El especialista en criminología, José Carlos Hernández, señaló que uno de los problemas torales en la etapa de investigación, es precisamente la sobrecarga de trabajo
De acuerdo al especialista en criminología, José Carlos Hernández, los estándares internacionales señalan que cada agente del Ministerio Público, debería de tener una carga máxima de 70 a 80 carpetas de investigación; situación que incrementa los trabajos, con la entrada en vigor de la prisión preventiva oficiosa.
“En ese sentido, es importante destacar que de acuerdo a los estándares internacionales sobre el tema y en términos llanos nacionales, un ministerio público, ‘debería’ tener un máximo de setenta a ochenta expedientes de investigación, que en el caso de nuestro país, aquellos llegan a tener hasta novecientas carpetas”, citó.
Como dato adicional a estos estándares internacionales, agregó que, para ser integradas debidamente y que no impacte de forma negativa, primeramente en los autos de vinculación a proceso solicitados; luego en todo el proceso, esperando así, una sentencia condenatoria, los agentes no deben de tener una sobrecarga de trabajo.
Precisó que uno de los problemas torales en la etapa de investigación, es precisamente la sobrecarga de trabajo en la exigente y correcta integración de las diversas carpetas indagatorias. “Para nadie es un secreto que en México y en nuestro Estado, no hay recurso humano ni material suficiente para el adecuado desahogo de las mismas, abonando entonces, a los altos índices de impunidad que ya de por sí, permea en nuestro territorio”, citó en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.
Citó como ejemplo que el propio INEGI, ha declarado que de cada 100 delitos cometidos en nuestro país, sólo ocho se denuncian. “¡Ahora imaginemos, si la mayoría de los delitos, se denuncian! En ese temor, pues tendría que dedicarse por lo menos, el 55% del gasto público general, a la captación, capacitación, contratación y desarrollo laboral consecuente, de suficientes agentes del ministerio público, para tal efecto”, dijo.
Destacó que esta situación jurídica, administrativa y laboralmente congestionada, empeorará a mediano plazo, ya que está en vigor, la ampliación constitucionalmente expresa, de la Prisión Preventiva Oficiosa, que de 22 delitos que señala la misma Carta Magna, lo que nos conduce, a por lo menos 63 hipótesis delictivas en total.
“Sobresaturando una vez más, no sólo los actos de investigación criminal, sino la más puntual impartición de justicia, por parte de los órganos jurisdiccionales y consecuentemente, la hiper sobrepoblación que, desde luego, se presentará en el sistema penitenciario nacional. Todo esto, es un tema de grandes dimensiones, no sólo jurídicas, sino económicas, sociales y hasta de más expresiones de reincidencia antisocial, por parte de la delincuencia común y organizada, al no darse abasto, las autoridades ministeriales, con tantísimos y puntuales actos de investigación, a los que está obligado el estado mexicano.”, dijo.
