Activistas acusan incremento de los hostigamientos
“Somos nosotros, los ciudadanos, quienes estamos protegiendo el agua y la vida. Y por eso nos atacan, nos amenazan, nos golpean. Hay órdenes de aprehensión, hay hostigamiento”, subrayó Gómez.
Una lucha muy compleja y desgastante: Daniel Pineda
En ese contexto, el ambientalista Daniel Pineda Vera, integrante del Colectivo Ciudadano por la Biodiversidad Heliomaster, afirma que la lucha por la naturaleza es cada vez más compleja y desgastante.
“Estamos actualmente en el contexto de una crisis social y ambiental, que es el resultado de décadas o siglos de malas decisiones que reflejan nuestra pésima interacción con la naturaleza”, señaló.
Sobre los riesgos, Pineda es enfático:
Aunque no ha recibido amenazas directas, no descarta que puedan presentarse. “Conocemos casos que de pronto son muy mediáticos, pero también hay casos aislados de los cuales no tenemos noticias. Es algo que sucede constantemente”.
El mono Saraguhato es una de las especies más perseguidas en Chiapas / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
Defender la vida y el territorio en Chiapas ha dejado de ser solo un acto de convicción: en muchos casos, es un riesgo que puede costar la vida. Así lo evidencian los hechos ocurridos durante 2018, uno de los años más críticos para ambientalistas y defensores del medio ambiente en la entidad.
Ese año, las intimidaciones, amenazas, aprehensiones y asesinatos hacia defensores tuvieron un repunte notable. El hallazgo sin vida de la activista ambiental Nora Patricia López León, encargada del proyecto de reproducción de la guacamaya roja en el Parque Ecoturístico “Aluxes”, sobre la carretera Palenque-Ocosingo, se sumó a la lista de otros dos activistas ultimados ese mismo año.
El 3 de enero de 2018, en Arriaga, fue asesinado Sinar Corzo, defensor de derechos humanos e integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de Piedra”. En 2013 ya había sido víctima de detención arbitraria por su lucha en favor del derecho al agua.
El 11 de junio, José Luis Álvarez Flores, defensor de la extracción arenera en el río Usumacinta y protector del mono saraguato, fue asesinado entre los límites de Tabasco y Chiapas. Su cuerpo fue hallado a unos 25 metros de la carretera Ejido Calatrava, municipio de Palenque. Al momento de su muerte, Álvarez Flores era responsable de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) enfocada en reducir los atropellamientos de esta especie endémica.
Especímen de mariposa Monarca en su paso por Chiapas / Cortesía / PROFEPA
Además, durante ese año, se registraron detenciones arbitrarias como la de Magaly del Refugio Ruíz, María Antonia Salazar y Óscar Armando Robles en Tuxtla Gutiérrez, por oponerse a la destrucción de un área verde. Mientras tanto, en San Cristóbal de Las Casas, la comunidad de la colonia Maya fue criminalizada por denunciar la deforestación para la construcción de un fraccionamiento privado.
Por todos estos hechos, el Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas (CEPAZ) informó que durante 2018 se intensificó el hostigamiento, la intimidación y la criminalización contra defensoras y defensores del agua y el ambiente.
Nicolás Gómez Velázquez, integrante del Consejo General de la Zona Sur y de los Humedales en San Cristóbal, denunció que al menos 60 defensores ambientales han sido amenazados por su lucha en defensa de los humedales de montaña María Eugenia y La Kisst, zonas clave que abastecen el 70% del agua de la ciudad y que están declaradas Área Natural Protegida desde enero de 2024.
“Al defender los humedales que representan el agua, hemos vivido ya amenazas de muerte y persecuciones”, advirtió Gómez Velázquez, quien forma parte de un movimiento ciudadano que desde hace más de 15 años se opone al avance de desarrollos inmobiliarios en esta reserva ecológica.
La preservación de abejas está en constante lucha por apicultores / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
En entrevista, el activista señaló que las amenazas comenzaron a intensificarse en 2015, año en que se liberaron órdenes de aprehensión contra los defensores. “Muchos de los que tienen intereses inmobiliarios en estas áreas son las mismas autoridades municipales”, acusó, señalando a exalcaldes y a la actual presidenta municipal por permitir el cambio de uso de suelo, incluso creando “grupos de choque” para fragmentar la resistencia comunitaria.
Denunció la criminalización de otras defensoras como Carmen Guillén Méndez, quien enfrenta una orden de presentación ante la Fiscalía de la Zona Altos por supuestamente despojar de tierras a una inmobiliaria. “Están acusando a una mujer defensora de despojar 55 hectáreas, cuando su colonia apenas ocupa tres y colinda con los humedales. Ella es guardiana del agua, no una invasora”, afirmó.
