El Ministerio Público estatal promoverá revisión tras el amparo que anuló la vinculación a proceso por el caso de los 386 cuerpos localizados en el negocio de incineración
Margarita Burgos
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua anunció que interpondrá dos recursos legales contra la determinación de un juez federal que dejó en libertad al dueño del crematorio Plenitud, luego de que le fuera concedido un amparo.
El titular de la dependencia, César Jáuregui Moreno, informó que la institución buscará que la resolución sea revisada frente a los jueces de alzada del propio Poder Judicial, a fin de que recompongan esta sentencia de amparo y vuelvan las cosas al estado en que actualmente se encuentran.
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Y en segundo término, un recurso de queja frente a los Órganos de Control del propio Poder Judicial, a efectos de que se revise la actuación del juez. Señaló que esta resolución no hace ninguna valoración de todo lo que se encontró en el asunto.
“No es posible que hable el juez de que no hay ocultamiento, no hay conservación cuando se entregaron cenizas falsas a varias familias, ese es un dolo evidente, porque ahí no hay error, es dolo evidente”.
La autoridad estatal cuestionó el propósito de la conservación de los cadáveres, y señaló que el imputado no podía entregar muchos de ellos, pues ya los había entregado falsamente.
Jáuregui señaló que consideran que tienen grandes posibilidades de obtener el recurso, y centrarán la estrategia jurídica necesaria para regresar el asunto hasta donde debe estar.
“Más allá de tipos penales y consideraciones técnicas, estamos en la presencia de un acto que tiene que tener una sanción para que no vuelva a ocurrir en Juárez, ni en Chihuahua ni en el país”. Añadió que con este tipo de acciones la gente descree del sistema de justicia en su conjunto.
La decisión tomada por el juez federal dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado meses atrás contra José Luis A.C., señalado por presunto ocultamiento y manejo indebido de cadáveres en el establecimiento.
De acuerdo con la resolución, el juez federal determinó que no se configuran los elementos legales necesarios para acreditar los delitos imputados, particularmente en lo referente a los verbos “ocultar” y “conservar” cuerpos de manera ilícita.
El caso se originó tras el hallazgo de 386 cuerpos en estado de descomposición dentro del crematorio Plenitud, los cuales presuntamente no fueron incinerados conforme a lo contratado por diversas funerarias.
El propietario había sido enviado a prisión preventiva desde el 30 de junio de 2025, como medida cautelar impuesta tras su vinculación a proceso por autoridades locales. En su fallo, el juez de Distrito argumentó que no se acreditó la intención deliberada de encubrir los cuerpos, criterio que, a su juicio, impide sostener la imputación penal bajo los términos planteados por la Fiscalía estatal.
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