A través de un posicionamiento emitido por la Escuela Formación Feminista Chihuahua en sus redes sociales, se advirtió que el hecho fue clasificado como “homicidio imprudencial”
Líderes de diversas colectivas feministas del estado emitieron un llamado urgente a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, para que el caso de la muerte de la maestra Edna Marilin Chávez Loya sea reclasificado como feminicidio y no como homicidio imprudencial, tal como se resolvió tras una audiencia de ocho horas celebrada el lunes 9 de febrero.
Asimismo, solicitaron que la titular del TSJ dé vista al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, a fin de que se investigue la actuación del juez encargado del expediente y, en caso de encontrarse irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes. Las colectivas consideran que el actuar del juzgador no se ajustó a la perspectiva de género ni a un enfoque derechohumanista.
De acuerdo con la defensa del presunto responsable, Juan de Dios V. M., la muerte de la docente no fue intencional, sino resultado de una conducta imprudencial. Como parte de sus argumentos, presentaron testigos oculares que aseguraron haber presenciado el momento en que la víctima fue atropellada.
Según trascendió, uno de los testimonios refiere que la hoy occisa se habría subido a la camioneta cuando esta estaba en movimiento y que, tras un forcejeo con otra mujer, cayó a la cinta asfáltica. Posteriormente, el vehículo habría pasado sobre ella, provocándole la muerte de manera inmediata.
Estos elementos fueron debatidos por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Mujer, quienes sostuvieron que las declaraciones presentaban modificaciones. No obstante, el juez de control validó los datos de prueba de la defensa y resolvió en consecuencia.
En su determinación, el juez indicó que el caso, inicialmente investigado como feminicidio, no contaba con elementos suficientes para tipificarse como tal, por lo que dictó un auto de vinculación a proceso por homicidio imprudencial.
La resolución generó inconformidad entre colectivos feministas, quienes señalaron una presunta actuación deficiente por parte del juzgador, al considerar que se omitió analizar el contexto psicosocial de la víctima, quien —aseguraron— se encontraba dentro de un ciclo de violencia previamente denunciado ante las autoridades.
El exhorto también fue dirigido al fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, para que, en el ámbito de sus atribuciones, interponga los medios de impugnación correspondientes contra la resolución judicial, en atención a los derechos de la víctima directa, las indirectas y de la sociedad.
“Actos de esta naturaleza cometidos por personas operadoras jurisdiccionales enturbian a la justicia misma, porque cuando la ‘justicia’ está del lado de la delincuencia, es justicia criminal y ofensiva en perjuicio no sólo del sistema jurisdiccional, sino de la sociedad en general”, señala el posicionamiento difundido por las colectivas.
