 mil 885 millones 903 mil 369 pesos.
En 2021, la asignación presupuestal alcanzó 30 mil 503 millones 979 mil 797 pesos, en 2022 fue de 30 mil 757 millones 528 mil 393 pesos, para 2023 se destinó 32 mil 542 millones 082 mil 147 pesos, en 2024 el monto subió a 35 mil 167 millones 199 mil 186 pesos, y finalmente, en 2025, el presupuesto se incrementó de forma notable hasta 48 mil 316 millones 760 mil 599 pesos.
Pese a este crecimiento, autoridades educativas reconocen que decenas de miles de estudiantes abandonan cada ciclo escolar el sistema educativo. El subsecretario de Educación, Gilberto de los Santos Cruz, afirmó que la deserción “se ha logrado abatir” y actualmente se ubica entre 4 y 6 por ciento, una cifra que calificó como mínima en comparación con sexenios anteriores, aunque admitió que no existe un dato completamente preciso.
En contraste, organizaciones civiles, sindicatos y académicos coinciden en que la deserción escolar sigue siendo un problema estructural, particularmente en comunidades rurales e indígenas, donde factores como la pobreza, la lejanía de los planteles y la necesidad de incorporarse tempranamente al trabajo continúan expulsando a niñas, niños y jóvenes de las aulas.
A este escenario se suma un rezago severo en infraestructura educativa. Más del 80 por ciento de las más de 20 mil escuelas que existen en Chiapas requiere rehabilitación, mantenimiento o reconstrucción. En numerosas comunidades, los planteles carecen de servicios básicos y enfrentan problemas legales por la falta de regularización de los terrenos, lo que impide la construcción de nuevas aulas. Las propias autoridades reconocen que la expansión de la matrícula no ha sido acompañada de la inversión necesaria en infraestructura.
Otro factor crítico es el déficit de personal docente. El magisterio ha denunciado la falta de más de 3 mil plazas, principalmente en el sector indígena, lo que deja sin atención educativa a miles de estudiantes. A ello se suman adeudos históricos con trabajadores de la educación que superan los 500 millones de pesos, así como el caso de al menos 800 maestros interinos que no han recibido pago por servicios prestados desde hace varios años.
No obstante, organizaciones civiles, sindicatos y académicos coinciden en que la deserción sigue siendo un problema estructural, especialmente en comunidades rurales e indígenas, donde la pobreza, la falta de escuelas cercanas y la necesidad de incorporarse tempranamente al trabajo continúan expulsando a niñas, niños y jóvenes del sistema educativo.
Uno de los principales ejes de la política educativa ha sido el otorgamiento de becas. Tan solo en 2024, la beca Rita Cetina ejerció en Chiapas más de 9 mil 120 millones de pesos, con apoyos bimestrales de mil 900 pesos por alumno de secundaria. El objetivo es garantizar la permanencia escolar, aunque los resultados siguen siendo limitados. A pesar del gasto millonario, el abandono escolar no ha sido erradicado y persisten serias deficiencias en el aprovechamiento académico, sobre todo en los niveles medio superior y superior, donde además faltan opciones educativas y oportunidades laborales para los egresados.
A ello se suma un rezago profundo en infraestructura. Más del 80 por ciento de las más de 20 mil escuelas que existen en Chiapas requiere algún tipo de rehabilitación, mantenimiento o reconstrucción. En muchas comunidades, los planteles carecen de servicios básicos y enfrentan problemas legales por la falta de regularización de los terrenos, lo que impide la construcción de nuevas aulas o espacios educativos. La expansión de la matrícula, reconocen las propias autoridades, no ha sido acompañada por la inversión necesaria en infraestructura.
El déficit de personal docente es otro de los factores que impacta directamente en la calidad y cobertura del servicio educativo. El magisterio ha denunciado la falta de más de 3 mil plazas, principalmente en el sector indígena, lo que deja sin atención a miles de estudiantes en comunidades marginadas. A este problema se agregan adeudos históricos con trabajadores de la educación que superan los 500 millones de pesos, así como el caso de al menos 800 maestros interinos que no han recibido pago por servicios prestados desde hace varios años, una situación que refleja desorden administrativo y malas prácticas dentro del sistema.
