Un 80 por ciento por las mujeres que ganaron elecciones en el 2024 no ejercen el cargo
Isaí Flores
Burguete Cal y Mayor insistió que en Chiapas persiste el techo de cristal que impide que la mitad de los municipios tengan presidentas municipales, lo que es violatorio a los principios constitucionales de paridad de género.
En el estado de Chiapas 103 personas síndicas y 335 son regidoras, pero muchas de ellas no ejercen en realidad sus cargos, seguramente un 80 por ciento, siendo desplazadas por las figuras masculinas de su entorno, muchas veces estas mujeres carecen de apoyo, protección y defensa del partido que las postuló, alertó la investigadora Ruby Aracely Burguete Cal y Mayor.
La directora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de San Cristóbal de Las Casas, explica tras un estudio realizado en Chiapas sobre el ejercicio de los cargos públicos, enfatizó que con frecuencia usan las redes sociales para la denuncia, ante la carencia de procedimientos legales e institucionales para su defensa y reparación.
En la actualidad, solamente 24 ayuntamientos, de un total de 124 municipios en el estado, son encabezados por mujeres, 22 presidentas por elección popular y 2 nombradas por el Congreso del Estado mediante consejo municipal; en el año 2015 fueron 33, yendo progresivamente en descenso, como tendencia, afirmó.
Hasta hoy día, en los pequeños municipios rurales e indígenas los partidos políticos entregan candidaturas a hombres, previo acuerdo, que el registro será con la credencial de elector de una figura femenina; cumpliendo de esta forma la paridad horizontal.
Esta práctica ha permanecido vigente en las elecciones de 2018; 2021 y 2024; como ha sido públicamente conocido, en los municipios Aldama y Amatenango del Valle; sin que estas figuras masculinas sean sancionadas.
El problema es tan grave que en estos municipios “la disputa electoral” se da entre nueve mujeres candidatas. Cualquiera de ellas ganará; pero ninguna ejercerá. Esta simulación y usurpación se presenta en todos los cargos del ayuntamiento, insistió la experta.
Usurpar el ejercicio de un cargo público es un delito que se castiga con prisión y/o multa; además puede constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando se comete en contra de una mujer electa. Esto, de acuerdo con el artículo 409 del Código Penal para el Estado de Chiapas, expresó.
Otros problemas parecidos enfrentan las mujeres regidoras; la mayoría de ellas no logra asumir el cargo, por acuerdo del Cabildo. Muchas de ellas han ido al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y, aunque regularmente, ganan los juicios; ninguna autoridad asume la responsabilidad de su reinstalación al cargo.
De esta forma, como se puede ver, las violencias ocurren no solamente en el registro simulado; sino también en el ejercicio del cargo usurpado. Se concentran aquí todas las violencias en contra de las mujeres; permaneciendo ignoradas por la autoridad, subrayó.
Sostiene que la práctica de los partidos políticos de obligar a estos pequeños municipios rurales e indígenas a registrar candidaturas de mujeres presidentas, les permite a los partidos políticos disponer de un reservorio de mujeres, para cumplir, de manera instrumental, con la paridad horizontal simulada. Quedándose los municipios más grandes en manos de candidaturas masculinas. Lo que es profundamente discriminatorio.
Subraya que el monopolio masculino de las candidaturas explica el rezago de los derechos políticos electorales de las mujeres en el ámbito municipal. La paridad efectiva en el ámbito municipal es una deuda en Chiapas. La brecha de género es persistente y palpable.
La reforma constitucional conocida como “paridad en todo” aprobada en el mes de junio de 2019 consolidó formalmente el modelo paritario en la organización del Estado, diseñado para alcanzar la participación real y efectiva de las mujeres en todos los espacios de poder y de decisión pública; incluyendo el municipio, por supuesto; tanto en el ayuntamiento como en la administración municipal, explicó Burguete Cal y Mayor.
El objetivo de la reforma “paridad en todo” es garantizar que todos los órganos del Estado en todos los niveles estén conformados de manera paritaria y que las mujeres participen en todos los espacios de poder, y de decisión pública. Omitir estos principios en Chiapas, como ocurre hasta hoy día, es discriminatorio, y en los municipios indígenas, adquiere rasgos de racialización, puntualizó.
