Esto luego de que en las primeras semanas de enero se registró una serie de detenciones de exalcaldes y funcionarios municipales en Chiapas, principalmente en municipios de la Sierra Fronteriza.
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La Secretaría Anticorrupción colabora con diversas instituciones para asegurar que el presupuesto público sea utilizado de manera responsable y transparente / Facebook/Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene abiertas investigaciones contra servidores públicos y alcaldes por presuntos actos de corrupción en el manejo de recursos públicos. Tan solo en el último año, 96 funcionarios han sido sancionados, de acuerdo con datos oficiales de la propia dependencia.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, confirmó en entrevista que el sector salud, es una de las áreas que concentra mayores riesgos por su tamaño y presupuesto.
Detenciones recientes de exalcaldes y funcionarios en Chiapas evidencian el compromiso del gobierno estatal para frenar prácticas de corrupción a nivel municipal / Facebook/Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Romero Basurto subrayó que la Secretaría Anticorrupción tiene un carácter transversal y facultades para investigar en todo el aparato gubernamental. “Tenemos contralorías en todas las dependencias”, explicó, y añadió que actualmente se desarrollan investigaciones incluso en áreas estratégicas como el C3, relacionadas con certificaciones y procesos internos.
En cuanto a los casos de alcaldes detenidos, la secretaria aclaró que las detenciones no competen directamente a su dependencia, aunque reconoció que es un tema de conocimiento público. “Tengo entendido que se ha detenido al alcalde de Cintalapa y algunos funcionarios que pertenecían a esa administración”, mencionó.
El monitoreo y la revisión de los patrimonios de los servidores públicos de Chiapas será una de las prioridades en 2026, para prevenir el enriquecimiento ilícito / Facebook/Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
La captura más reciente ocurrió el lunes 5 de enero, cuando fuerzas de seguridad detuvieron a Ernesto “N”, quien hasta ese momento se desempeñaba como alcalde de Cintalapa. A este caso se suman José Antonio “N”, alcalde interino de Frontera Comalapa, y Rosember “N”, edil de Bella Vista.
José Antonio “N” fue detenido el 5 de enero de 2025, a casi tres meses de haber asumido el cargo de manera interina, tras la desaparición de Aníbal Roblero Castillo, alcalde electo, privado de la libertad el 3 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez. En tanto, Rosember “N” fue detenido el 30 de enero sobre la carretera federal Tuxtla Gutiérrez–Ciudad Cuauhtémoc, acusado de abuso de autoridad en agravio de la función pública y la sociedad.
A la lista se suman Erick “N”, tesorero municipal de Bejucal de Ocampo, y René “N”, secretario municipal de Villaflores, ambos detenidos por el delito de extorsión. También fue detenido José Luis “N”, exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán y secretario de la CIOAC, así como la reaprehensión de Enoch “N” el 5 de enero, quien ya había sido detenido en 2023.
La lucha contra la corrupción en el sector público sigue su curso con la sanción a más de 96 funcionarios, en un esfuerzo conjunto con la Fiscalía General del Estado. / FGE
En el caso de los municipios, la funcionaria reconoció que existe una limitante jurídica relacionada con la autonomía municipal, pero dejó claro que esta no exime a alcaldes y funcionarios de cumplir la ley. “Muchas veces las alcaldesas y los alcaldes creen que el presupuesto público es de ellos. No es así”, afirmó.
Precisó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la instancia que revisa puntualmente el uso de recursos municipales, mientras que la Secretaría Anticorrupción coadyuva como plataforma para detectar irregularidades. En ese marco, explicó que la dependencia sí puede sancionar la conducta del servidor público cuando se detectan faltas administrativas, incluso de manera inmediata, para evitar la repetición de malas prácticas.
Las sanciones administrativas se dan en paralelo a investigaciones penales que ya han derivado en detenciones, particularmente en el ámbito de la salud pública. La funcionaria destacó que el trabajo se realiza en coordinación directa con la Fiscalía General del Estado. “Han sido muy contundentes y trabajando de la mano”, dijo al referirse a las acciones emprendidas de manera conjunta.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continúa con sus investigaciones para garantizar el manejo transparente de los recursos públicos en Chiapas / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas
De acuerdo con la secretaria, durante el último año la dependencia a su cargo ha sancionado a 96 servidores públicos mediante inhabilitaciones, resultado de un esquema de colaboración interinstitucional reforzado desde febrero de 2025, cuando se firmó un convenio con la Fiscalía estatal. Ese acuerdo, sostuvo, ha permitido frenar prácticas que afectaban directamente a la población.
Entre los casos detectados mencionó irregularidades en sectores sensibles como salud y educación, así como la venta de plazas, una práctica que calificó como una de las más dañinas para la ciudadanía. “Tuvimos asuntos complicados en el tema de venta de plazas”, reconoció, al señalar que el trabajo conjunto con la Fiscalía permitió intervenir y evitar su continuidad.
Uno de los ejes que cobrará mayor fuerza en 2026 será el monitoreo de la evolución patrimonial de los servidores públicos. Romero Basurto adelantó que se iniciará un seguimiento más estricto sobre el crecimiento del patrimonio de funcionarios estatales y municipales. “El gobernador ha sido muy claro: no quiere nuevos ricos en Chiapas, no quiere gente que entra sin un centavo y sale con fortunas”, expresó.
Detalló que la ley faculta a la Secretaría para realizar análisis patrimoniales mediante muestreos, con el objetivo de detectar incrementos injustificados en bienes y recursos. Por ello, dijo, se ha insistido en el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales desde el inicio de la actual administración.
Finalmente, Romero Basurto informó que también se mantienen investigaciones en curso relacionadas con la certificación y profesionalización de las policías del estado, en coordinación con el C3. Sin dar detalles por el sigilo del debido proceso, señaló que el objetivo es revisar constancias, evaluaciones y perfiles. “La policía, así como los funcionarios, tienen que ser gente capacitada y evaluada para darle seguridad al pueblo de Chiapas”, concluyó.
Las acciones, sostuvo, continuarán en dependencias estatales y municipios, con la instrucción de evitar la repetición de prácticas que afecten a la población y de cerrar espacios a la corrupción en todos los niveles del servicio público.
