Huitosachi: la defensa del territorio rarámuri que llegó a la Corte

Tras 17 años de litigio, comunidades originarias llevaron sus exigencias ante la Corte y distintos tribunales, logrando que sus demandas fueran atendidas

Documental — Huitosachi; la defensa del territorio / Foto: cortesía / Portal Judicial

Jorge Meza

Durante 17 años, comunidades rarámuri de la Sierra Tarahumara han sostenido una lucha jurídica por la defensa de su territorio frente a proyectos turísticos impulsados sin consulta previa. Esa resistencia, encabezada por la comunidad de Huitosachi, quedó documentada en “Tierra y Voz; Justicia en la Sierra Tarahumara”, un documental que expone una de las batallas legales más prolongadas de los pueblos rarámuri en Chihuahua.

El documental, elaborado por el Portal Judicial, da cuenta de cómo las exigencias de las comunidades fueron llevadas ante tribunales y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en busca de garantizar un desarrollo sustentable, justo y equitativo en la región de las Barrancas del Cobre, frente a proyectos que implicaron afectaciones ambientales, exclusión social e incumplimientos reiterados por parte de las autoridades.

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Desde 2010, la comunidad rarámuri de Huitosachi denunció que el proyecto turístico Barrancas del Cobre fue construido sin su consentimiento, violando su derecho a decidir sobre el uso y destino de su territorio. Dos años después, en 2012, la Suprema Corte falló a su favor; sin embargo, la sentencia no fue cumplida por el Estado.

Justicia en lengua rarámuri

Uno de los momentos más significativos documentados ocurrió el 14 de mayo de 2025, cuando la magistrada federal Nancy Sánchez Corona acudió personalmente a la comunidad y, por primera vez, les leyó una resolución judicial en su propia lengua: el rarámuri. Un acto simbólico y jurídico que marcó un precedente en el acceso efectivo a la justicia.

La cosmovisión rarámuri, basada en el respeto a la naturaleza como un ente vivo y sagrado, fue uno de los ejes centrales del litigio. Para este pueblo originario no existe una separación entre lo humano y lo no humano: montañas, ríos, cuevas y animales forman parte de un mismo equilibrio vital. La afectación al territorio implica, por tanto, una amenaza directa a su identidad y supervivencia cultural.

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Un litigio de 17 años

La magistrada Nancy Sánchez Corona explicó que el conflicto tiene su origen en los reclamos de Huitosachi y comunidades aledañas contra el Fideicomiso de Desarrollo Turístico de las Barrancas del Cobre. Recordó que este litigio se arrastra desde hace casi dos décadas y tiene como antecedente el caso del aeropuerto de Creel, uno de los primeros a nivel nacional en reconocer los derechos ancestrales de comunidades indígenas, incluso sin una formalización agraria registrada.

Subrayó que estas comunidades están protegidas por el Artículo Segundo Constitucional y la Ley Agraria, independientemente de que cuenten o no con reconocimiento jurídico formal como ejidos.

Desarrollo sin consulta

El caso de las Barrancas del Cobre evidenció la falta de consulta previa a los pueblos indígenas, así como afectaciones a su identidad cultural. Para los rarámuri, cuyo nombre significa “corredores libres”, la territorialidad no se limita a linderos formales, sino al espacio donde se desarrolla su vida comunitaria y espiritual.

Ambos proyectos turísticos —el aeropuerto de Creel y el desarrollo en Divisadero— fueron impulsados por administraciones estatales anteriores y, pese al paso de los años, las sentencias judiciales no habían sido cumplidas de manera integral.

Huitosachi — La magistrada mencionó que las comunidades cuentan con una promoción turística que no ha tenido difusión / Foto: cortesía / Portal Judicial

“Ambos desarrollos turísticos fueron de administraciones estatales bastante anteriores, si no me equivoco, desde los tiempos de los inicios de la gubernatura de César Duarte; entonces se van arrastrando por varias administraciones. Lo cierto es que no se ha cumplido”, resaltó la magistrada Sánchez Corona.

Uno de los puntos más críticos del litigio fue la contaminación ambiental. La magistrada detalló que el desarrollo turístico genera aguas residuales que han afectado los manantiales y cauces naturales de las comunidades. Durante una visita al lugar, se constató la existencia de basureros clandestinos con residuos peligrosos, incluidos desechos médicos, lo que ha provocado enfermedades tanto en animales de crianza como en habitantes de la zona.

“Fuimos a visitar el basurero clandestino que está sobre los cauces naturales de la comunidad; los aguajes estaban completamente secos, el cauce natural estaba completamente contaminado y había incluso incumplimiento de normas oficiales mexicanas para el manejo de residuos tóxicos, como jeringas y medicamentos, de los cuales los propios animales de crianza, como las cabras, se alimentan. Se enferman los animales de crianza y se enferman los miembros de la comunidad”, expresó.

Además, denunció que las comunidades rarámuri han sido excluidas de los beneficios económicos del turismo. Su participación se ha limitado, en muchos casos, a la venta de artesanías, sin acceso real a empleos dignos, capacitación o toma de decisiones.

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La resolución de 2024

El 20 de noviembre de 2024, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito emitió una resolución clave en la inconformidad 64/2022. En ella se establecieron medidas concretas para garantizar un desarrollo integral, equilibrado y sustentable, incluyendo el acceso al agua potable, manejo adecuado de residuos, peritajes ambientales, integración laboral de las comunidades y suficiencia presupuestal para cumplir las acciones ordenadas.

“Tratamos de abordar todos los puntos que sobre la supervivencia de una cultura originaria se deben tomar en cuenta; por ejemplo, la comunidad estaba quejándose de que el desarrollo turístico, donde están las tirolesas y la vía ferrata, que está sobre su territorio, genera, junto con los hoteles que ya estaban y los nuevos, aguas residuales”, señaló Sánchez Corona.

“Es cierto que en ese desarrollo hay una tratadora pequeña; insisto en que hay mucho flujo de residuos tóxicos hacia los aguajes naturales de las comunidades. Exigían agua potable, exigían trabajo, exigían difusión de su cultura, exigían salud”, añadió.

La magistrada mencionó que las comunidades cuentan con una promoción turística que no ha tenido difusión por parte del Gobierno del Estado ni de la Secretaría de Turismo Nacional; se llama Experiencia Rarámuri y consiste en participar directamente con ellos en sus actividades cotidianas.

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El fallo también ordenó fortalecer el Consejo Consultivo Regional como un verdadero órgano de planeación, con participación directa de las comunidades indígenas.

Un precedente nacional

Tierra y Voz; Justicia en la Sierra Tarahumara, finalista del Premio Pantalla de Cristal en la categoría de Documental por Divulgación de la Diversidad Cultural, no solo documenta una lucha local, sino que deja constancia de un precedente nacional sobre los derechos de los pueblos originarios frente al desarrollo económico.

Después de 17 años, las comunidades fueron escuchadas. La justicia, aunque tardía, comenzó a abrirse paso en la Sierra Tarahumara.