Detienen a “El Peluchín”, presunto involucrado en caso de la Masacre LeBarón
La representación legal de la familia LeBarón solicitó la vinculación del acusado no sólo por homicidio, tentativa de homicidio y daños, sino también por feminicidio y terrorismo
La legisladora adelantó que en próximas semanas presentaría, en conjunto con varias distribuidoras de vales, una propuesta para reformar el Código Penal para tipificar el tipo de fraude que se comete con ellas
Se precisó que el número intenta contactar a la ciudadanía asegurando que se trata del diputado Jorge Soto Prieto, también vocero del PAN en la capital
Tres de las cuatro víctimas del atropello fuera del bar La Regina otorgaron el perdón al presunto agresor tras recibir compensaciones médicas y por daños. El caso no fue judicializado debido a un acuerdo reparatorio
“El Peluchín” es investigado por su presunta participación en los homicidios ocurridos el 4 de noviembre de 2019 / Foto: Tima Miroshnichenko / pexels.com
Tras el seguimiento de las investigaciones sobre el caso de la masacre LeBarón, ocurrida en noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República, logró asegurar a un nuevo posible involucrado en estos hechos, por lo cual fue puesto a disposición de un juez federal, para que sea juzgado por el delito de feminicidio.
Se trata de Pablo “N”, alias “El Peluchín”, quien es investigado por su presunta participación en los homicidios ocurridos el 4 de noviembre de 2019, en la zona de Bavispe, Sonora, donde perdieron la vida 9 personas entre niños y mujeres en un ataque donde varios pistoleros detonaron cerca de 3 mil balas en contra de estas víctimas.
Por primera vez desde que se inició el proceso judicial, la representación legal de la familia LeBarón solicitó la vinculación a proceso del acusado no sólo por homicidio, tentativa de homicidio y daños, sino también por los delitos de feminicidio y terrorismo. Este cambio fue ordenado por un juez de amparo, quien recordó a la Fiscalía General de la República (FGR) la obligación de investigar con perspectiva de género y debida diligencia en casos de violencia contra mujeres.
A pesar de esta instrucción, la FGR no formuló la imputación por feminicidio en la audiencia inicial, limitándose a los cargos previamente establecidos. No obstante, la representación legal pidió al juez retomar la reclasificación, argumentando que este enfoque es clave para esclarecer la verdad y hacer justicia integral. La resolución sobre esta solicitud se discutirá en una audiencia de continuación programada para el 28 de enero.
Pablo “N”, de 33 años, según informó la familia LeBarón, es originario de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, habría sido miembro activo de la célula criminal ‘La Línea’, brazo armado del cártel de Juárez, señalada como responsable del ataque. Según las autoridades, el detenido tenía una orden de aprehensión pendiente desde septiembre de 2021. Su captura ocurrió el 31 de diciembre de 2024 durante un enfrentamiento, y la orden fue formalmente ejecutada el pasado 22 de enero.
Este nuevo detenido se suma a un grupo de 37 personas vinculadas a la masacre, aunque hasta la fecha ninguna ha recibido sentencia. De este total, 12 enfrentan cargos por homicidio, incluidos los nuevos cargos contra Pablo “N”. La familia LeBarón espera que esta ocasión marque un avance significativo con la inclusión de las imputaciones por feminicidio y terrorismo.
Adrián LeBarón, padre de Rhonita, y activista social, expresó que las recientes resoluciones judiciales abren nuevas puertas para investigar la planeación y ejecución del ataque. “Ahora podemos explorar no solo el ataque en sí, sino también quién lo organizó, quién financia al grupo armado y quién dio la orden. Esto incluye ataques previos como el registrado en Agua Prieta el 3 de noviembre de 2019”, declaró.
De acuerdo con el relato de un testigo colaborador, los hechos habrían sido orquestados como parte de un conflicto interno entre grupos criminales que buscaban el control de rutas estratégicas para el narcotráfico. La investigación por terrorismo, que inicialmente fue desestimada por la FGR, fue ordenada por un juez de control el pasado 17 de enero, obligando a las autoridades a considerar este ángulo en el caso.