Una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado, las sanciones para quienes realicen este acto podrían incrementar hasta en diez años dependiendo de las condiciones en las que se cometa
Karla Isabel Carmona Espinoza
El dictamen de reforma del Código Penal del Estado, con el cual se buscaba incrementar las agravantes en torno al abuso sexual y la violación, así como determinar que podrá ser perseguido de oficio sin la necesidad de interponer una denuncia, fue aprobado de manera unánime por las y los integrantes del congreso chihuahuense, por lo que el abuso sexual podrá ser penado hasta con diez años de prisión, dependiendo de las circunstancias en las cuales se realice.
En un principio, la propuesta impulsada tanto por Morena como por el Partido del Trabajo (PT) incluía la posibilidad de excluir al abuso sexual como un delito que deja de investigarse una vez que la víctima otorga el perdón a su agresor; sin embargo, tras la última sesión de la Comisión de Feminicidios, se optó por eliminar este apartado, tras señalamientos de la Secretaría Técnica de endurecer demasiado las normas.
De pena base, señala el Código Penal del Estado, será una sanción de uno a siete años de prisión, así como una multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); esto, equivalente a 23 mil 462 pesos a 58 mil 655 pesos.
A partir de las agravantes, indica el dictamen, las sanciones podrán aumentar hasta en una tercera parte (si es abuso sexual) y dos terceras partes (si es violación) si se realiza en contra de una persona que se encuentre en estado de embarazo o puerperio, o si se comete contra personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
En el caso específico de menores de 14 años y personas con la incapacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena podría ser de hasta diez años de cárcel; a su vez, además de las penas y las multas se impondrá al responsable el cumplimiento de la reparación integral del daño, que deberá incluir las medidas previstas en la Ley General de Víctimas.
Gracias a la reforma aprobada, se establece que quien cometa el abuso sexual, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio agresor. También se considerará abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo.
Asimismo, no se considerará consentimiento si la voluntad de la víctima ha sido anulada o viciada. El o la responsable deberán, además de cumplir con las sentencias penales, acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia y/o prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública, a fin de favorecer medidas de no repetición y promover un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
