Autoridades realizaron un operativo en un inmueble del ejido Copoya, donde aseguraron presuntas sustancias ilícitas y objetos relacionados con delitos contra la salud
El accidente ocurrió en el Barrio San Francisco, presuntamente por una distracción; la conductora fue trasladada a un hospital y el inmueble presentó daños
Madera de pino asegurada en un operativo en Altamirano / Profepa
Chiapas es considerado uno de los pulmones de México. Sus selvas y bosques, que abarcan desde la Selva Lacandona hasta las montañas de Los Altos, han sido durante siglos refugio de biodiversidad y fuente de recursos para las comunidades. Sin embargo, la tala ilegal se ha convertido en uno de los delitos ambientales más graves que enfrenta el estado, con consecuencias que van más allá de la pérdida de árboles: erosión de suelos, afectación de fuentes de agua, desaparición de fauna y el debilitamiento del tejido social en comunidades donde el crimen organizado ha encontrado un negocio lucrativo en el tráfico de madera.
La explotación forestal en Chiapas no es nueva. De acuerdo con especialistas, desde mediados del siglo XX, con la apertura de carreteras y el impulso de la colonización agrícola en la Selva Lacandona, se intensificó la extracción de maderas preciosas como el cedro y la caoba. Durante décadas, la falta de regulación y la corrupción en los permisos forestales permitieron el saqueo indiscriminado.
En los años ochenta y noventa, organizaciones campesinas y comunidades indígenas comenzaron a denunciar la tala clandestina, particularmente en reservas naturales. El conflicto se agudizó con la expansión de los aserraderos clandestinos y la complicidad de autoridades locales. La falta de presencia institucional en regiones como la Selva y Los Altos facilitó el crecimiento de un mercado negro de madera que abastecía tanto a carpinterías locales como a redes de tráfico hacia otras entidades e incluso hacia Centroamérica.
Hoy, pese a mayores controles legales y a la creación de reservas naturales, la tala ilegal persiste. Según la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), Chiapas pierde anualmente alrededor del 2.4% de sus bosques, lo que significa la desaparición de miles de hectáreas cada año.
Reserva de la Biosfera Montes Azules del lado izquierdo, al otro lado del río Lacantún, en Marqués de Comillas, el contraste de la deforestación / Cortesía / Natura Mexicana A.C.
Los estudios de la SEMAHN identifican como especies más vulnerables al saqueo al cedro (Cedrela odorata), la caoba (Swietenia macrophylla), el pino (Pinus spp.), el roble (Quercus spp.) y el tzalam.
El cedro y la caoba, de alto valor en la ebanistería y muebles finos, son las más cotizadas en los mercados ilegales.
El pino, abundante y de bajo costo, es usado en construcción e industria.
El roble se utiliza en la producción de carbón, una práctica extendida en comunidades rurales.
El tráfico de madera opera con una cadena que inicia en los bosques, donde grupos talan sin permisos; continúa en aserraderos clandestinos que procesan la materia prima; y culmina en transportistas que intentan sacar los cargamentos con documentación falsa o sin papeles.
“Había mucha explotación de madera y durante muchos años no se había trabajado. Hoy hemos hecho unos 20 operativos aproximadamente y lo vamos a seguir haciendo. Son miles de metros cúbicos los asegurados en municipios como Altamirano, Margaritas y Ocosingo”.
Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que en los últimos nueve meses se han hecho los decomisos más grandes en la historia de Chiapas:
“Había muchas zonas que estaban talando sin autorización. Hoy tenemos patrullajes permanentes y hemos logrado entrar a comunidades donde antes no podían ingresar autoridades de ningún nivel. Estos decomisos, como los de Teopisca, son históricos”.
Vehículo transportando madera en el municipio de Altamirano / Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas
En mayo de 2025 se realizó un operativo interinstitucional en Altamirano, considerado el más grande contra la tala ilegal en Chiapas. El resultado fue el aseguramiento de 12 aserraderos clandestinos y la clausura de 14 centros de almacenamiento. El despliegue incluyó a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Ocosingo: detención de un conductor de tráiler que transportaba cerca de 4,687 piezas de madera sin documentación.
Las Margaritas: aseguramiento de tablas transportadas de manera ilegal y detención de un presunto responsable.
Tuxtla Gutiérrez: decomiso de 80 tablas de cedro y 60 piezas de huanacaxtle en un puesto de control carretero.
En Chiapas, de acuerdo con el artículo 419 del Código Penal Federal, este delito se castiga con hasta 6 años de prisión y multas de hasta 20 mil días cuando se trata de madera extraída de áreas naturales protegidas.
Sin embargo, especialistas advierten que las sanciones no son suficientes si no se acompaña de una estrategia integral que incluya vigilancia constante, alternativas económicas para las comunidades y un mercado formal competitivo frente al tráfico ilegal.
La pérdida anual de bosques afecta directamente a la captación de agua y a la regulación del clima. En un estado donde la agricultura de subsistencia depende de las lluvias, la deforestación incrementa la vulnerabilidad de las comunidades ante sequías e inundaciones.
Además, la tala ilegal ha estado vinculada con el fortalecimiento de redes delictivas que también operan en otros ámbitos como el tráfico de drogas, armas y personas. Esto convierte al ecocidio en un problema de seguridad pública, no solo ambiental.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, señaló que parte de la madera decomisada ha sido destinada a escuelas rurales y centros penitenciarios, según explicó el funcionario. Con ella se fabrican bancas y muebles básicos, buscando que los decomisos tengan un uso social y no se desperdicien.
La tala ilegal no solo representa la pérdida de árboles, sino la erosión de un recurso vital para la vida en Chiapas y en el país. Ante ello, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca dijo :“Si no tenemos árboles, no va a haber vida. El ser humano ocupa de los árboles para vivir, pero los árboles no ocupan de los seres humanos”, concluyó el fiscal.
