El objetivo que debemos plantearnos como estado es claro: reducir los altos niveles de informalidad mediante una política de empleabilidad más eficiente y con enfoque humano.
Y para lograrlo, hay que hacer lo que toca:
Omar Cervantes, Diputado Local Movimiento Ciudadano
Jalisco es, sin duda, uno de los motores económicos del país. Su capacidad de generar empleo, atraer inversión y diversificar su actividad productiva lo colocan como un referente nacional. Casos como Zapopan, con su crecimiento en tecnología e innovación, o Tlajomulco, con su impulso al desarrollo logístico y urbano, demuestran que una visión territorial bien estructurada puede traducirse en más y mejores oportunidades para las personas.
Pero también sabemos que la estabilidad laboral no es un destino alcanzado, sino una tarea permanente. Se construye todos los días, y exige un esfuerzo constante de coordinación entre todos los niveles de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad en su conjunto.
Durante el 2024, Jalisco se ubicó en el lugar 14 a nivel nacional entre las entidades con menor informalidad laboral, de acuerdo con el INEGI. Si bien esto es un avance, el reto sigue siendo enorme: más de 1.8 millones de personas en el estado se encuentran en situación de vulnerabilidad laboral, según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG). Esto significa que, aunque estén trabajando, lo hacen sin acceso a seguridad social, sin prestaciones básicas o en condiciones precarias.
La discusión nacional sobre los derechos laborales ha avanzado. La ampliación de vacaciones mínimas a 12 días fue un paso histórico, y hoy se analiza con seriedad la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas, una medida necesaria para mejorar la calidad de vida y el equilibrio personal-laboral.
Sin embargo, estos avances deben verse acompañados de una estrategia de gobernanza que ponga al centro la calidad del empleo, no solo su cantidad. Debemos avanzar hacia un modelo que reconozca el trabajo digno como base del bienestar social y salarios competitivos para garantizar una mejor calidad de vida de trabajadores y sus familias.
Promover el empleo formal en todos los sectores y regiones.
Impulsar formación técnica, habilidades digitales y oficios, especialmente para jóvenes.
Fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y el mercado laboral, para cerrar brechas.
Reconocer y proteger los derechos de quienes hoy sostienen la economía desde la informalidad, y generar incentivos reales para su incorporación al sistema formal.
La informalidad no puede seguir siendo la salida fácil ante la falta de opciones. Es urgente construir puentes hacia la formalidad que no impliquen solo trámites y obligaciones, sino acceso a derechos, protección y oportunidades de crecimiento real.
Jalisco tiene las condiciones para ser punta de lanza en esta transformación. Pero no basta con los indicadores económicos. Debemos asegurar que quienes hacen posible ese crecimiento —las y los trabajadores— tengan condiciones dignas, estables y con futuro.
El trabajo es madre de la política social, y en ese sentido, el empleo no puede ser solo un número en una gráfica. Debe ser la base sobre la que las personas construyan una vida con propósito, tranquilidad y bienestar. Y esa es una responsabilidad que nos corresponde asumir, todos los días, desde todos los espacios.
