Exige FGE revisión del caso crematorio Plenitud tras liberación del dueño
Fiscalía presentará recursos de revisión y queja frente a los jueces del Poder Judicial Federal y los Órganos de Control
Velvet González
La Fiscalía General del Estado (FGE) exigió la revisión inmediata de la resolución emitida por un juez federal que, mediante un amparo, derivó en la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio “Plenitud”, donde fueron localizados 386 cuerpos.
En rueda de prensa, el titular de la dependencia, César Jáuregui, calificó la determinación como combatible y anunció que será impugnada por la vía legal correspondiente.
El fiscal informó que se presentará un recurso de revisión ante jueces del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de que se modifique la sentencia de amparo y se restituya el estado jurídico previo.
Asimismo, se interpondrá un recurso de queja ante los órganos de control del propio Poder Judicial para que se analice la actuación del juez que concedió la resolución.
“¿Qué hemos nosotros probado?, que había 386 cadáveres sin un tratamiento adecuado, que tenían en ese lugar no días, ni meses, años y bajo las condiciones más insalubres y probamos que a los familiares se les hizo entrega de urnas funerarias conteniendo restos que no correspondían a sus seres queridos”, comentó.
El Fiscal General explicó que, el Juez Federal que otorgó el amparo, se centró en dos cuestiones, como lo son los verbos rectores de los delitos, que son “ocultar” y “conservar”, lo que consideró no existe en este caso, pues los cuerpos no estaban escondidos.
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Jáuregui explicó que anteriormente el mismo juzgado había negado un amparo al considerar que los cuerpos llevaban meses, e incluso años, acumulados en condiciones insalubres, lo que representaba un riesgo sanitario para la comunidad juarense.
Sin embargo, en esta ocasión el juez otorgó la protección federal al centrar su análisis en los verbos rectores de los delitos, como “ocultar” y “conservar”, al estimar que no se configuraban en el caso concreto.
La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para acreditar que había 386 cadáveres sin tratamiento adecuado y que a varias familias se les entregaron urnas con restos que no correspondían a sus seres queridos, lo que, a su juicio, demuestra la existencia de dolo.
El funcionario señaló que ya se trabaja en una estrategia jurídica integral y reiteró el compromiso institucional de garantizar justicia a las familias afectadas.
Hasta el momento, la FGE ha logrado identificar 191 cuerpos, de los cuales 185 ya han sido entregados a sus familiares. Además, se han realizado 152 peritajes de ADN cuyos resultados se esperan en los próximos días.


