“La exigencia es a los gobiernos federal y estatal sobre los recursos humanos, la aspiración es que se pueda lograr la asignación de nuevas plazas para atender a niñas, niños y jóvenes que aún carecen de servicios básicos en sus localidades indígenas, las minutas de trabajo firmadas con la presidencia de la República no se han dado cumplimiento para la atención de las demandas del magisterio”, señala Isael González Vázquez, secretario general de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Añadió que las demandas del magisterio es integral, y lamenta que se haya cancelado la mesa tripartita que se traía con el gobierno federal y la CNTE, no se justifica reprimir a un movimiento que solo pide justicia y ahora le decimos al gobierno actual que la intención es buscar soluciones y tampoco se justifica la negativa a la mesa con Chiapas.
El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, confirmó que la deuda que registra esa institución del gobierno del estado con trabajadores de la educación alcanza los 500 millones de pesos, los afectados reportan pendientes de más de un sexenio, aunque no hay documentos que justifique los pasivos.
“Se está haciendo un acto de buena fe para el pago y esperamos iniciar lo antes posible, vamos a justificarlos y a saldar las cuentas. Hay pagos que no se han podido realizar en varios programas, el más lacerante creo que es Programación Detallada (Prodet), que estamos requiriendo su sustentación, hay un segmento que no es regularizable y yo lo estoy atendiendo de manera personal porque no hay papelería que pueda acreditar que la persona brindó un servicio”.
“Se les debe pagar, nosotros nos encontramos con una realidad burocrática, es decir, los interinatos se dan al por mayor y eso se presta muchas veces a malas prácticas lamentablemente, esa es la verdad, la realidad de la Secretaría de Educación, ya durante el 2026 vamos a poner los controles para que las personas interinas están realmente trabajando”.
El representante de maestros interinos, Diego Alejandro Solís Grajales, informó que al cierre de 2025 se adeudaban 150 millones de pesos a 800 docentes, correspondientes a mil 600 movimientos nominales generados entre 2013 y 2019. Denunció desorden administrativo y exigió una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
En el ámbito de la educación superior, el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), Javier López Sánchez, reconoció que persisten grandes deudas educativas con los pueblos originarios. Aunque destacó que en 2026 el 40 por ciento de la matrícula de esa institución será indígena, subrayó que el rezago sigue siendo grave desde la educación básica hasta la superior, así como el impacto del analfabetismo en comunidades indígenas.
El problema inicia desde la primera infancia. De acuerdo con Pacto por la Primera Infancia, en Chiapas más de 408 mil niñas y niños menores de tres años no tienen acceso a educación inicial, mientras que alrededor de 90 mil menores de entre tres y cinco años están fuera del preescolar. Apenas 1.8 por ciento de los menores de tres años accede a programas de educación temprana, una omisión que afecta su desarrollo cognitivo y desempeño escolar posterior.
“En el área de medicina en la UNICH no teníamos muchos estudiantes de los pueblos originarios, en el inicio del semestre de este 2026 vamos a llegar al 40 por ciento de nuestra matrícula de los pueblos indígenas de un total de 3 mil estudiantes, sin embargo, en la educación básica hace falta incorporar a las escuelas a miles de niños, niñas y adolescentes, también en el nivel medio y superior, mientras que el analfabetismo está impactando fuertemente en los pueblos originarios”.
El rezago comienza incluso antes del ingreso a la educación básica. De acuerdo con la asociación civil Pacto por la Primera Infancia, en Chiapas más de 408 mil niñas y niños menores de tres años no tienen acceso a educación inicial, mientras que alrededor de 90 mil menores de entre tres y cinco años están fuera del preescolar. Apenas el 1.8 por ciento de los menores de tres años asiste a algún programa de educación temprana, una omisión que tiene efectos directos en el desarrollo cognitivo y en el desempeño escolar posterior.
En el nivel superior, la situación no es distinta. Aunque se han creado nuevas instituciones y universidades, la cobertura sigue siendo insuficiente. Solo cuatro de cada diez jóvenes en edad universitaria logran acceder a estudios superiores, lo que obliga a miles a incorporarse al comercio informal o a actividades productivas de baja remuneración. Rectores y especialistas coinciden en que el analfabetismo, la deserción y la baja cobertura siguen golpeando con mayor fuerza a los pueblos originarios, donde la educación continúa siendo una deuda histórica.
Así, Chiapas enfrenta una paradoja educativa: nunca antes se había invertido tanto dinero en el sector, pero los resultados siguen siendo pobres. El aumento del presupuesto no ha logrado cerrar las brechas de desigualdad, mejorar la calidad del aprendizaje ni garantizar que todos los niños y jóvenes permanezcan en la escuela y accedan a mejores oportunidades de vida. La pregunta que queda abierta es si el problema radica en la cantidad de recursos o en la forma en que se están ejerciendo.
