Sólo en el municipio de Cinco Llagas hay 163 casos contenidos en 12 carpetas de investigación
De acuerdo a un corte con el que cuenta la Fiscalía de Distrito Zona Sur, el número de personas afectadas por el delito de desplazamiento forzado en el municipio de Guadalupe y Calvo; y que tienen debidamente documentado en una carpeta de investigación, es de 239; de los cuales 163 corresponden a habitantes de la comunidad de Cinco Llagas.
En un corte que proporcionaron el pasado 11 de noviembre del 2024, al concluir una reunión con habitantes de la comunidad de Cinco Llagas, organizaciones de la sociedad civil y mandos de seguridad, el fiscal de la Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado, dio a conocer que en ese momento, tenían un total de 12 carpetas de investigación, de las cuales tienen identificadas e individualizadas a 163 víctimas por el delito de desplazamiento forzado, en la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Actualmente, contaban con 22 carpetas de investigación aperturadas por el delito de desplazamiento forzado, solamente en el municipio de Guadalupe y Calvo; en donde el número de personas afectadas y debidamente individualizadas era de 239; entre hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, Juan Carlos Portillo Coronado destacó que las 22 carpetas de investigación que tienen debidamente aperturadas y documentadas, son desde septiembre del 2024 a la fecha, cuando en la comunidad de Cinco Llagas en Guadalupe y Calvo; grupos armados ingresaron a dicha localidad y generaron temor en la población, debiendo de intervenir las fuerzas federales y locales para poder salvaguardar dicha comunidad.
En noviembre del 2024, autoridades, organizaciones civiles y mandos de seguridad, estuvieron en una mesa de seguridad donde escucharon a algunos de los pobladores de comunidades como Dolores y Cinco Llagas, a fin de dar seguimiento a los casos de desplazamiento forzado que atravesaron meses atrás.
La información que recabaron en esa ocasión, por medio del ministerio público itinerante, era en el sentido de sí hubo riesgo de que personas o familias fueran sacadas a la fuerza de sus domicilios, por lo cual aperturaron las carpetas por el delito de desplazamiento forzado, para poder brindarle a la población la ayuda; pese a que no detectaron una amenaza en el sentido de que dejaran sus hogares o ataques directos, por lo cual seguirán con las investigaciones.
El fiscal declaró en su momento que “La mayoría de las personas que estaban solicitando la ayuda, se les brindaron las cuestiones de seguridad y están dadas”, por lo cual los agentes del Ministerio Público itinerante, seguían en la recopilación de datos para poder hacer lo conducente en la detención de los presuntos responsables de querer obligar a los pobladores a salir de sus casas.