Los activistas acusan al gobierno local y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en Chiapas de estar coludidos con el cártel inmobiliario. “El funcionario de la Conanp en San Cristóbal ha permitido la urbanización a un año del decreto que protege los humedales. No notifican, no desalojan, no actúan”, señaló.
La conservación de cuencas es otra parte importante de la que muy poco se habla para su preservación / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
Gómez también responsabilizó a la empresa FEMSA-Coca-Cola por extraer más de un millón 400 mil litros de agua diarios de la zona, lo que agrava la crisis hídrica. “Denunciamos a la empresa por ese saqueo y por los efectos en la salud pública como la diabetes e hipertensión. Desde entonces también hemos sido amenazados por ellos”.
El Consejo General de los Humedales informó que han realizado reforestaciones, vigilancia comunitaria y denuncias formales ante la Profepa, la Procuraduría Ambiental, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, las agresiones y la impunidad continúan.
La extracción de material pétreo en los ríos de Chiapas es otra de las luchas constantes de los ambientalistas / Cortesía / PROFEPA
Finalmente, el defensor hizo un llamado a la presidenta municipal Fabiola Ricci, al gobernador Eduardo Ramírez y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para que actúen con firmeza. “Los delitos ambientales están tipificados en la ley. Rellenar, invadir o construir en los humedales es ecocidio. Y eso se castiga con cárcel. Solo pedimos que se aplique la ley y que protejan a quienes estamos defendiendo el agua de San Cristóbal”.
Asegura que la defensa del territorio implica múltiples dimensiones: formación científica, comunicación efectiva y resistencia emocional. “Muchas veces hay que actuar desde distintos frentes. Por ejemplo, tener las bases técnicas, las bases científicas que puedan sustentar esta lucha, y también el cómo interpretar esta información y poder hacerla llegar a los sectores que tienen que sensibilizarse”.
Algunas especies endémicas con el dragón de labios rojos se están perdiendo en Chiapas / Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
Para él, una de las dificultades principales es que los temas ambientales tienden a ser bastante ajenos para políticos, empresarios y funcionarios. Esto vuelve indispensable la formación en habilidades de diálogo y negociación, aún dentro del entorno más cercano. “Es tan difícil incluso incidir en nuestro círculo social más íntimo, como puede ser la familia, que por ende, no es como que podamos incidir en todos”.
Pineda Vera señala que, en lugar de “salvar al mundo”, el enfoque actual es adaptarse a un entorno ya alterado. “Hace 10 o 15 años hablamos de combatir el cambio climático. Hoy estamos en 2025 y ya no hablamos de combatirlo, hablamos de adaptarnos al cambio climático. Nos dimos cuenta que no actuamos a tiempo”.
El ambientalista lleva alrededor de ocho años en esta labor y considera que es fundamental que más personas reconozcan los retos de su propio territorio y actúen desde ahí. “Muchas veces se vuelca la responsabilidad hacia las personas y no hacia algo más sistemático. Eso nos hace ver estas problemáticas de manera muy simplista, muy banal, cuando realmente la problemática es muchísimo más compleja”.
“La lucha ambiental atenta contra ciertos privilegios de grupos bastante poderosos. Y como saben que pueden, su arma más efectiva es infundir el miedo, muchas veces a través de la pérdida de la vida, de la libertad, de quienes defienden lo que para todos los demás deberían ser derechos”.
Defensores ambientales, organizados en comités ciudadanos, documentan y denuncian los delitos ecológicos ante instancias federales / Cortesía / PROFEPA
Aun así, afirma que hay disposición de colaborar con instituciones y empresas, siempre que exista voluntad. “Nuestras opiniones pueden incomodar a las autoridades, al sector empresarial o a la ciudadanía, pero el gobierno tiene que entender que no todo se trata de aplaudirles”.
Para él, el reto es abandonar la visión sectorizada de las políticas públicas. “Muchas veces la naturaleza no opera de manera aislada. La naturaleza actúa de manera colaborativa, es así como también tenemos que actuar nosotros”.
Finalmente, recuerda que estas denuncias no son nuevas: “Hace 70 u 80 años, naturalistas como el doctor Miguel Álvarez del Toro y el doctor Faustino Miranda ya hacían llamados a los gobiernos. Y uno puede leer sus discursos y darse cuenta que siguen muy vigentes. La pregunta es si estamos todavía a tiempo para salvar a la naturaleza y a nosotros mismos”.
