Carrasco Talavera llamó a las instituciones involucradas a actuar con sensibilidad y apego a los derechos humanos
Alejandra Carreón
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió una investigación formal sobre posibles omisiones de autoridades en el caso del crematorio Plenitud, donde fueron localizados más de 380 cuerpos en condiciones irregulares, generando una profunda alarma social y múltiples exigencias de justicia.
El presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera, informó que el organismo indaga presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, habrían incurrido en faltas de supervisión y control.
Aunque la Comisión no tiene competencia para investigar directamente a particulares como el dueño o encargado del crematorio, sí puede intervenir cuando existen vínculos con autoridades, lo que abre una vía para indagar actos u omisiones atribuibles a instancias gubernamentales.
“El ámbito de actuación de la CEDH se limita a autoridades, pero la falta de actuación oportuna también constituye una posible violación a los derechos fundamentales”, explicó Carrasco Talavera.
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Uno de los puntos que más preocupan al organismo, agregó, es el caso de un adulto mayor que trabajaba en el sitio presuntamente en condiciones precarias, lo que podría representar una transgresión a sus derechos humanos y laborales.
Asimismo, hizo un llamado a las instituciones involucradas para que actúen con sensibilidad y apego a los derechos humanos, sobre todo cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores o ciudadanos con bajos recursos económicos.
Del mismo modo, exhortó a la sociedad y a los medios de comunicación a evitar juicios anticipados sobre los involucrados, y a mantener el respeto al debido proceso mientras las investigaciones continúan.
Finalmente, reiteró que la CEDH seguirá recopilando información y testimonios para establecer si hubo responsabilidades por parte de servidores públicos, con el objetivo de que no queden impunes actos u omisiones que hayan afectado la dignidad de las personas.
