Denuncian negativa institucional para garantizar el aborto seguro en Chihuahua

Insistimos en que toda mujer o persona que desee interrumpir su embarazo acuda con grupos como Marea Verde Chihuahua, Aborto Seguro Chihuahua o Morres Autónomes, donde recibirá información y orientación con absoluto respeto y confidencialidad”: Mariela Castro

8M Mariela Castro — La activista Mariela Castro Flores, integrante de Marea Verde Chihuahua / Foto: Marea Verde Chihuahua

Paloma Sánchez

A pesar de los avances judiciales y de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Chihuahua las instituciones de salud continúan negándose a garantizar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a acceder a un aborto seguro y legal, denunció la activista y defensora de derechos humanos Mariela Castro Flores.

Mariela Castro es politóloga feminista, comunicadora, activista política, educadora popular, analista política en medios de comunicación impresos, electrónicos y de radio, conferencista. Ha sido asesora legislativa y es consultora experta en materia de perspectiva de género y derechos humanos, expuso que, aunque existen cuatro amparos ganados y una Declaratoria de Inconstitucionalidad que ordenan al Congreso estatal dejar sin efecto los artículos que criminalizaban el aborto, las autoridades sanitarias mantienen una política de negación.

“El problema es que a pesar de que por orden judicial y por una Declaratoria de Inconstitucionalidad, el gobierno estatal sigue violando la ley y a las instituciones, negándose a brindar los servicios de aborto voluntario cuando son solicitados”, expresó Castro.

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La activista explicó que, aunque el Hospital General de Chihuahua aparece en la lista de hospitales del IMSS-Bienestar con servicios de interrupción del embarazo, el nosocomio se encuentra bajo administración estatal, lo que ha generado una falta de coordinación y resistencia institucional.

“No brindar los servicios no solo demuestra su resistencia a cumplir con la ley, también la mala o nula relación que tiene el estado con la federación”, advirtió.

Mariela Castro recordó que en febrero de este año, la delegada del ISSSTE, Mayra Chávez, anunció que los hospitales de la institución brindarían el servicio de interrupción legal del embarazo, sin embargo, a la fecha no se ha concretado la implementación. La activista lamentó que los motivos esgrimidos por las autoridades resulten inconsistentes y dilatorios.

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“Dicen que no hay capacitación, que faltan insumos o que no se ha notificado formalmente que pueden practicarse abortos, pero eso es falso. Cuando se presenta un amparo resuelto, el procedimiento se realiza sin problema alguno”, subrayó.

Mariela Castro Flores sostuvo que esta negativa sistemática vulnera directamente los derechos reproductivos y el acceso a la salud, además de constituir un incumplimiento de mandatos judiciales y del propio Estado de derecho.

“Los pretextos son muchos: que el jurídico de la Secretaría de Salud del estado no ha notificado formalmente que se pueden practicar abortos, que el personal no ha sido capacitado (que es mentira, porque cuando se llega con el amparo resuelto se practican sin problema alguno); que no hay insumos (que tampoco es cierto porque el suministro de medicamentos necesarios está garantizado); que no hay una ruta de implementación (cuando sigue vigente el protocolo de aborto seguro emitido para todo el país por la secretaria de salud federal); entre otros, que tienen como finalidad dilatar lo más posible el procedimiento con la intención de que exceda el número de semanas de gestación permitidas por el plazo previsto en la ley para la interrupción del embarazo”, destacó .

Además, calificó como una violación a los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar que sistemas de salud pública como el ISSSTE, el IMSS y los Servicios Estatales de Salud se han negado consistentemente a brindar los servicios, y en esa misma situación se encuentra el IMSS-Bienestar, porque depende de la infraestructura estatal.

Ante este panorama, la activista destacó que las colectivas feministas y grupos mantienen una estrategia jurídica para garantizar el acceso a este derecho en defensa de la justicia reproductiva, para litigar y ganar todos los casos que acompañan a través del litigio estratégico, porque al negar el servicio el estado o la federación están violando derechos humanos -específicamente los reproductivos- y también, están violentando órdenes judiciales, a las instituciones judicial y el estado de derecho, por ello, es que en todos los juicios, el estado pierde.

Finalmente, Mariela Castro hizo un llamado a las mujeres y personas con capacidad de gestar a acercarse a organizaciones y redes que brindan acompañamiento gratuito y seguro.

“Insistimos en que toda mujer o persona que desee interrumpir su embarazo acuda con grupos como Marea Verde Chihuahua, Aborto Seguro Chihuahua o Morres Autónomes, donde recibirá información y orientación con absoluto respeto y confidencialidad”, concluyó.

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