Denuncian concesiones simuladas, exploración ilegal y presión a la comunidad; el caso será investigado por autoridades federales
Una comitiva del estado de Chihuahua acudió a la Ciudad de México para exponer ante el Gobierno Federal el conflicto generado por concesiones mineras otorgadas en territorio ejidal, un caso que arrastra años de irregularidades, violencia y resistencia comunitaria, informó el defensor de derechos humanos, Gabino Gómez Escárcega, tras la reunión sostenida con autoridades federales.
De acuerdo con lo expuesto, el conflicto gira en torno a concesiones otorgadas a la empresa minera Pozo Seco, de origen mexicano, la cual mantiene vínculos o filiales con la empresa canadiense Mag Silver. Desde 2012, esta última habría iniciado trabajos de exploración sin contar con permisos legales ni autorización de la asamblea ejidal ni de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La situación escaló cuando los ejidatarios se enteraron de que el proyecto contemplaba una explotación a cielo abierto, lo que generó una oposición organizada de la comunidad. Esa resistencia, según se denunció, derivó en un clima de hostigamiento, enfrentamientos y, finalmente, en el asesinato de dos integrantes del movimiento: Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, en octubre de 2012.
Hay que recordar que los cuerpos de los defensores del territorio fueron llevados hasta Palacio de Gobierno, donde denunciaron que la muerte del matrimonio era un crimen de Estado. Posteriormente, el 17 de noviembre de 2012, el ejido convocó a asamblea general, por unanimidad, el pueblo decidió que ninguna empresa minera entraría al ejido por cien años. El ejido ratificó su postura de rechazo total a la actividad minera en su territorio, acuerdo que se ha mantenido vigente pese a los intentos de las empresas por retomar el proyecto bajo distintos esquemas legales.
Recientemente, señalaron, se han detectado presuntos traspasos simulados de los derechos mineros. Mag Silver habría cedido las concesiones a Pan American Silver. De con los archivos periodísticos a Pan American Silver adquirió MAG Silver Corp. en 2025 por 2 mil 100 millones de dólares. De acuerdo con los denunciantes, podría tratarse de maniobras de simulación con fines fiscales y legales.
Pan American Silver y Apollo Silver están presionando a los ejidatarios yal Gobierno del Estado para entrar al Ejido Benito Juárez. En la página de Apollo Silver se informa que el proyecto se denomina Cinco de Mayo se compone de 29 concesiones que suman más de 25,000 ha ubicadas en el Municipio de Buenaventura.
Además, se alertó sobre la realización de reuniones clandestinas dentro del ejido, así como la presunta entrega de dinero a personas avecindadas para presionar a la comunidad y forzar un cambio de postura, utilizando promesas de beneficios económicos que, aseguran, no se sostienen en la realidad.
Ante este panorama, la comitiva sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, con la participación de representantes del área de minería adscrita a la Secretaría de Energía, a quienes se les expuso de manera detallada el historial del conflicto y las posibles violaciones legales cometidas.
Como resultado del encuentro, las autoridades federales se comprometieron a iniciar una investigación integral para determinar el estatus legal real de las concesiones, revisar las presuntas irregularidades y definir qué acciones legales proceden, dado que se trata de títulos que datan de hace varios años.
Finalmente, Gabino Gómez señaló que se le dará seguimiento al caso debido a que la mina se encuentra en la zona de uso común del ejido Benito Juárez, mismo que está conformado por 400 ranchos, cada uno con 30 hectáreas y cada rancho 110 hectáreas de uso común. La Reforma Agraria que todo lo que sea usufructo del uso común es en beneficio de los ejidatarios, sin embargo la decisión defender el territorio sigue latente.
