Es indispensable que el gobierno de México, desde su grupo parlamentario en las Cámaras de Diputados y Senadores, garantice algunos mínimos en la expedición de una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión:

Primero, escuchar a las voces expertas para evitar decisiones basadas en intereses partidistas o presiones coyunturales.

Segundo, resguardar el derecho a la libre expresión a fin de permitir que todas las voces, especialmente las críticas y disidentes, puedan expresarse sin temor a represalias.

En tercer lugar, el gobierno mexicano debe asegurar objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones regulatorias y en materia de competencia económica, sin que el sector se incline a prácticas de monopolio o abuso de poder.

Finalmente, se debe prevenir la captura mediática con el objetivo de reducir riesgos de empleo de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión para fines propagandísticos, adoctrinamiento o para limitar el derecho a la información.