A casi un año de la agresión sexual, el presunto agresor podría quedar en libertad, mientras la denunciante asegura que no se ha realizado un careo en el proceso legal
Thiaré García / El Heraldo de Chiapas
Sara, madre de una menor víctima de agresión sexual, denunció que el proceso para acceder a la justicia se ha visto marcado por retrasos, trabas administrativas y actos de discriminación debido a su origen guatemalteco, a pesar de que reside desde hace 15 años en Tuxtla Gutiérrez y está casada con un ciudadano mexicano. A casi un año de los hechos, el caso no registra avances sustanciales y el presunto agresor podría salir en libertad.
La primera barrera, relató, ocurrió desde el inicio del proceso, cuando intentó presentar la denuncia ante la Fiscalía de la Mujer. “No quisieron que yo levantara la denuncia porque soy de otro país“, señaló. Ante esa negativa, fue su esposo quien formalizó el señalamiento para que el caso pudiera avanzar.
De acuerdo con su testimonio, el agente del Ministerio Público que se negó a recibirla fue identificado como Luis Abraham Abarca Gómez. “Me dijeron que yo no podía levantar la denuncia por mi nacionalidad porque yo era de otro país“, afirmó. Esa decisión, sostuvo, marcó el rumbo de un proceso que desde entonces ha sido lento y fragmentado.
Sara explicó que durante semanas no recibió información sobre el estado de la investigación y que fue tras una entrevista pública cuando personal de la fiscalía acudió a su domicilio para recabar datos adicionales. Posteriormente, su hija rindió declaración con apoyo de muñecos, debido a que presenta una discapacidad que le dificulta expresarse con claridad.
“Mi niña no sabe explicarse, no sabe hablar bien”, dijo. A raíz de ello, la defensa de oficio solicitó valoraciones especializadas y canalización al DIF, donde le pidieron estudios de neurología, psiquiatría y psicometría. Sin embargo, la madre señaló que no ha podido completar todos los estudios por falta de recursos económicos.
A estas dificultades se sumaron nuevos conflictos cuando, según relató, la defensa del presunto agresor solicitó tomar fotografías de su vivienda. “Yo tuve miedo (...) las fotos pueden utilizarlas para algo que no está bien“, expresó. Ante ello, su esposo y vecinos presentaron escritos para dejar constancia de su inconformidad y del contexto del caso, documentos que —asegura— no fueron aceptados por la autoridad.
Sara también denunció hostigamiento relacionado con su estatus migratorio. Afirmó que el defensor del señalado ha insinuado que podría ser reportada a Migración. “Yo sí he hecho mis papeles, no me he quedado así“, dijo, y precisó que desde 2016 cuenta con permiso de estadía y documentación que acredita su residencia legal en Chiapas.
De acuerdo con su testimonio, las restricciones por su nacionalidad han continuado en otras instancias. Relató que al buscar atención psicométrica para su hija, le indicaron que, al no ser mexicana, no podía realizar el trámite y que debía hacerlo su esposo. Aunque presentó identificación y documentos oficiales, aseguró que los procesos se mantienen detenidos y sin seguimiento.
Sobre la situación jurídica del presunto agresor, Sara dijo desconocer si se encuentra detenido. “Nos dijeron que sí estaba detenido, pero nunca lo hemos visto preso”, afirmó. Incluso, aseguró que personal de la fiscalía le confirmó que el imputado no está en prisión preventiva.
El impacto en la menor ha sido profundo. Sara narró que tras la agresión su hija perdió peso, dejó de comer con normalidad y comenzó a tener pesadillas recurrentes. “Sentía que esa persona llegaba y se la llevaba”, recordó. Con el inicio de terapias especializadas, dijo, la niña ha mostrado avances graduales en su comportamiento y convivencia familiar.
A casi un año de los hechos, el proceso continúa sin resoluciones claras. Una audiencia intermedia prevista para enero fue suspendida y, de acuerdo con la madre, no existe una nueva fecha definida. “No vemos el avance y así estamos”, resumió.
Finalmente, Sara pidió a las autoridades que actúen sin distinción. “Que hagan su trabajo, que hagan justicia”, expresó. Dijo que su exigencia no es solo por su hija, sino para que la condición migratoria no vuelva a ser un impedimento para que una víctima acceda a la justicia.
