El fiscal comentó que ya se había resuelto anteriormente el ejercicio de la no acción penal
Federico Martínez
Ante la resolución que dio una jueza para reabrir la carpeta de investigación por extorsión contra dos exfuncionarios corralistas identificados como Maclovio M. Ch y Carlos Emmanuel A., ambos exconsejeros jurídicos del gobierno de Javier Corral Jurado, quienes presuntamente exigieron dinero a Jesús Eduardo Esparza Flores cuando este estaba vinculado a proceso penal, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, refirió que ellos cumplen con el mandato judicial.
“Había que aperturarlo, es una decisión judicial, no es una decisión que esté bajo nuestra responsabilidad”, dijo Jáuregui Moreno en torno a la instrucción de Blanca Leticia Rojas Vargas, quien en su carácter de jueza de control, ordenó que se abriera la carpeta por el delito de extorsión.
Lo anterior, luego de que el Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos, emitió un acuerdo de cumplimiento de amparo que revocó decisiones previas y ordenó la reapertura inmediata de la investigación en el caso relacionado con el cuadernillo penal 2475/2021.
“En el sexenio anterior se había resuelto el archivo de los asuntos y el no ejercicio de la acción penal, alguien se sintió inconforme con esa situación, presentó una queja y se resolvió en favor de él”, dijo en entrevista.
Jáuregui Moreno precisó que la autoridad judicial les está pidiendo que reabran la investigación en contra de los dos arriba mencionados, por lo cual no era algo que ellos como Fiscalía General del Estado decidieran.
En la pasada audiencia, la juzgadora explicó que la resolución de reabrir el cuadernillo, surge tras la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, del recurso de revisión 2055/2024, la cual otorgó la protección de la Justicia de la Unión al quejoso.
Por consiguiente, se dejó sin efectos la resolución del 14 de abril de 2023, en la cual se había determinado el no ejercicio de la acción penal en contra de Maclovio M. Ch; y Carlos Emmanuel A., por lo cual ordenaron al Ministerio Público retomar las indagatorias y el desahogo de pruebas fundamentales.
En dichas pruebas, deberán incluirse declaraciones de familiares de la víctima y evidencia tecnológica, que son capturas de pantalla de WhatsApp, las cuales acreditan presuntamente la asociación delictuosa entre los dos exfuncionarios corralistas.
Este procedimiento forma parte del juicio de amparo 1053/2023-III-1, promovido por el denunciante contra actos de la autoridad judicial local, logrando que el tribunal federal ordenara una revisión profunda de las omisiones en la investigación de delitos relacionados con la extorsión, los cuales podrían alcanzar una pena de prisión de 15 a 40 años.
