El fiscal anticorrupción acudió a la FGE para denunciar hechos que involucran a exfuncionarios por encubrimiento y obstrucción del servicio público; 23 investigaciones podrían haberse dejado prescribir de manera intencional
Federico Martínez
Abelardo Valenzuela Holguín, en su calidad de fiscal anticorrupción del estado, se presentó en la Fiscalía General del Estado para presentar dos denuncias de hechos contra quien o quienes resulten responsables, por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal, relacionados con encubrimiento por favorecimiento y obstrucción del servicio público, en los que estaría involucrado quien fuera secretario de Hacienda durante la administración de César Duarte Jáquez.
“Son 23 carpetas que, a nuestro juicio, se dejaron prescribir de manera intencional, dejando a los chihuahuenses en un estado de indefensión por más de 171 millones de pesos; curiosamente, todas estas carpetas están relacionadas con funcionarios de primer y segundo nivel de quien fuera titular de la Secretaría de Hacienda y quien en su momento fue testigo protegido”, declaró ante medios de comunicación.
Acompañado de su equipo de trabajo, Valenzuela Holguín calificó la situación como grave, debido a que inicialmente se presentaron seis denuncias por parte de la Secretaría de la Función Pública durante el gobierno de Javier Corral Jurado, las cuales ya estaban prescritas. “Imagínese lo grave y delicado: una institución como la Secretaría de la Función Pública presenta seis denuncias por varios millones de pesos, ya prescritas, y luego la Auditoría Superior del Estado presenta 17 denuncias a punto de prescribir”, explicó.
➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua
El fiscal señaló que en un principio, las carpetas fueron presentadas en la Fiscalía Especializada contra el Servicio Público, pero que de manera indebida, irregular e ilegal, se dejaron prescribir.
“Sucedió que, una vez que la Fiscalía Anticorrupción realizó un análisis exhaustivo de todas las carpetas heredadas por la pasada administración, y tras evaluar detenidamente cómo podrían reclasificarse y encuadrarse, incluyendo diálogos con el órgano jurisdiccional, nos dimos cuenta de que existió prácticamente un perdón por 170 millones de pesos contra quien fue secretario de Hacienda en la administración anterior y quien posteriormente se convirtió en testigo protegido”, agregó.
Otro aspecto señalado por el fiscal anticorrupción es que, al no poder ser juez y parte en dicha investigación, se determinó presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. “Aquí surge otra pregunta: ¿por qué la anterior fiscal anticorrupción aceptó carpetas de investigación ya prescritas? ¿Con qué intención o intereses? Todos estos elementos se presentan ante el fuero común para que actúe en consecuencia”, comentó.
Valenzuela Holguín explicó que las denuncias presentadas por la Función Pública ya estaban prescritas, sin precisar el año en que fueron elaboradas. Posteriormente, la Auditoría Superior del Estado presentó 17 carpetas de investigación que estaban a punto de prescribir y que fueron aceptadas.
Impulsora de la Ley Trasciende llama a mirar el tema con humanidad y a abrir el diálogo sobre el derecho a decidir
