PRIAN, PT, Verde y MC buscan imponer a familiares y allegados como magistrados: Jael Argüelles
Por otra parte, la diputada Brenda Ríos señaló que presuntamente los partidos PRI, PAN, PT y PVEM están violando la Constitución al dividir el dictamen para la designación de jueces y magistrados
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Bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, buscan destacar la importancia de la solidaridad ciudadana para mantener en operación esta noble institución
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Actualmente, el grupo parlamentario se conforma por 12 legisladores, teniendo un porcentaje de 36.36 puntos en las decisiones dentro del pleno de sesiones
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Jael Argüelles acusó al PRI, PAN, PT, MC y PVEM de operar desde la Jucopo para imponer a familiares y allegados como magistrados / Foto: Cortesía / Congreso del Estado
En un pronunciamiento, la diputada local Jael Argüelles Díaz denunció que los partidos PRI, PAN, PT, Movimiento Ciudadano y PVEM, en contubernio desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo), han emprendido una ofensiva de rapiña política para imponer a familiares y allegados como magistrados del poder judicial, pisoteando los procedimientos legales establecidos y vulnerando la equidad en el proceso de selección.
“Esto que pretenden hacer hoy desde la Jucopo tiene nombre: rapiña política. Son auténticos carroñeros que buscan acaparar los últimos privilegios de un sistema decadente y podrido, un sistema que cierra las puertas a jóvenes y profesionistas honestos para entregarle esos espacios a los mismos de siempre”, sentenció la legisladora.
Argüelles Díaz explicó que, en lugar de respetar el proceso previamente acordado y votado por todos los grupos parlamentarios, estos partidos buscan cambiar las reglas sobre la marcha para asegurar el nombramiento de perfiles cercanos a su círculo político, sin importar que ello implique un golpe a la transparencia y la legalidad.
“Para estos arribistas se trata solo de levantar la mano y modificar el procedimiento según su conveniencia. Pero detrás de cada magistratura entregada por compadrazgo hay un ciudadano que se queda sin acceso a la justicia; es una familia que espera una pensión, una víctima que exige cárcel para su agresor, un corrupto que queda impune”, enfatizó.
La diputada también denunció que esposas, hermanos y parientes de figuras políticas vinculadas a estas fuerzas partidistas pretenden ser colocados directamente en las boletas, sin haber pasado por el filtro de evaluación establecido, burlando así a quienes sí cumplieron con todos los requisitos, quienes invirtieron tiempo, recursos y preparación para postularse legítimamente.
“Mientras tanto, personas que se registraron de buena fe, que acreditaron estudios, experiencia, constancias de antecedentes penales y de residencia, hoy ven cómo su esfuerzo es tirado a la basura por un proceso amañado que solo busca beneficiar a los allegados del poder”, recriminó.
Argüelles Díaz advirtió que este nuevo atropello no solo refleja la soberbia de ciertos grupos políticos, sino que hiere profundamente la confianza de las y los chihuahuenses en la posibilidad de construir un sistema de justicia democrático, transparente y al servicio de la ciudadanía.
“Estamos viendo cómo estos partidos, que se reparten cuotas en lo oscurito, secuestran al Poder Judicial y lo convierten en una agencia de colocación de sus familiares y operadores políticos, enterrando cualquier esperanza de justicia imparcial e independiente”, acusó.
La diputada recordó que el Comité de Evaluación, órgano responsable de revisar y calificar los perfiles de aspirantes, había trabajado exhaustivamente en la revisión de 906 expedientes. Tras un proceso técnico y transparente, se determinó quiénes cumplían y quiénes no con los requisitos establecidos en la convocatoria oficial, misma que fue aprobada por unanimidad en la propia Jucopo.
“Sin embargo, al ver que el proceso no les favorecía, decidieron cambiar las reglas para manipular la planilla final de candidatos. Lo hacen por intereses políticos, personales y familiares, despreciando el trabajo técnico y honesto de quienes integraron el Comité”, denunció Argüelles Díaz.
La legisladora también vinculó esta maniobra con la reciente aprobación de pensiones millonarias para ciertos jueces y magistrados afines al régimen político, lo cual —dijo— confirma que la justicia se ha convertido en un botín, donde los favores se pagan con privilegios y protección para quienes son parte de la red de complicidades.
La diputada local de Morena, Brenda Ríos, denunció públicamente una serie de irregularidades dentro de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, acusando a los partidos PRI, PAN, PT y PVEM de violar la Constitución al dividir el dictamen para la designación de jueces y magistrados. Según la legisladora, esta maniobra tuvo como único propósito imponer perfiles afines a dichos partidos y bloquear candidatos que no respondían a sus intereses políticos.
“Esto no es solo una trampa política, es un fraude a la democracia”, declaró Ríos, señalando que la mayoría legislativa opositora ignoró los procedimientos establecidos, pasando por alto las leyes que regulan estos nombramientos. Como consecuencia, aspirantes que sí cumplían con todos los requisitos quedaron fuera del proceso.
La diputada explicó que el dictamen original garantizaba un proceso integral, transparente y apegado a derecho, con el fin de que los nuevos jueces y magistrados fueran elegidos por mérito y trayectoria, no por afinidad política. Sin embargo, denunció que en la sesión de la JUCOPO, los partidos PRI, PAN, PT y PVEM decidieron fragmentar el dictamen, permitiendo así repartir los cargos como cuotas partidistas, lo que consideró una grave violación a la legalidad y un retroceso para el Poder Judicial.
Brenda Ríos acusó al PRI, PAN, PT y PVEM de violar la Constitución en la JUCOPO, al dividir el dictamen para designar jueces y magistrados / Foto: Congreso del Estado
“Le dieron la espalda a los ciudadanos y a los propios aspirantes que creyeron en un proceso limpio. Una vez más, las viejas prácticas del ‘PRIAN’ quedan al descubierto: reparten los puestos entre sus allegados sin importar la preparación o idoneidad de los candidatos”, acusó la legisladora.
Brenda Ríos enfatizó que este tipo de acciones desprestigian aún más a los partidos tradicionales, demostrando que carecen de causas y convicciones reales, reduciendo su actuar político a negociaciones en lo oscuro y pactos de conveniencia.
Finalmente, advirtió que este episodio no quedará en el olvido, y aseguró que en 2027, cuando se renueve el Congreso local, la ciudadanía tendrá la oportunidad de castigar en las urnas a quienes traicionan la confianza pública.
